Al entrar en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho de los nueve ministros se veían incómodos. Se encomendaban a Quetzalcóatl, bastón de mando en ristre, y lucían descolocados. Todos son afines a la 4T, pero solo uno de ellos parecía encajar en el ritual.
La proporción de juzgadores impostados refleja nuestra composición demográfica. Según el INEGI, 6.1% de los mexicanos habla una lengua indígena y 19% se autoidentifica como tal. Es decir, más del 80% de nuestra población es otra cosa; mestiza, criolla, clasifíquesele como se quiera. Si bien tenemos una lacerante deuda con los pobres entre los pobres, quienes han padecido una discriminación ancestral, el pago no debe darse en recreaciones folclóricas de un pasado irrepetible. Por lo demás, México es más que una vertiente histórica. Les guste o no a los morenistas —y no digo esto en afán de “retorcer” a nadie— los tres siglos coloniales calaron tan hondo en la mexicanidad como la era prehispánica. El mestizaje mexicano ha sido inicuo, sí, pero también cohesionador, y es para bien o para mal nuestra realidad identitaria. En la religiosidad mexicana, por ejemplo, pesa más la Virgen de Guadalupe que cualquier serpiente emplumada, y aun a ella se han empeñado, de Miguel Sánchez a Fray Servando, en sincretizarla con Tonantzin.
La 4T se empecina en homogenizar a México, y al hacerlo lo mutila. Por un lado, mete a todos los pueblos originarios en el saco indígena, como si hubiera habido uno solo; por otro, recurre a la varita mágica de la historia oficial y desaparece el devenir centenario que va de 1521 a 1821. La Suprema Corte es víctima de esta manía simbolista y excluyente: tratará pocos asuntos relacionados con temas indígenas, y no será el copal sino la honestidad y la independencia lo que la purifique. La principal tarea del Poder Judicial es la justicia conmutativa, no la justicia social, y para resolver la mayoría de los casos y contrarrestar el caos administrativo en el que está sumido —jueces sin juzgados, enorme rezago de expedientes— requerirá oficio y técnica jurídica, no ideología.
Supongo que el indigenismo de la Corte proviene de Hugo Aguilar, el abogado mixteco que ahora la preside, y que nada tiene que ver con López Obrador. Lo digo porque el pecado original de la flamante judicatura es la injerencia de la cúpula morenista en la selección de candidatos y en la inducción del voto vía los infames acordeones para tener juzgadores alineados al régimen, y porque la información que tengo de Aguilar remite a un hombre de bien que en el sexenio pasado perdió lustre al supeditar el compromiso con los suyos a la lealtad al entonces presidente en las consultas sobre el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Hago votos por la recuperación de la autonomía de don Hugo en su nueva y trascendental responsabilidad, que presupone la comprensión de que ya no es subordinado del Poder Ejecutivo sino cabeza del Poder Judicial. Es a México al que debe rendir cuentas; a la nación entera, no solo a los pueblos originarios y menos a la 4T. Si en algo quiere complacer a AMLO, que lo haga encarnando la frase liberal que el ex presidente citaba sin darse cuenta de que al hacerlo se mordía su lengua autoritaria: que tenga la arrogancia de sentirse libre.
