El día del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el crimen organizado activó más de 250 narcobloqueos simultáneos en 20 estados del país.
Pero esa fue apenas parte de una realidad compleja, porque no sólo exhibieron la capacidad de movilización del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que también dejaron al descubierto algo más profundo: la autoridad ya estaba fracturada antes de que ardieran los vehículos y se cerraran las carreteras.
La policía, debilitada y rebasada en su propio territorio, llegó tarde –o simplemente no llegó– a contener los destrozos provocados hace poco más de un mes, el domingo 22 de febrero, el día en que cayó El Mencho.
En varias de esas entidades, los cuerpos policiales estatales sobreviven en condiciones precarias: plantillas raquíticas, agentes desmotivados y sueldos que apenas alcanzan para mantener una familia.
Así enfrentan todos los días a estructuras criminales que operan con disciplina, armas de alto poder, recursos casi inagotables y una maquinaria de reclutamiento que no se detiene.
La asimetría es chocante y cotidiana.
El diagnóstico más reciente sobre las capacidades institucionales de las policías estatales, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al que MILENIO tuvo acceso, revela debilidades estructurales en los mismos estados que, horas después del operativo, quedaron expuestos ante la reacción coordinada del crimen. Y no sólo en esas entidades, porque la problemática se extiende a muchas otras más.
Las cifras retratan esa fragilidad. En Sinaloa hay apenas 0.3 policías por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo aceptable es de uno.
En Guerrero ni siquiera existe un sistema propio para registrar detenciones: la información se captura a mano. En Oaxaca, el 10 por ciento de las fuerzas de seguridad supera los 60 años. Y en Tabasco, los agentes arriesgan la vida por un salario mínimo.
Son postales de un mismo diagnóstico que ayuda a explicar por qué, cuando el crimen se coordinó, la respuesta institucional resultó insuficiente.
Fuerzas para responder a una emergencia son insuficientes
El diagnóstico se compone de 32 informes, uno por cada entidad federativa, fechados en diciembre de 2025. Sus conclusiones se construyeron a partir de la revisión de información documental, estadísticas oficiales, visitas de verificación y entrevistas realizadas a policías entre junio y noviembre del año pasado. Es, en suma, un retrato directo de cómo están y cómo operan las corporaciones estatales.
Lo primero que salta a la vista es la baja cobertura policial. Allí donde debería haber presencia constante y capacidad de reacción inmediata, lo que aparece es una fuerza insuficiente para vigilar el territorio y responder con rapidez a crisis como la del domingo en que cayó El Mencho.
La mitad del país –es decir en 16 estados– está por debajo del umbral mínimo de un policía por cada mil habitantes. Y justo en nueve de esas entidades estallaron los narcobloqueos: Baja California, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
Los casos de Baja California y Sinaloa son paradigmáticos. Con apenas 0.3 policías estatales por cada mil habitantes, el margen de maniobra es mínimo. En suelo sinaloense, además, la violencia interna entre Los Chapitos y La Mayiza agrava un escenario que ya era frágil antes de los bloqueos del CJNG.
En otros siete estados –Querétaro, Baja California Sur, Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua y Morelos– la situación tampoco alcanza el piso considerado indispensable de un policía por cada mil habitantes. Aun así, superar ese umbral no equivale a fortaleza: apenas significa no estar en números rojos en cuanto a potencia de seguridad pública.
Si la referencia fuera el promedio internacional de 2.8 agentes por cada mil habitantes, el panorama mexicano sería todavía más desolador. Sólo la Ciudad de México rebasa con amplitud ese parámetro, con 10 uniformados por cada mil personas. El resto de las entidades se mueve muy por debajo; la que más se acerca es Tabasco, con 1.9 policías por millar.
El diagnóstico destaca también que el nueve por ciento de la policía oaxaqueña y el siete por ciento de la veracruzana tienen más de 60 años, en tanto que la sonorense carece de una unidad especial de reacción inmediata.
Elementos optan por desertar: ¿en qué estados se registran más abandonos?
La debilidad de las policías también se mide en la pérdida de sus efectivos; diez estados redujeron su estado de fuerza entre 2019 y 2024. En cuatro de ellos (Colima, Michoacán, Sinaloa y Veracruz) el cártel de las cuatro letras hizo sentir su presencia y capacidad de presión el día que murió El Mencho.
Veracruz, Campeche y Sinaloa, entidades con reconocida actividad por parte de bandas criminales, encabezan la lista de retrocesos más severos: perdieron más de un tercio de sus policías en cinco años, con caídas de 42, 39 y 38 por ciento, respectivamente. Son reducciones que impactan en patrullajes, tiempos de respuesta y cobertura territorial.
En Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán las mermas van de tres a 27 por ciento. En algunos casos la disminución puede parecer moderada, pero en corporaciones ya de por sí pequeñas, cada baja pesa el doble.
Los informes del Secretariado apuntan a una constante: en varias de estas entidades la salida de policías coincide con la ausencia de salarios competitivos o de oportunidades reales de ascenso.
Agentes arriesgan la vida por sueldos insuficientes
La precariedad numérica se combina con otra fragilidad: los ingresos. En 25 de las 32 entidades, los policías estatales perciben un salario por debajo del considerado digno por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) en su propia entidad. Es decir, arriesgan la vida sin alcanzar siquiera el ingreso necesario para cubrir con holgura la alimentación, vivienda, salud y educación de sus familias.
De esas 25 demarcaciones con sueldos rezagados, 16 fueron escenario de los narcobloqueos del 22 de febrero: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
El caso de Tabasco resulta ilustrativo. Allí, un policía estatal percibe 9 mil 514 pesos mensuales, prácticamente la mitad de los 18 mil 806 pesos que el diagnóstico estima necesarios para que una familia viva con dignidad en esa entidad. No sólo eso: dicho ingreso apenas roza el salario mínimo vigente (de 9 mil 582 pesos).
En contextos de alto riesgo, los sueldos bajos no son sólo un problema laboral: erosionan la motivación, dificultan el reclutamiento y abren la puerta a la tentación de la corrupción. Frente a organizaciones criminales con recursos abundantes y capacidad de ofrecer sobornos cuantiosos, la brecha económica se convierte también en una vulnerabilidad operativa.
Las carencias se extienden a las prestaciones que deberían ofrecer respaldo cuando el riesgo es cotidiano. Aunque todas las corporaciones garantizan lo básico –aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguridad social–, hay faltantes que pesan. En Chiapas, por ejemplo, los policías no cuentan con un fondo para el retiro.
En Guerrero y Sinaloa, territorios atravesados por la disputa criminal, los agentes salen a la calle sin un seguro por riesgos de trabajo. En Nayarit, la invalidez no garantiza una pensión.
Esfuerzo sin premio: en varias entidades llevan años sin ascensos
A la precariedad económica se suma otra forma de desgaste: la ausencia de una carrera policial. El diagnóstico identifica una falta persistente de ascensos, estímulos y promociones por mérito. El esfuerzo rara vez se premia.
Casi todas las corporaciones tienen un reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial, pero en varios casos esos documentos llevan años sin actualizarse; el de Veracruz, por ejemplo, no se revisa desde 2010.
En los hechos, la movilidad es mínima. Nueve entidades no realizaron promociones ni ascensos en los últimos tres años argumentando falta de presupuesto o de plazas disponibles. En San Luis Potosí, por ejemplo, no hay estos movimientos desde 2019 y en otras 13, más del 90 por ciento del personal permanece en el escalón más bajo del organigrama.
Sinaloa ilustra ese estancamiento. Además de la presión criminal constante, la entidad carece de un régimen formal de condecoraciones o reconocimientos, y apenas “se otorgan incentivos económicos cercanos a mil 500 pesos por detenciones relevantes”, indica el documento. Poco más que un gesto simbólico frente al riesgo cotidiano.
Cámaras que no siempre miran
El rezago también es tecnológico. El diagnóstico del SESNSP examina cómo las policías gestionan su información y operan sus sistemas de videovigilancia, y el resultado exhibe otra capa de vulnerabilidad.
Sólo ocho estados cuentan con un sistema digital propio para registrar detenciones. En contraste, en Baja California Sur, Chiapas y San Luis Potosí la información se organiza en documentos físicos o archivos PDF. En Colima, Guanajuato y Zacatecas se concentra en hojas de cálculo. En Guerrero y Oaxaca, el registro sigue dependiendo de procesos manuales o formatos en papel.
Allí, donde debería fluir la inteligencia, predominan métodos rudimentarios.
Incluso en las entidades con plataforma digital, los sistemas no siempre dialogan entre sí ni incorporan georeferenciación. La información se almacena, pero rara vez se convierte en análisis estratégico o en mapas criminales que orienten operativos.
En materia de videovigilancia, la mayoría de los gobiernos estatales reporta que entre 80 y 95 por ciento de sus cámaras y lectores de placas funcionan; Durango reconoce apenas 75 por ciento. En Guerrero, Puebla y Veracruz el diagnóstico evita cifras concretas, pero advierte que la infraestructura requiere “fortalecimiento” y “atención prioritaria”.
Las deficiencias alcanzan también a las líneas telefónicas de denuncia anónima y emergencia. Todos los estados presentan fallas en la atención de llamadas al 089 y al 911, herramientas clave para reportar delitos y solicitar auxilio inmediato.
Estos datos no son sólo estadísticas: son señales de advertencia. Muestran que los episodios de violencia intensificada, como los que siguieron al operativo contra el líder del CJNG, no comienzan con el primer vehículo incendiado ni con el cierre de una carretera. Empiezan mucho antes, en la estructura institucional que debería sostener la seguridad pública y que, en demasiados casos, muestra fisuras antiguas.
(Fact checking: JRH)
Te recomendamos
ksh
