DOMINGA.– Cuando alguien te tortura con una bolsa de plástico en la cabeza, explica Carlos, uno va a decir lo que sea con tal de seguir jalando aire a los pulmones. ¿Mataste al Papa? Sí. ¿Disparaste al Presidente? Claro. ¿Eres sicario de La Mayiza? Sí, señor, ese también soy yo. Carlos llevaba media hora, tal vez más, tal vez menos –el tiempo se vuelve una medida borrosa– sentado en una bodega en el sur de Sinaloa, atado de manos y con una bolsa que entraba y salía de su cabeza.
Ya se había confesado con el torturador, dijo que tenía 31 años, que es mazatleco de nacimiento, matón al servicio de La Mayiza, que su alias es El Charly. Faltaba decir dónde estaban las casas de seguridad de sus jefes. Pero ya no se le ocurría qué decir y los golpes le impedían imaginar con claridad. Todo era un invento, un producto fragmentado por la falta de oxígeno y los tablazos que le pegaban en el abdomen.
Me contactó hace un mes para contarme su historia: a inicios de este 2026, mientras caminaba del trabajo a su casa, sintió un golpe seco en la nuca y luego alguien lo levantó del suelo para aventarlo a la batea de un camioneta. Alguien lo sujetó de los brazos, otro más le pisó los tobillos y uno más le tapó la boca. Dando tumbos por caminos de tierra, la camioneta llegó hasta un inmueble abandonado que recuerda tenía olor a ferretería, ahí pasaría las próximas horas.
“Uno en Sinaloa aprenderápido cómo es un levantón , porque es algo diario. Me quedó claro desde que me decían que me callara y que no me moviera: era un levantón”, dice Carlos. “Cuando llegué, lo primero que me dijeron es que estaba ahí por ser ‘contra’ (enemigo del cártel). Yo jamás he trabajado para la maña, ni siquiera uso drogas. Les dije que tenían a la persona incorrecta, pero no les importó”.
Golpes, patadas, un cable para atarlo a una silla. Al principio, el joven empresario pensó que si resistía lo suficiente le creerían que no tenía alias criminal ni conocimiento de jefes de plaza pero, cuando le pusieron la bolsa en la cabeza, sólo quería que el corazón dejara de latir, como si quisiera salirse de la caja torácica. Y empezó a inventar una vida criminal que no tiene, con tal de que el sufrimiento parara y se le concediera un deseo: que el cuerpo no le quedara tan hinchado y roto para que su madre lo pudiera reconocer en la morgue.
“Quería inventarme direcciones, calles y números a lo loco, lo que fuera, con tal de que ya pararan, porque nomás no me desmayaba y sentía todos los golpes. Y de pronto, ese bato se detuvo. Sentí un alivio machín, pero luego un miedo muy cabrón”, dice Carlos, quien me ha compartido fotografías privadas de las lesiones producidas por la tortura, para verificar su relato.
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El sicario guardó la bolsa y pidió un martillo. Carlos sintió como si una fogata se le hubiera encendido en el pecho. Un miedo incandescente. Mientras los cómplices buscaban la herramienta, alguien soltó la razón de la detención: hubo un señalamiento anónimo, un sicario y el torturador –convertido en juez– había decidido castigarlo con la pena capital por el “delito” de traición a Los Chapitos.
Entonces, Carlos entendió algo entre la desesperación y el miedo: era la más reciente víctima de un sistema de delaciones comunitarias que ha costado incontables vidas en el Pacífico mexicano. Son denuncias sin pruebas enviadas vía internet a jefes de plaza que hacen justicia por su propia mano.
Y por eso estaba ahí: en camino a una sentencia de muerte, sin juicio ni evidencias, por presuntamente pertenecer a un bando en el conflicto llamado “la guerra en Sinaloa”. El tribunal del crimen organizado estaba por definir su destino.
Telegram y otros canales al servicio de Los Chapitos y el CJNG
Entre el 15 y 19 de marzo, decenas de cuentas en X publicaron un mismo afiche creado con inteligencia artificial: las Fuerzas Especiales Unión –el brazo armado de la coalición de Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación– ofrecía recompensas económicas por denuncias anónimas contra “delincuentes y extorsionadores”.
Esa alianza encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar ha creado un perfil en Telegram –una aplicación de mensajería instantánea conocida por su seguridad y privacidad, pues los chats no se guardan en la nube, sino que sólo existen en los dispositivos del emisor y receptor con un cifrado de extremo a extremo– para recibir pistas sobre “oficinas ilegales”, comandantes y pistoleros, punteros y mandaderos y cámaras ocultas.
“¡Sin riesgo y sin preguntas!”, se lee en la ilustración que pide ‘tips’ anónimos en Navolato y alrededores, como Altata, Limoncito y El Vergel. Y lo más preocupante es la segunda parte de la frase, pues basta una foto, nombre o apodo de un supuesto criminal para que la maquinaría del viejo Cártel de Sinaloa se aceite contra un señalado sin necesidad de pruebas.
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“Esta es la evolución de una práctica vieja y traída el siglo XXI: pedirle una ‘contribución’ a la sociedad en medio de un conflicto armado a cambio de dinero. Ahora está exponenciado por el anonimato que dan las redes sociales. Y mucho de esto sucede porque como sociedad estamos perfilando a nuestros vecinos o conocidos por su vestimenta, su auto, la música que escuchan o sus amistades”, explica Alexei Chévez, especialista en seguridad y terrorismo.
No sólo Los Chapitos han aprovechado la tecnología para abrir canales de denuncia. A finales de 2024 otros perfiles en redes sociales, ahora asociados a La Mayiza, reprodujeron un volante impreso que se distribuyó físicamente por la capital y el norte de Sinaloa pidiendo denuncias contra personas ligadas al gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha sido acusado por la facción de Ismael El Mayo Zambada de proteger a la familia Guzmán Loera.
“Sinaloenses: no descansaremos hasta entrar a Culiacán. Queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por Los Chapos (...) Pido comunicar a este mismo número ********* cualquier abuso, corrupción, negocios y domicilios del gobernador, así como de sus hijos y gabinete que fungen como prestanombres. Como lo dije: vamos a arrancar el problema de raíz. Necesitamos sumar fuerza”, se lee en el volante firmado por La Mayiza , que muestra un número con lada 667.
DOMINGA también encontró números de Signal asociados al Cártel de Guasave, que lidera “El Chapo’ Isidro , a donde se pueden enviar datos personales de supuestos informantes y traidores. Además, hay perfiles de WhatsApp y ‘chips’ clonados de teléfonos celulares desechables. Y hasta cuentas de Protonmail, un servicio de correo electrónico seguro y gratuito enfocado en la privacidad de acceso cero, es decir, que nadie excepto el propietario, ni siquiera Proton puede leer los correos.
“Una cosa es que te lleguen las denuncias y otra es procesar esos datos y transformarlos en inteligencia. Yo puedo decir que alguien está ligado a la delincuencia, pero ¿cómo hace el crimen organizado para investigar y distinguir qué es cierto y qué es mentira? Si no hacen bien ese proceso, o le interesa al jefe de plaza en turno, cualquier señalamiento es una evidencia incontrovertible y te pueden secuestrar, desaparecer, matar”, cuenta Chévez.
Para familias de víctimas, hay asesinatos que podrían explicarse por la información errónea, y sin verificar, que llegan hasta esas cuentas de denuncia anónima. Por ejemplo, el asesinato en febrero de Ricardo Mizael López Cebreros, 15 años, quien fue atacado a balazos por un grupo armado al norte de Culiacán. El estudiante de preparatoria había salido de su casa para comprar leche y biberón para unos gatitos que había rescatado de la calle. Sicarios lo confundieron y le dispararon a quemarropa, ¿quién dijo a sus asesinos que Ricardo Mizael era un peligro?
“Es un modelo viejo pero lo preocupante es cómo se alimenta de nuevas tecnologías y además cómo se masifica. Una vez más, me fascina la capacidad de transformación de las organizaciones criminales mexicanas, porque esto no lo vemos en ningún otro escenario que no sea Ucrania y Rusia. Los mexicanos están punto y aparte en todo”, afirma Chévez.
Un modelo que copió el crimen organizado
Hay historias tan viejas como la humanidad. Buenos contra malos. Policías y ladrones. Y hay otro género que pertenece a esa categoría de relatos antiguos: soplones contra delatores. Los ojos que saben quién eres tú, mientras tu no sabes quiénes son ellos. Y su trama siempre depende de un factor: la acusación.
A principios del siglo XX, el régimen soviético incentivó que los vecinos hicieran denuncias contra “los enemigos del pueblo”, es decir, comunistas, bolcheviques, socialistas y anarquistas, quienes supuestamente estarían alineados con la Alemania nazi. Las pistas solían construirse con rumores, no evidencia, pero las autoridades las atendían como ciertas: bastaba un señalamiento para que una persona o familia acabara en campos de concentración de la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional –los gulag– o ejecutadas en plazas públicas. A aquellos años los historiadores les llaman La Gran Purga.
Es una historia que se repite con los años y va cambiando de ubicación. Ocurrió durante la operación de la Policía Secreta del Estado nazi, la Revolución Cultural en China, el totalitarismo de los Jemeres Rojos y las limpiezas étnicas en los Balcanes: la depuración social se hace mediante denuncias sin pruebas, cuyo objetivo no es llegar a la verdad, sino esparcir el miedo.
El historiador Santiago Vega Sombría cuenta en su ensayo “Las manifestaciones de la violencia franquista” que todos “paisanos” estaban obligados a denunciar a vecinos, compañeros de trabajo o desconocidos “sospechosos” que vieran por la calle, pues entre los enemigos del dictador Francisco Franco también estaban “los cobardes en denunciar a los malos españoles”.
“Había que denunciar sin ningún reparo ni rubor. Las denuncias anónimas originaron ejecuciones, prisión, incautación, en fin, represalias que sin la colaboración ciudadana no se hubieran podido producir. En estas situaciones de terror generalizado, el miedo a lo que les pudiera ocurrir hizo que muchas personas, que en otras condiciones no hubieran colaborado, denunciaran para no ser señaladas o perseguidas por desafectas”, publicó el especialista.
En 1949, el gobierno de Estados Unidos institucionalizó el rumor tras la creación de “Los Diez Fugitivos Más Buscados”, una lista de personas difíciles de aprehender y cuya caída requería el apoyo ciudadano. La iniciativa fue aprobada por el tenebroso J. Edgar Hoover, entonces director del FBI, quien la volvió tan famosa que inspiró el programa Recompensas por la Justicia, un sistema de pagos aprobados a delatores aprobado en la Casa Blanca en 1984.
La experiencia más cercana en América Latina está en los años de las dictaduras militares: los aparatos represivos se apoyaron de delaciones, infiltraciones y señalamientos sin pruebas para acabar con opositores. En muchos casos, la denuncia no llevaba firma visible o se producía a través de redes de espías sin rostro. El resultado: miles de desaparecidos desde el Cono Sur y hasta el Amazonas, acusados de subversivos.
Muchos vieron en esos poderes atroces la capacidad de dirimir viejas rencillas: había quienes denunciaban a vecinos, compañeros de trabajo, exparejas y hasta padres sólo por tener una enemistad. Bastaba un “es amigo de” o “simpatiza con” para que las juntas militares desplegaran sus brazos autoritarios y asestaran mazazos.
Este modelo lo copió el crimen organizado y lo trajo al siglo XXI: durante el conflicto armado en Colombia, grupos paramilitares ligados al narcotráfico exigían listas de colaboradores de la guerrilla a comunidades indígenas. Cuando la lista de a quiénes acusar quedaba corta, los vecinos temerosos la llenaban con denuncias para resolver conflictos personales, como posesión de tierras o deudas económicas. Acusar podía salvar la vida o dar una ventaja legal en un momento de necesidad.
Así ocurrió la Masacre del Salado en febrero de 2000, cuando los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron hasta el pueblo El Salado, en la región de Montes de María –un corredor estratégico para el tráfico de armas y drogas– tras recibir denuncias, sin pruebas, de que los vecinos auxiliaban a la guerrilla. El ataque culminó con al menos 60 personas asesinadas en una cancha de futbol con métodos de extrema crueldad, incluidos niños y adultos mayores.
El modelo encumbró y derribó al famoso capo Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín: con denuncias anónimas –y falsas– atacó y asesinó rivales, mientras que con denuncias anónimas –ciertas– de un grupo autonombrado Los Pepes (que surge de la frase: “Los Perseguidos por Pablo Escobar”), ligado al Cártel de Cali, el aparato de inteligencia de Estados Unidos reunió información sobre su ubicación y se coordinó con militares colombianos para dar muerte al “Patrón” en 1993.
En México, el sistema de delaciones fue adoptado en comunidades en el norte del país por los viejos cárteles, como el de Sinaloa y el Golfo, y perfeccionado por Los Zetas a través de redes sociales. Según un fundador de la página Valor X Tamaulipas, que recopilaba denuncias ciudadanas contra el crimen organizado, Los Zetas clonaron perfiles de Facebook para hacerse pasar por activistas y llevar operativos militares hacia sus enemigos o para localizar a “dedos” o “sapos” (delatores).
Ahora, el sistema entra a una nueva fase en la “guerra en Sinaloa”: las redes sociales no son receptoras de las denuncias, sino que son el vehículo para difundir los canales. Todo se recibe en números celulares encriptados o en mensajería cifrada como Telegram. Lo que no cambia es el resultado: cualquiera está en riesgo de ser señalado por un dedo invisible y morir por un dicho no verificado. Nadie está a salvo.
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El joven denunciado que se salvó
Hay segundos que salvan vidas y la de Carlos se salvó porque los sicarios, demasiado drogados, no podían encontrar el martillo que pidió su jefe.
Mientras buscaban, alguien entró con un objeto en las manos –una cuerda, una polea, algo para sujetar al joven de 31 años– y reconoció a Carlos en el rostro angustiado. “Me vio y me dijo ‘¿y ahora tú qué haces aquí, pendejo?’. Resultó ser el hermano de un muchacho que vivía en mi calle. Conocía a mi mamá y a más personas de mi familia, porque el negocio familiar es de comida y luego les ayudábamos cuando nos sobraba algo. Eso me salvó, habló por mí y dijo que no, yo no soy sicario de nada”.
¿Qué habría pasado si ese chico no hubiera entrado a la casa? ¿O llegado 10 minutos más tarde? Ese pensamiento ha dejado a Carlos sin dormir varias noches. Y cuando la ansiedad es altísima se refugia en la certeza: lo que ocurrió después. Lo desataron, le limpiaron el rostro y le dieron agua y comida. El torturador lo dejó ir hasta varias horas más tarde, cuando un grupo de halcones validó la identidad del torturado: inocente.
Desde entonces, Carlos sólo sale de su casa para las tareas necesarias. Renunció al trabajo por miedo a otra confusión en la calle y ahora busca algo que pueda hacer a distancia, desde la seguridad de su habitación. Las heridas físicas ya sanaron; las del alma, no y se resarcen con terapia psicológica en línea.
Lo único que sabe es que alguien lo denunció en esos canales encriptados. Carlos sospecha de una exnovia conectada con la mafia pero nada más. Es una corazonada alimentada por una ruptura en malos términos. Las palabras “cuídate mucho” que se dijeron en la última cita ya no le suenan a buenos deseos, sino a amenaza velada.
Mientras su recuperación continúa, los buzones del crimen organizado siguen alimentándose de acusaciones sin pruebas.
GSC
