El pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley Aduanera, con una modificación en su artículo primero transitorio que establece que la norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, por lo que regresará a la Cámara de Diputados.
Durante la discusión en la particular, el senador de Morena, Homero Davis Castro, presentó una reserva - que fue aprobada por la mayoría- de incluir un artículo transitorio para que la reforma entre en vigor el primero de enero, junto con el Paquete Económico 2026. Con el fin de que a partir de su aprobación y hasta su entrada en vigor en la referida fecha, se elabore la reglamentación de las nuevas disposiciones de la Ley Aduanera.
“He decidido presentar una reserva al artículo transitorio, primero, con el propósito de que el decreto entre en vigor el día 1 de enero del año 2026 y no el día siguiente de su publicación, como se establece actualmente. ¿Por qué esta modificación? Porque el proceso de adecuación administrativa, tecnológica y normativa requiere tiempo para su correcta instrumentación. Estamos hablando de una reforma que impactará a las 50 aduanas del país a miles de servidores públicos y a todos los actores del comercio exterior”, añadió.
Indicó que si la ley entra en vigor el 1 de enero del 2026, “no retrasa la reforma, sino que garantiza su aplicación ordenada, y esto permitirá que la agencia nacional de aduanas de México y el servicio de administración tributaria, ajuste en su plataforma tecnológicas que los usuarios del comercio exterior se capaciten".
"Estamos hablando de dar certidumbre, continuidad y estabilidad recaudatoria tres pilares esenciales para el éxito de esta reforma”.
¿Qué propone la reforma a la Ley Aduanera?
La Ley Aduanera busca endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.
Además, pretende frenar la
evasión y elusión fiscal
derivada de la introducción de mercancías al país.
El dictamen fue enviado por la Cámara de Diputados el 7 de octubre e incluyó 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones de la Ley Aduanera, propuestas por el Ejecutivo Federal.
Aunque se tenía previsto que este tema fuera discutido en la sesión del próximo miércoles, de última hora se acordó citar a una sesión vespertina este martes para abordarlo, aunque en el pleno sólo había 80 de 128 senadores.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el morenista Miguel Ángel Yunes Márquez, adelantó que se propondrá una reserva con el propósito de incluir un artículo transitorio para que la reforma entre en vigor el 1 de enero, junto con el Paquete Económico 2026.
Explicó algunos de los cambios que se proponen, como la creación de un consejo aduanero, órgano que conocerá el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales. Además, dotar de facultades al SAT, establecer que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital para la gestión y el análisis de datos.
Además, dotar de facultades al SAT, establecer que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital para la gestión y el análisis de datos.
“Incorporar y mejorar los controles para la determinación de la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales con la finalidad de contrarrestar prácticas de evasión, subvaluación o evasión. Eliminar la patente vitalicia para agentes aduanales, estableciendo 20 años para el uso de estas y sobre las autorizaciones de las agencias otros 20, siempre que cumplan con los requisitos estipulados por la ley”, indicó.
Además, se debe asegurar que las mercancías bajo los regímenes de importación temporal efectivamente se transformen y se retornen al extranjero, o bien se paguen las contribuciones correspondientes.
También reducir espacios para la falsificación y presentación de declaraciones, incompletas o incorrectas, incorporando al expediente electrónico de pedimentos, documentos como el CFI, facturas comerciales, carta porte o cualquier otra documentación que permita acreditar su materialidad.
Y ampliar el catálogo de infracciones, aumentando los montos de multas, penalidades que sean más estrictas congruentes con la gravedad de las infracciones”.
Van por "una aduana moderna"
Asimismo, destacó que “nuestro propósito, no es obstaculizar operaciones legítimas, sino facilitar la certidumbre y trazabilidad y, al mismo tiempo, sancionar a quien distorsiona el mercado formal y daña la hacienda pública".
"Con esta reforma, avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y a la par la integridad del sistema, porque cada peso recaudado regresa en servicios públicos, como la infraestructura, la salud y la educación, porque cada trámite simplificado y seguro se traduce en empleos, inversión y crecimiento”.
Indicó que se asegura una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin nuevos cargos para la ciudadanía, en un contexto en que los ingresos por comercio exterior se han incrementado 18.3 por ciento en comparación con el 2024, es decir, poco más de 1.07 billones de pesos, lo que equivale al 26 por ciento de los ingresos tributarios del país.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que las modificaciones también van a lograr que se modernice el sistema aduanal con trazabilidad digital, videovigilancia y monitoreo en tiempo real, lo que permitirá seguir el rastro de las mercancías desde su ingreso hasta su destino final, mediante la incorporación de tecnologías avanzadas.
Enfatizó que evitar nuevos impuestos y asegurar el pago de los ya existentes, es la parte esencial y la naturaleza de esta reforma, por lo que se ha revisado y asegurado la responsabilidad legal de agentes aduanales y operadores logísticos, con la eliminación de la figura de la patente vitalicia y la exigencia de una certificación periódica, lo que los obligará a mantenerse actualizados.
“Esta reforma busca cerrar de una vez por todas las rutas de la evaluación, de la subevaluación, el contrabando para hacerlo y hacerlo sin castigar al que cumple, sin crear nuevos impuestos. Modernizar las aduanas es dignificar al estado mexicano, hacerlo más fuerte, transparente y eficiente”, añadió.
Claudia Anaya, senadora del PRI, presentó una moción suspensiva bajo el argumento de que la ley podría generar cuellos de botella en el comercio exterior y alzas en productos de importación si no se revisa cuidadosamente.
Señaló que la iniciativa surge del llamado “huachicol fiscal”, con un daño al erario superior a 600 mil millones de pesos, y criticó que algunas medidas, como la suspensión de agentes aduanales investigados o las multas excesivas, podrían ser inconstitucionales y afectar a importadores.
“No es un asunto menor, se puede generar un daño al comercio exterior, generar cuellos de botella que entorpezcan el comercio exterior y sobre todo se pueden generar incluso algunas alzas desmedidas en los productos de importación si no se revisa con mayor cuidado lo que se está haciendo. Miren, esta iniciativa proviene del robo del siglo, el robo del siglo conocido como el huachicol fiscal, en donde hay consideraciones de daño al erario por más de 600 mil millones de pesos”, señaló.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó la reforma señalando que, lejos de modernizar procesos y combatir la corrupción, la sobrecarga de regulaciones genera incertidumbre jurídica y afecta al comercio exterior.
Explicó que la norma penaliza a importadores, frena exportaciones y carga la responsabilidad a los agentes aduanales, mientras que las autoridades como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el SAT no asumen sanciones ni control efectivo.
Según Castañeda, la reforma no combate el huachicol fiscal, que entre 2019 y 2024 causó pérdidas por más de 600 mil millones de pesos.
“En Movimiento Ciudadano nos hubiera gustado ver una apuesta por una reforma aduanera que diera certidumbre jurídica, que fortaleciera la economía y competitividad y enfrentara el problema de corrupción en especial al huachicol fiscal que ha significado un desfalco por más de 600 millones de pesos en la red aduanera de México… Los verdaderos problemas están en los controles de las aduanas en los puertos donde persiste la corrupción en el llamado huachicol fiscal, el mayor escándalo de corrupción que tenga este gobierno que esta reforma no toca, no aborda y no combate”, añadió.
Por el PT, Lizeth Sánchez García, consideró que esta reforma moderniza, transparenta y fortalece las aduanas, “respaldamos esta reforma porque es un acto de responsabilidad ineludible de nuestro país, es una llave para un comercio más ágil y más honesto y blindar nuestras finanzas públicas”.
Miguel Angel Riquelme del PRI dijo que su bancada votará en contra, y destacó que las aduanas necesitan orden, tecnología y certidumbre, no miedo ni persecución. Y señaló que esta reforma castiga a quienes cumplen, rompe el equilibrio jurídico y deja libres a los verdaderos responsables del huachicol fiscal.
“Esta reforma es la factura que todas y todos los mexicanos vamos a pagar por el huachicol fiscal que este régimen permite, protege y solapa, porque mientras nos hablan de combatir la corrupción, los verdaderos responsables siguen libres, siguen en sus cargos. Esta reforma no persigue criminales, persigue recaudación y busca chivos expiatorios en los agentes aduanales tapando el daño institucional que le hicieron al Estado”, añadió.
Waldo Fernández González, senador del PVEM, destacó que la Ley Aduanera debe actualizarse continuamente conforme avanza la sociedad, independientemente de que deban modernizarse los procesos en la materia.
“Las aduanas son la primera frontera del país con el mundo, pero también un espacio donde históricamente se han concentrado retos de eficiencia, transparencia y confianza”.
A nombre del PAN, Raymundo Bolaños Azocar señaló que su grupo parlamentario votará en contra y señaló que la reforma no se hace cargo del problema principal y de raíz, pues no combate la corrupción en las aduanas ni enfrenta al llamado huachicol fiscal, ya que las disposiciones, consideró, omiten crear órganos de vigilancia aduaneros autónomos e independientes y no se proporciona certidumbre regulatoria fiscal para cerrar la puerta a malas prácticas.
Te recomendamos
EHR
