La reciente reforma a la Ley Aduanera, con la que se busca frenar el huachicol fiscal, no incluye la creación de un organismo que permita vigilar el actuar de los agentes en estos recintos, lo cual genera preocupación entre las empresas de comercio exterior, destacaron expertos y legisladores.
El asesor en energía y economía Ramses Pech dijo que la medida podría recuperar para la Hacienda pública de 200 mil a 300 mil millones de pesos anuales, si se siguen los lineamientos de la reforma.
“La reforma establece puntos más rigurosos. Esto podría evitar el contrabando y la subvaluación si la autoridad o el supervisor aduanal que opere los sistemas digitales actúa con responsabilidad y buena fe, que es la única forma de evitar la colusión”, señaló.
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Por ello Montserrat Aldave Hoyo, economista principal de Finamex, señaló que, aunque la reforma tiene puntos positivos —como que el agente aduanal sea corresponsable solidario junto con el exportador e importador de la información que se proporcione y del cumplimiento de las regulaciones de las mercancías—, todos estarán sujetos a más sanciones en caso de incurrir en prácticas ilegales. No obstante, la principal debilidad es que no se crea un organismo independiente que “vigile al vigilante”.
“Y más en momentos en que se le otorgan mayores facultades a la Marina, que recientemente se ha visto vinculada con el contrabando de combustibles”, destacó.
La economista añadió que la reforma implica más permisos, procedimientos y documentos que sólo las grandes agencias aduanales certificadas y con tecnología de punta podrán cumplir.
¡Qué visión de los legisladores de la ley aduanera?
Al respecto, el diputado del PAN y miembro de la Comisión de Bienestar, Roberto Sosa Pichardo, consideró que, al no incluir un solo artículo que hable de sanciones ejemplares y multas a los funcionarios corruptos de las aduanas, la reforma se quedará corta en el combate al huachicol fiscal, pues para hacer posible esa clase de fraudes se requiere la colusión de muchos actores, entre ellos la propia autoridad.
“El huachicol fiscal no se combate con más formularios, ni con más obligaciones para los que sí cumplen; se combate con inteligencia fiscal, tecnología y transparencia, pero sobre todo con sanciones firmes a funcionarios y políticos corruptos que se han enriquecido con la venta ilegal de combustibles”, enfatizó la diputada panista y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Blanca Leticia Gutiérrez Garza.
La legisladora refirió que, aunque Hacienda reconoce que sólo existen 16 mil millones de pesos querellados por pérdidas provocadas por el huachicol fiscal, el informe Recaudación Potencial del Contrabando Fiscal, elaborado por la consultora PetroIntelligence, calcula que en 2024 circularon en México más de 18 mil millones de litros de combustible de forma ilegal, lo que indica que el contrabando representa cerca del 30 por ciento del volumen vendido en las estaciones de servicio.
“Lo que habla del inmenso tamaño de la estructura corrupta que involucra a diversos funcionarios, porque es impensable que sólo los agentes aduanales hayan creado una gran red para robarle al país más de 600 mil millones de pesos”, remarcó.
El Senado aprobó el martes por la noche la minuta de la reforma a la Ley Aduanera, con un artículo transitorio que pospone hasta el primero de enero de 2026 la entrada en vigor de esa legislación, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Cuánto daño causó la elusión?
Ejemplo de la enorme colusión, subrayó, es que en el reporte presentado por la SHCP y el SAT se encontró que, desde enero de 2020, se observó un incremento de 15 mil a 63 mil barriles diarios en la importación de lubricantes no sujetos al pago del IEPS, sin ningún sustento en la actividad económica o demanda de esos productos. Esto sugiere que ingresaron grandes cantidades de combustibles de manera ilegal, las cuales alimentaron el mercado negro.
El asesor en energía y economía mencionó que tan sólo entre 2020 y este año posiblemente no fueron declarados alrededor de 15 mil millones de litros de diésel, con una pérdida para el erario de más de 63 mil millones de pesos. Este volumen equivale a cuatro barcos por mes o 75 carrotanques por día, cuyo cargamento pasó por las aduanas sin ser detectado por la autoridad ni por las propias agencias aduanales.
Expresó Ramses Pech que la reforma energética aplicada en 2015 para la apertura del mercado mexicano a la importación, venta, comercialización y distribución de combustibles trajo consigo la oportunidad de participación, pero lamentablemente muchos servidores públicos, en conjunto con privados, aprovecharon claroscuros de forma dolosa para crear un gran mecanismo de corrupción que es necesario corregir. Además de la evasión fiscal, la importación ilegal de combustibles ha provocado una grave pérdida de mercado para Petróleos Mexicanos.
Precisó que, conforme a estudios de consultorías, el mercado mexicano de combustibles asciende a 2.8 billones de pesos anuales, donde los impuestos representan entre 30 y 35 por ciento de ese monto. Por ello, de ejercerse acciones de mayor fiscalización y seguimiento de las importaciones y su comercialización, se tendría la oportunidad de avanzar en la reducción de la abultada deuda que enfrenta Petróleos Mexicanos y pagar compromisos con proveedores que superan los 22 mil millones de dólares, lo que actualmente mantiene paralizados proyectos e impide alcanzar la producción estimada de 1.8 millones de barriles diarios.
AG
