La nueva Ley Aduanera impulsada por el gobierno federal promete modernizar el comercio exterior, combatir la corrupción y garantizar un intercambio comercial más justo; sin embargo, entre los distintos sectores productivos del país también ha despertado preocupación: temen la sobrerregulación, los sobrecostos y la falta de claridad operativa terminen afectando la competitividad de México en los mercados globales.
Organismos empresariales como la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y la Cámara Nacional del Hierro y del Acero coinciden en que los cambios hechos hasta ahora “son insuficientes para generar certeza jurídica”.
“Es necesario que se cuente con la certeza jurídica de que con esta ley se podrá seguir atrayendo producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, sin fomentar la corrupción en el personal de aduanas ni retrasar procesos que impacten las operaciones”, señalaron en diversos encuentros con medios.
Aunque las cámaras reconocen avances, advierten que el marco legal todavía carece de precisión en algunos puntos operativos que podrían frenar la fluidez del comercio exterior.
Oportunidades
Para algunos sectores, la reforma cuenta con un potencial importante en materia de transparencia y control.
De acuerdo con Amacarga, la iniciativa “plantea medidas para evitar la simulación de exportaciones y eludir el pago de impuestos, lo que podría aumentar la recaudación fiscal, mejorar la competitividad al reducir costos y fortalecer la seguridad nacional al esperarse mejorar el control sobre mercancías peligrosas o ilegales”.
Además, se prevé que la digitalización de procesos aduaneros permita mayor trazabilidad de las operaciones y una gestión más eficiente; sin embargo, el organismo también advirtió que esta transición “podría ser compleja y costosa para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas”.
Uso de tecnología: un arma de doble filo
En el contexto global, el uso de soluciones automatizadas y sistemas de gestión de riesgos basados en datos, los altos niveles de control y facilitación se logran mejor mediante estrategias tecnológicas inteligentes.
Estudios subrayan que la accesibilidad a tecnologías sofisticadas está creando nuevas oportunidades para las administraciones aduaneras, pero el reto está en “identificar la tecnología adecuada para cada propósito específico”.
En México, este salto tecnológico ya empezó. Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), reconoció que la colaboración entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para compartir información mediante la Carta Porte “permitirá fortalecer el combate al contrabando al permitir la inspección y trazabilidad de los bienes”.
Pero también lanzó una advertencia: “La principal inquietud es que el bien intencionado cruce de información se traduzca en una mayor carga administrativa y cuellos de botella en las cadenas de suministro que puedan afectar la competitividad de la planta fabril”.
Tajonar puntualizó que si las nuevas medidas obstaculizan la agilidad logística, el efecto puede ser contraproducente:
“Si la implementación tecnológica es impecable y los criterios de inspección son claros y unificados, podríamos ver beneficios; de lo contrario, correremos el riesgo de dar un paso atrás en la agilidad que tanto nos ha costado construir”.
Equilibrio
La International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió al Congreso analizar a fondo la iniciativa antes de aprobarla: “cualquier ajuste legal debe buscar un equilibrio entre la seguridad, la recaudación y la competitividad internacional de México”.
Aunque reconoció avances valiosos en materia de digitalización y control tecnológico, advirtió que el diseño actual “plantea riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones clave en el nearshoring”
Entre los principales focos de alerta, la ICC enlistó:
- Sobrerregulación y duplicidad de requisitos.
- Incremento de costos y tiempos de operación.
- Impacto en la competitividad regional.
- Posibles contradicciones con compromisos internacionales.
Pymes, sector vulnerable.
El sector más vulnerable ante esta transformación sería el de las pequeñas y medianas empresas. Amacarga advirtió que, si la nueva ley se aplica sin criterios claros, “podría generar sobrecostos y retrasos que afectarían la competitividad de las Pymes”.
“Su objetivo es modernizar y transparentar las operaciones, pero si no se aplica de manera eficiente, generará más trámites y costos”, insistió el organismo.
Desde la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) también se ha pedido que la modernización se construya con criterios de equidad y eficiencia.
“La actualización normativa es necesaria, pero no se puede asfixiar a quienes sí cumplen”, destacaron representantes del sector.
Por otra parte, el comercio exterior representa alrededor del 67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, lo que significa que cualquier cambio en la Ley Aduanera tiene efectos directos en la economía nacional.
Por eso, los expertos coinciden en que el desafío principal es lograr una reforma que fortalezca la competitividad sin frenar la logística ni elevar la incertidumbre jurídica.
Cuatro sectores bajo lupa
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar explicó que el dictamen aprobado busca cerrar los huecos legales que durante años permitieron fraudes en cuatro sectores clave:
Combustibles.
El llamado huachicol fiscal de diésel causó pérdidas por más de 28 mil 200 millones de dólares. Con la nueva ley, se refuerza la supervisión digital para rastrear cada litro importado o exportado.
Sector azucarero.
El contrabando técnico mediante “mezclas alimenticias” generó pérdidas de 37 mil millones de pesos. Ahora habrá controles más estrictos y verificación de fracciones arancelarias.
Importaciones temporales.
El uso indebido del programa IMMEX derivó en fraudes por 24 mil millones de pesos. El nuevo marco endurece los requisitos y digitaliza el control de insumos.
Sector siderúrgico.
La subvaluación y triangulación de origen del acero afectaron la recaudación y la seguridad estructural del país. Con la reforma, se implementarán sistemas de trazabilidad y sanciones más severas.
El nuevo nivel de fiscalización: Artículo 59
Según el consultor Antonio García, especialista en Comercio Exterior y Aduanas en GT Comercio Exterior, la reforma al Artículo 59 marca “un antes y un después” para los importadores.
El nuevo expediente aduanero deberá incluir no solo los documentos tradicionales (pedimentos, facturas o contratos), sino también “información que acredite los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior” explica.
Esto implica un nivel más alto de compliance, control y trazabilidad, lo que permitirá identificar operaciones de alto riesgo y prácticas desleales, pero también exigirá una gestión de riesgos más sofisticada por parte de las empresas.
La nueva Ley Aduanera es un paso hacia la modernización del sistema comercial mexicano, explico, sus metas son combatir la evasión, digitalizar procesos y reforzar la transparencia son necesarias y urgentes.
Sin embargo, el reto será encontrar el equilibrio entre control y eficiencia.
“La clave está en que la Ley Aduanera se convierta en un instrumento para impulsar la competitividad del país, no en un obstáculo para quienes mueven la economía” enfatiza la ICC México.
AG
