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Sábado , 20.04.2019 / 18:28 Hoy

EU: entorpece Corte de México lucha antilavado

Combate al crimen organizado

Informe 2019. El Departamento de Estado confía en que el gobierno de AMLO pueda resolver los obstáculos que han complicado el “éxito” de las investigaciones
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El Departamento de Estado de EU advirtió que los criterios de la Suprema Corte han retrasado y complicado el éxito de las investigaciones que se realizan contra el lavado de dinero en México, por lo que esperan que la administración de Andrés Manuel López Obrador pueda resolver estos obstáculos.

En el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, se menciona que, aunque las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y bloqueando las cuentas de sospechosos de lavado de dinero, dicho progreso se ha visto limitado para procesar a los presuntos responsables.

En enero pasado, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría a cargo de Santiago Nieto Castillo recibió un revés en la investigación que inició contra el Consorcio Gasolinero Plus y VDM Administradora de Franquicias, denominado Hidrosina, a quien le había bloqueado 32 cuentas bancarias.

Un juez federal otorgó una suspensión al consorcio y demandó levantar el bloqueo; en su acuerdo, el juzgador señaló que la UIF solo podía bloquear las cuentas siempre y cuando existiera una investigación internacional o de terrorismo.

Otro caso es el del ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, general Eduardo León Trawuitz, investigado por un presunto delito de lavado de dinero. Una juez rechazó levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias, pese a que un tribunal colegiado se lo ordenó.

Días antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, de la procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República, y quien continúa en el puesto, alertó que las investigaciones contra los ex colaboradores del ex gobernador Javier Duarte corrían peligro, porque los jueces y magistrados federales estaban utilizando “criterios a modo” y de manera retroactiva.

El funcionario hizo referencia al criterio que aplican los jueces desde 2017, luego de que la Primera Sala de la Corte determinó que las pruebas que se obtiene en materia financiera de personas bajo investigación y que no se obtuvieron con orden judicial, deben declararse inválidas.

Los fallos

El Departamento de Estado de EU citó los criterios que adoptó la Corte en dos fallos emitidos en octubre y noviembre de 2017, los cuales retrasaron y complicaron las investigaciones sobre actividades financieras en México.

Uno a los que hace alusión tiene que ver con la sentencia dictada en octubre de 2017, cuando la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a UIF congelar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que la institución presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, a las que también incorporaba a la Lista de Personas Bloqueadas.

Esta medida era similar a las acciones que realiza la Oficina de Control y Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El otro fallo se dictó en noviembre de 2017, lo que “limitó aún más la capacidad de la UIF de presentar registros financieros durante los procedimientos judiciales”, ya que solo los registros obtenidos por orden judicial son admisibles.

“Es demasiado pronto para saber cómo manejará la UIF (en la actual administración) estas operaciones, pero los funcionarios de transición han indicado planes para trabajar con el Poder Judicial y el Poder Legislativo para resolver estos obstáculos”.

Persiste la corrupción

En el informe se menciona que la corrupción sigue impidiendo que se materialicen los esfuerzos de control de drogas en México.

Puntualiza que, a pesar de que el SNA busca acabar con la impunidad, la implementación del sistema no está listo, porque el Senado no ha nombrado al fiscal, y mucho menos se ha designado a los 18 magistrados que lo integrarán.


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