Este 2025 se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México, una fecha que con el paso de los años se ha convertido en un motivo de fiesta para la población, pues a los actos cívicos se suman espectáculos culturales en las plazas públicas a lo largo del país.
No obstante, México ha registrado varios episodios en los que la tragedia opacó el ambiente de celebración que suele vivirse cada 15 de septiembre. En MILENIO recordamos algunos de estos sucesos, los cuales han marcado nuestra historia moderna.
La masacre de San Miguel Canoa en Puebla
Desde el siglo pasado, la zona en la que se encuentra el volcán La Malinche fue reconocida como un Parque Nacional por la importancia de su diversidad biológica. Esta montaña, la quinta más alta del país, representa uno de los destinos más atractivos para practicar el senderismo debido a la belleza de sus paisajes.
En septiembre de 1968, un grupo de cinco trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) organizaron una visita a este volcán, la cual coincidía con las fechas en que se conmemoraba el 158 aniversario de la Independencia de México.
Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz, además de trabajar en la Universidad, eran fanáticos del deporte y estaban profundamente entusiasmados por los Juegos Olímpicos que llegarían a nuestro país en ese año.
Alrededor de las cinco de la tarde de aquel 14 de septiembre, el grupo tomó un autobús desde la ciudad de Puebla con destino a San Miguel Canoa, una comunidad ubicada en las faldas del volcán. El plan era comenzar el ascenso durante la noche para pernoctar en la montaña, pero una lluvia torrencial los obligó a cambiar su itinerario.
Los jóvenes —entre quienes se encontraban dos bibliotecarios, dos trabajadores de intendencia y un chofer— buscaron asilo en el pueblo para resguardarse del mal clima. Sin embargo, fueron rechazados por vecinos, por la Presidencia Municipal y por el párroco de la iglesia, de nombre Enrique Meza Pérez.
Semanas antes de la visita de este grupo, una comisión de estudiantes de la BUAP había acudido a San Miguel Canoa con la intención de difundir información sobre su movimiento y ganar simpatizantes. Meza Pérez, conocido por su rotundo rechazo a las movilizaciones sociales que habían ganado una gran fuerza en el país, pensó que los trabajadores perseguían el mismo objetivo.
Después de caminar un largo rato en busca de algún lugar en dónde quedarse, Ramón Gutiérrez y sus compañeros se encontraron con Odilón García, un hombre que los invitó a quedarse en casa de su hermano, Lucas, para pasar la noche.
Cerca de las diez de la noche, cuando estaban a puto de dormir, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar y desde un magnavoz se convocó al pueblo a reunirse, con la advertencia de que "habían llegado comunistas para repartir propaganda" y a "robarse a los animales".
Informes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) señala que la multitud se dirigió a la casa de Lucas García, ubicada a 300 metros de la plaza principal, advirtiendo que "iban a quemar a los comunistas".
Aunque Lucas y su hermano trataron de explicar que sus huéspedes no eran estudiantes, sino empleados de la Universidad, la turba ignoró esa información y los sacó a la calle. En medio de la discusión, Lucas recibió un machetazo en el cuello y fue rematado con un balazo. Ramón Gutiérrez, Jesús Carrillo y Odilón García también perdieron la vida a causa de agresiones con arma blanca.
Miguel, Roberto y Julián fueron golpeados y arrastrados a la plaza del pueblo, en donde amenazaron con torturarlos hasta la muerte. Debido a que las entradas a la comunidad estuvieron cerradas, la policía logró ingresar hasta las cinco de la mañana del 15 de septiembre para rescatar a los tres hombres, gravemente heridos, según recoge un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tomasa Arce, esposa de Lucas, le entregó a las autoridades el nombre de 17 pobladores que logró identificar como parte de los agresores. Sin embargo, según comentó su hija Alberta en una entrevista con MILENIO, recuperaron su libertad poco tiempo después de haber sido detenidos.
En un reporte elaborado el 15 de septiembre de 1968, la DFS precisó que uno de los amotinados era Martín Pérez, presidente de la Junta Municipal Auxiliar de San Miguel Canoa, "quien goza de la confianza del cura" Enrique Meza.
Granadazos en Morelia, Michoacán, en 2008
Una de las mayores tragedias ocurridas en el marco de las celebraciones patrias ocurrió en el año 2008 en Morelia, Michoacán. Aquel 15 de septiembre, miles de personas se reunieron en la plaza principal para el tradicional evento del Grito de Independencia, encabezado por el entonces gobernador, Leonel Godoy.
El ambiente de júbilo y festejo se vio interrumpido cuando dos granadas de fragmentación estallaron en medio de la multitud: una en la plaza Melchor Ocampo, frente al Palacio de Gobierno, y otra en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Andrés Quintana Roo.
De inmediato, las autoridades le atribuyeron la responsabilidad del atentado al crimen organizado, contra el que Felipe Calderón Hinojosa había emprendido una llamada "guerra" en diciembre de 2006, con epicentro en ese mismo estado.
Inicialmente se habló de que los responsables de arrojar los explosivos habrían sido presuntos miembros de La Familia Michoacana, aunque también se difundió la versión de que el ataque pudo ser autoría de Los Zetas.
En los días siguientes, ambos grupos criminales desplegaron mantas en varios puntos de Morelia para deslindarse del suceso y acusarse entre sí de los granadazos que dejaron un saldo de ocho personas muertas y más de 130 heridas.
El 26 de septiembre de 2008, la hoy extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) presentó ante la prensa a Juan Carlos 'N', Julio César 'N' y Alfredo 'N' como probables implicados en el atentado y presuntos integrantes de Los Zetas.
Posteriormente, mediante una serie de denuncias, se dio a conocer que los agentes de la Siedo obtuvieron las confesiones de estas tres personas mediante múltiples actos de tortura y amenazas.
A Juan Carlos, mecánico de oficio, lo privaron de su libertad cuando estaba en un taller el 18 de septiembre; a Julio César se lo llevaron de su casa el día 21; a Alfredo lo sacaron de su hogar dos días más tarde. A todos los golpearon para obligarlos a confesar que habían arrojado las granadas, según una investigación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En mayo de 2015, un juez de Procesos Penales Federales en Jalisco dictó una sentencia absolutoria en favor de cuatro personas acusadas por el ataque, ya que las autoridades no pudieron comprobar que estuvieron presentes en el lugar y se determinó que hubo violaciones a sus derechos humanos. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión, ésta fue ratificada más tarde.
A 17 años del atentado que marcó el sexenio de Felipe Calderón y dejó una profunda herida en cientos de familias, no existen certezas sobre la identidad de los verdaderos responsables, ya que no hay ninguna persona detenida, procesada o sentenciada por estos hechos.
En septiembre de 2024, luego de que MILENIO diera a conocer una serie de obstáculos en el proceso de reparación del daño, seis de las víctimas finalmente recibieron la indemnización que por ley les correspondía, de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Balacera de los mariachis en Garibaldi: la primera matanza en un sitio turístico de CdMx
Aunque la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México fue un tema que por muchos años se negó, uno de los primeros reconocimientos oficiales vino de la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, durante una entrevista en enero de 2020 con la periodista Danielle Dithurbide.
"Existen estos grupos delictivos, organizados. Sabemos que está la Unión, la Anti Unión y hay grupos organizados que son muy locales", mencionó Godoy Ramos durante la conversación.
Para ese momento ya había transcurrido más de un año desde que se suscitó un atroz episodio enmarcado, precisamente, en la disputa territorial entre la Unión Tepito y la Anti Unión.
El 14 de septiembre de 2018, mientras decenas de personas paseaban por la Plaza de Garibaldi en el Centro Histórico, un trío de sujetos vestidos como mariachis descargó sus armas en un establecimiento conocido como Los Chuchos, ubicado en la esquina del Callejón de la Amargura y República de Honduras. De forma casi simultánea, otro ataque ocurrió a pocos metros de distancia, sobre la misma calle.
Ambos hechos dejaron un saldo de seis personas fallecidas, incluidas las hermanas Cristina y Araceli Ramírez. Ésta última era viuda de Víctor Jesús Barajas Perdomo, alias Chucho, uno de los principales operadores de la Fuerza Anti Unión que había sido ejecutado en marzo de ese mismo año.
Durante las investigaciones, el entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, confirmó ante medios de comunicación que la matanza en Garibaldi había sido un ataque directo, derivado de las confrontaciones entre la Unión Tepito y la Anti Unión.
Reportes periodísticos señalaron que, presuntamente, los sicarios de la Unión Tepito pretendían asesinar a Jorge Flores Concha, alias El Tortas, pues habrían recibido información de que se encontraba en el lugar, pero no lo encontraron. El fundador de la Anti Unión fue capturado en mayo de 2019 y sentenciado a ocho años de cárcel en junio de 2020 por delitos contra la salud.
En su momento, las autoridades identificaron como presuntos responsables de la matanza de Garibaldi a José Mauricio Hernández Gasca, alias El Tomate (fallecido); Renat Dassae Esparza, alias El Daza (detenido en julio de 2025); Israel 'N', alias El Cors (cuyo paradero se desconoce); y Víctor Hugo 'N', alias El Huguito (detenido en julio de 2024).
BM.
