Con los votos aprobatorios de 25 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de la reforma en materia de extorsión y la turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Las legislaturas estatales que avalaron la reforma constitucional fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Previamente, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron por unanimidad el decreto.
Por ello, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, presidida por Kenia López, declaró formalmente reformado el inciso a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política en materia de extorsión.
La reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión y establecer la persecución de oficio contra dicho acto ilícito.
Se registra incremento de extorsiones
De acuerdo con la exposición de la iniciativa, en enero de 2025 se registró un promedio de 30 extorsiones al día, lo que representa un incremento de 57 por ciento en los últimos seis años en la incidencia de ese delito, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se trata del acto ilícito más frecuente para las unidades económicas, cuyas pérdidas ascienden a 124 mil millones de pesos tan solo en 2023, conforme a las estimaciones del Inegi.
Reforma pretende unificar el tipo penal de extorsión en todo el país
La ley reglamentaria de la reforma constitucional buscará unificar en todo el país el tipo penal de extorsión, así como sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, a fin de prevenir, investigar y castigar dicha conducta, eliminando los vacíos legales en la materia.
La presidenta Sheinbaum señaló en su propuesta que una problemática para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas, pues actualmente los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y doce años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos, detalló.
IYC
