A casi seis años de la llamada austeridad, los partidos políticos son los únicos que han permanecido intocables. Año con año siguen aumentando sus recursos gracias al financiamiento público que reciben en las 32 entidades y a nivel federal, donde los partidos mexiquenses son los más afortunados, pues tienen la mayor capacidad financiera del país, con un margen de gasto de más de 2 millones 696 mil pesos cada 24 horas.
La fórmula para calcular su financiamiento, en todo el país, les garantiza que el recurso público crezca año con año y que nadie pueda tocar ni reducir los recursos que reciben de forma ordinaria, ni mucho menos los destinados a campañas o para promover liderazgos juveniles, femeninos o para estudiar y capacitarse.
Este año, los partidos le cuestan al erario 13 mil 751.7 millones de pesos, es decir, 37.6 millones de pesos al día. De esta cantidad, 7 mil 354.2 millones corresponden al ámbito federal —es decir, a lo que reciben los partidos nacionales— y 6 mil 397.4 millones a quienes tienen presencia a nivel estatal y, con ello, sus prerrogativas a salvo.
¿Cómo se calcula el financiamiento público?
En la mayoría de las entidades, el principal requisito para recibir financiamiento público es mantener al menos 3 por ciento de los votos válidos depositados en las urnas en la última elección, lo cual en entidades como Colima significa apenas 9 mil votos, tomando en cuenta una participación promedio de 50 por ciento y una lista nominal de 593 mil 158 electores, y de 198 mil en el Estado de México, donde hay 12.3 millones de personas mayores de 18 años.
En todas las entidades se toma como base 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización por el número de electores, los cuales se actualizan cada año y aseguran que los recursos crezcan. En ningún caso se considera el número de votantes, como han propuesto especialistas en el tema, porque esto sí bajaría considerablemente sus recursos.
Por años se han presentado diversas propuestas para hacer menos costosos a los partidos políticos, para reducir el monto, modificar la fórmula para calcular el monto total y, en los últimos años, para cambiar la forma en que se distribuye, pues en la inmensa mayoría 30 por ciento del dinero se entrega de manera igualitaria entre todos y el otro 70 por ciento en función de su última votación.
Sin cambios
En las entidades y a nivel federal se han presentado varias iniciativas de ley para reformar la legislación electoral, reducir el financiamiento público, modificar la fórmula o la forma en que se distribuye. En el caso mexiquense se han quedado en la “congeladora” y ni siquiera se han analizado en comisiones, pese a que Morena y sus aliados, desde hace dos legislaturas, podrían sacar adelante cualquier reforma.
En las consultas de la reforma electoral que se lleva a nivel nacional, se ha planteado la posibilidad de dar financiamiento sólo cuando hay campañas, pero desde ahora el secretario general del PRD, Javier Rivera, considera que ni los aliados de Morena lo van a permitir porque también les afectaría.
“En el PRD estamos abiertos a un análisis serio, a la reducción del financiamiento, pero también a modificar la forma como se distribuye, que sólo beneficia a quien tiene más votos y cargos”, señaló.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el morenista Edgar Samuel Ríos Moreno, resaltó que definitivamente se debe reducir el monto, pero no se puede ser tan radical porque se corre el riesgo de que entre financiamiento ilícito. Se debe revisar la forma como se distribuye y garantizar siempre una competencia justa.
El coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local, Elías Rescala Jiménez, dijo que los recursos deben ser en beneficio de la libertad democrática, la igualdad en la contienda y generar certeza jurídica.
¿Qué partidos son los más favorecidos?
La fórmula le garantizó por muchas décadas al PRI concentrar la mayor parte de los recursos, y ahora a Morena, quien se coloca a una larga distancia del resto. A nivel nacional, con base en los acuerdos del INE, el partido guinda tiene este año 2 mil 584.3 millones de pesos, y el partido más cercano es el albiazul, pero tiene menos de la mitad de esa cifra, ya que le corresponden mil 294 millones.
En las entidades depende de la correlación de fuerzas, pero en el caso mexiquense Morena garantiza 335.4 millones y el PRI, que está en segundo lugar, 163 millones; como este caso se repite en más estados. Donde la diferencia de votos fue más cerrada, como en Ciudad de México, Morena tiene 137.7 millones para sus actividades ordinarias y el PAN 127.4 millones de pesos.
En general, son los partidos del Estado de México los que gozan de mejores condiciones económicas, porque debido al tamaño de su electorado, el financiamiento es el más grande de todo el país, con 984.3 millones de pesos este año, en el cual no se programaron elecciones. Esto les permite a los siete partidos tener un margen de maniobra de 2 millones 696 mil 868 pesos al día.
El comparativo nacional
En la revisión que hizo MILENIO a los acuerdos de los órganos electorales locales se pudo identificar en segundo lugar a Ciudad de México, con 563.5 millones de pesos, una cantidad que representa 57 por ciento de lo que reciben los partidos del Edomex; en tercer lugar están los partidos de Jalisco, con 486.9 millones; y en cuarto Puebla, con 371.6. Le sigue Nuevo León, que alcanza 315.9 millones de pesos.
Después se ubican entidades como Veracruz, con 285.3; Michoacán, 283.7; Chihuahua, 224.9; Oaxaca, 224.7; Guanajuato, 220.3; y Tamaulipas, 213 millones de pesos para este año.
En el siguiente piso están quienes perciben entre 100 y 200 millones, y ahí se ubican Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.
Con las menores cantidades: Baja California Sur, con 45.4 millones; Aguascalientes, 80.6; Campeche, 62.1; Colima, 42.9; Nayarit, 70.2; Quintana Roo, 72.5; Tabasco, 73.6; y Zacatecas, 95.8 millones de pesos.
¿En qué gastan el dinero?
El financiamiento para campañas sólo puede ser erogado en actividades para promover el voto a favor de la persona candidata y todo lo que ello conlleva, mientras que el financiamiento ordinario es para el sostenimiento del partido y toda su estructura, lo cual implica el pago de salarios a sus dirigentes y personal, rentas de edificios, mantenimiento, viáticos y gastos de operación para moverse de un lugar a otro.
En todas las entidades tienen un porcentaje extra, en la mayoría de los casos de 3 por ciento, para actividades específicas; es decir, para todo lo relacionado con educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales, con lo cual pueden pagar cursos, maestrías, doctorados, publicaciones e investigaciones en materia política.
De sus recursos ordinarios deben destinar un porcentaje para fomentar liderazgos femeninos. En algunos casos es al menos 2 por ciento, y en otros, como Chiapas, contempla 6 por ciento; además, es de las pocas entidades que etiqueta un porcentaje para liderazgos juveniles, que en este caso es de 3 por ciento, y en específico dos puntos porcentuales de sus recursos a investigación y otra cifra igual para las llamadas actividades específicas. La capital mexicana también señala que se deben apartar recursos para promover a las juventudes en la política.
En CdMx, Zacatecas y Sinaloa se considera 5 por ciento para promover liderazgos femeninos; Oaxaca establece 3 por ciento, entre otros casos.
No sólo tienen recursos para campaña, actividades ordinarias y específicas, algunos partidos cuentan con recursos para franquicias postales, como ocurre en San Luis Potosí, Baja California Sur y Tamaulipas.
Durango contempla aparte un Fondo para Agrupaciones Políticas, al igual que Morelos, donde además se considera el rubro de ayudas sociales a personas.
El monto que reciben los partidos políticos es, en ocasiones, muy parecido o mayor al que se le asigna al Instituto Electoral. El Instituto de Morelos tiene este año 114.6 millones y los partidos, para actividades ordinarias, 110.3 millones. De los 232.1 millones que se autorizaron al Instituto Electoral de Querétaro, 60 por ciento es para los partidos políticos, aunque también existen organismos que no son afectados drásticamente, como el caso del OPLE de Veracruz, que de mil 564.2 millones se quedó con mil 278.3 millones y los partidos sólo 285.3 millones de pesos.
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Partidos, los más opacos
Legalmente, los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar sus recursos y son fiscalizados por el INE para saber a qué destinan el dinero que reciben de los gobiernos, así como las aportaciones de simpatizantes y militantes. Continuamente son sancionados con multas millonarias por incumplir las normas contables o no poder comprobar incluso la salida de recursos.
Pero no todos los partidos cuentan con página web ni con un área de transparencia. Y en los casos donde sí tienen un apartado para exhibir su información, se excusan diciendo que son partidos políticos o que no les aplica la obligación; nadie puede conocer ni tener acceso a los salarios que perciben sus dirigentes, los viajes y viáticos que cubren con el financiamiento público ni detalles del destino de estos recursos.
Cuando en el Estado de México el IEEM tenía un área de fiscalización y se pudieron conocer los resultados de las revisiones, se encontró que había partidos que justificaban el dinero en la compra de condones, pastillas del día después, medicamentos, despensas, boletos de avión, viajes, comidas en restaurantes de lujo y en el pago de cursos especiales a familiares de quienes integraban en ese momento los principales cargos del partido.
En el tema de remuneraciones resulta imposible conocer cuánto se asignan como pago porque no exhiben esta información, al señalar que esta obligación no les aplica a los partidos políticos “ya que no cuentan con servidores públicos, ni de base ni de confianza, en virtud de que los militantes o dirigentes no son considerados como tales, al no ser representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados, y en general no desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal; tampoco son servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía.
Los partidos políticos son entidades de interés público y sus dirigentes y colaboradores no pueden ser considerados como servidores públicos”, con lo cual se excusan de contestar las solicitudes de información que reciben al respecto.
Lo mismo ocurre con el ejercicio de su presupuesto en gasto por capítulo, concepto y partida: no dan a conocer los montos que reciben de financiamiento público y privado, cuánto personal tienen en la nómina, a quién compran, entre otros datos de los cuales técnicamente sólo dan cuenta al interior de su partido.
