Un juez federal sentenció a tres años y 11 meses de prisión al ex juez Mario Alberto Cervera López, debido a que expresó hechos falsos en el caso que derivó en el despojo de viviendas de casi 60 mil personas, a través de juicios ficticios entablados por apoderados legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit).
Cervera López pactó con la FGR someterse a un procedimiento abreviado para evitar una sentencia mayor.
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la condena por el delito cometido por servidor público que, con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo rinda informe previo o justificado expresando un hecho falso o negando la verdad, previsto y sancionado en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo.
Por lo anterior, se le impuso pena de prisión e inhabilitación por tres años 11 meses y cinco días, multa, garantía económica y suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Mario Alberto era juez en el estado de Nayarit y rindió informes previos y justificados falsos a los jueces federales de los estados de Nayarit, Chihuahua y Sinaloa, señalando que no eran ciertos los actos que reclamaban los afectados.
Asimismo, aseguró que los demandados dentro de diversos juicios especiales hipotecarios eran personas distintas a los quejosos.
En 2022, fue vinculado a proceso junto con el ex juez local Braulio Meza Ahumada, por presuntamente participar en el fraude.
La FGR los imputó por los presuntos delitos de rendir informes negando la verdad y por expresar hechos falsos en juicios de amparo que fueron promovidos por derechohabientes del Infonavit.
En 2020, ambos jueces fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia de Nayarit por diversos delitos.
Sin embargo, en el ámbito federal, la FGR cumplimentó órdenes de aprehensión en su contra.
Es de mencionar que, este delito están involucrados empleados del Infonavit que, en contubernio con despachos jurídicos, jueces, secretarios de acuerdos, notificadores y apoderados del instituto promovieron juicios masivos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A través de litigios iniciados de 2013 a 2018, se adjudicaron bienes inmuebles localizados en los estados de Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, a favor del Infonavit, afectando a los derechohabientes, quienes desconocían de las demandas masivas entabladas en su contra.
El caso fue dado a conocer en diciembre de 2018 por la Fiscalía General de Nayarit, tras detectar que de manera ilegal se habían entablado juicios contra casi 60 mil derechohabientes que habían caído en cartera vencida.
En la trama, explicó, estaban involucrados jueces y magistrados de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas.
También un notario, así como un despacho que se encargaba de recuperar cartera vencida del Infonavit, para quitar sus viviendas a los derechohabientes que no tenían conocimiento de los juicios iniciados en su contra.
Además, se falsificaron constancias, y se evitaba notificar a los derechohabientes sobre los juicios en su contra, para despojarlos de sus viviendas.
LG
