Casos de corrupción que llevan años denunciados, pero no han podido ser judicializados; procesos que arrancaron pero que se tambalean entre impugnaciones y amparos; e investigaciones en curso afectadas por filtraciones que ponen en riesgo la captura de los implicados.
Ese es el escenario identificado en una investigación de MILENIO de los casos de alto impacto que la nueva fiscal interina de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, recibe del ex fiscal Alejandro Gertz Manero, luego de su renuncia tras haber permanecido casi siete años en el cargo.
Te recomendamos
Durante su periodo al frente de la institución, de enero de 2019 a noviembre de 2025, la fiscalía de Gertz Manero inicio o trabajó indagatorias por casos que cobraron relevancia mediática y política derivado de la gravedad de los hechos reportados, del monto de los recursos involucrados, o del perfil empresarial o político de los posibles implicados.
La lista incluye casos de corrupción con la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), hasta temas heredados como Odebrecht y la Estafa Maestra, o asuntos con pérdidas para el estado millonarias como el huachicol fiscal.
Sin embargo, ninguno de esos casos alcanzó a ser resuelto a través de un juicio oral en el que los implicados fueran encontrados culpables y sentenciados. Algunos de esos asuntos se acercan a fases definitivas, por lo que la fiscalía de Godoy debe operar contra reloj.
Huachicol: filtración de combustible… y de información
En meses recientes, la FGR ha presentado diversas imputaciones y ha solicitado órdenes de aprehensión en contra de servidores y ex servidores públicos y particulares, por su probable participación en esquemas de introducción ilícita de combustibles al país, práctica conocida como huachicol fiscal. Un común denominador en varios de estos casos ha sido la filtración de información confidencial.
Un ejemplo es el de la red liderada por los hermanos Farías Laguna, ambos mandos de la Armada, quienes presuntamente facilitaban la introducción del combustible a través de las aduanas portuarias.
Las 512 páginas de la orden de aprehensión se filtraron a la prensa, lo que provocó que el caso se conociera primero por las publicaciones en medios y que, además, se hicieran notas sobre menciones secundarias a algunos personajes en los testimonios.
En este caso, el proceso penal ya se ha puesto en marcha contra las personas cuya detención fue ordenada por un juez, con excepción del contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien sigue prófugo. El caso está lejos de resolverse, pues en las indagatorias se detalla el involucramiento de cientos de empresas en la trama delictiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó en una conferencia que la investigación debería avanzar hacia las compañías.
Otro caso que también se conoció primero por la prensa fue el de la investigación por temas de huachicol, tráfico de armas y delincuencia organizada en contra del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copresidente del certamen Miss Universo.
De nueva cuenta, se filtraron decenas de páginas de la indagatoria y se revelaron los nombres de otros implicados, los detalles de intervenciones telefónicas, y hasta la complicidad de una fiscal que, presuntamente, filtraba datos de las indagatorias.
Incluso la información adelantaba la concesión de un posible criterio de oportunidad a Rocha Cantú a cambio de información.
Luego de que la Presidenta señalara que la “Fiscalía debería de informar” sobre el caso, la FGR emitió el 26 de noviembre un escueto comunicado confirmando la existencia de las órdenes y el “análisis” de la situación jurídica de Rocha.
A la fiscal Godoy le tocará resolver la situación del empresario y concretar las detenciones pendientes del caso, además de tratar de frenar las filtraciones de este y otros procesos. La potencial afectación a los juicios en curso por la filtración de datos y violación al debido proceso es otro obstáculo que podría enfrentar la nueva administración.
Casis de corrupción…en espera
En su segundo informe semestral entregado el 30 de septiembre a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que ha presentado 24 denuncias de hechos ante el Ministerio Público de la Federación contra los funcionarios presuntamente responsables por los malos manejos de recursos en la administración pasada.
Las denuncias corresponden a irregularidades y posibles desvíos detectados por los auditores en las cuentas públicas de 2019 a 2022 (las posteriores siguen en revisión). Sin embargo, de acuerdo con el mismo informe de los auditores, hasta la fecha, la FGR no ha judicializado ni ha tomado resolución alguna en las carpetas de investigación iniciadas.
De las denuncias presentadas, 11 corresponden a presuntos malos manejos de recursos en la ya desaparecida Segalmex y seis más en Diconsa; hay tres denuncias por irregularidades en la Conade y una más por posibles malos manejos en el desaparecido Conacyt.
Los otros dos casos corresponden a un caso en la empresa pública Exportadora de Sal y otro a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Cabe señalar que en el caso específico de Segalmex, la FGR también ha recibido denuncias de particulares y de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. A partir de dichas denuncias se han detenido a 27 personas, siendo el de mayor rango, René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex.
Sin embargo, ninguno de esos casos ha llegado a juicio oral y no hay sentencias firmes obtenidas por esa vía. Tampoco hay reparación del daño obtenida. Quien fuera titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, no ha sido imputado de delito alguno hasta la fecha.
Barredora incompleta
Un caso encendido que hereda la administración de Godoy es el iniciado en contra de Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o Comandante H, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, y presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora.
Bermúdez fue detenido y expulsado desde Paraguay, y posteriormente ingresado al penal federal del Altiplano. El 24 de septiembre, un juez del fuero común de Villahermosa lo vinculó a proceso por delitos locales; sin embargo, aún está pendiente de avance el caso por cargos federales como delincuencia organizada y secuestro.
En una de sus últimas apariciones públicas, Gertz Manero habló sobre un amparo promovido y una suspensión definitiva obtenida por Requena en contra de la orden de arresto federal y afirmó que “no le serviría de nada”. Sin embargo, hasta la fecha ese proceso federal no ha podido iniciarse.
Gertz también fue cuestionado sobre si, por este caso, sería citado a declarar el senador Adán Augusto López, una cuestión que el fiscal general desestimó al referir que no podía llamarse a declarar a personas que no estuvieran imputadas o involucradas directamente.
La inminente liberación de Javier Duarte
La FGR de Gertz Manero logró la semana pasada ganar tiempo en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Tras una ardua audiencia dividida en tres días, los fiscales lograron que una jueza federal se negara a concederle el beneficio de la libertad anticipada por la condena de nueve años de prisión que, en 2018, se le impuso por lavado de dinero y asociación delictuosa.
El problema es que Duarte cumplirá su sentencia en abril de 2026, es decir, dentro de solo cuatro meses. El asunto importa porque la FGR tiene decenas de carpetas de investigación iniciadas por millonarios desvíos de fondos federales de la gestión de Duarte (más de 60 mil millones según datos de la ASF), de los que no se ha recuperado recuperado un centavo.
Te recomendamos
El testigo estrella y colaborador de la FGR en el caso Veracruz, Tarek Abdalá Saad, declaró que desde su posición de tesorero llevó a cabo varias de esas maniobras irregulares de recursos por órdenes de Javier Duarte, quien fue el responsable directo de haber diseñado e institucionalizado el esquema de los manejos de recursos.
Sin embargo, la fiscalía de Gertz Manero optó por acusar primero a quienes fueron los secretarios de finanzas del estado, antes de avanzar a Duarte. El tema se ha alargado por años, ninguno de esos procesos tiene hoy una sentencia firme, y el ex gobernador tiene pie y medio en la calle.
La estafa de la Estafa Maestra
Una de las promesas que Gertz Manero hizo al cumplir sus primeros cien días en el cargo es que resolvería el caso de la llamada Estafa Maestra, el cual, no dudó en calificar como un crimen de Estado y como un esquema de delincuencia organizada que no debía fragmentarse en decenas de carpetas por separado.
Pero eso no ha ocurrido. Aunque la FGR detuvo a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, que encabezó la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), desde donde se malversaron más de 2 mil 500 millones de pesos, a la postre fue liberada por irregularidades en la forma en cómo se justificó su prisión preventiva. Además, no se le encontraron recursos malversados.
De forma paralela, la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera denunciaron ante la FGR a quien fuera ex oficial Mayor de esas dos dependencias, Emilio Zebadúa González. Ambas lo señalaron como el operador de los malos manejos y beneficiario de los recursos, junto con sus hermanos.
Testigos colaboradores de la Fiscalía detallaron el esquema liderado por dicho individuo y la red de complicidades.
Sin embargo, la FGR de Gertz Manero no ha logrado sacar adelante ningún proceso penal en su contra hasta la fecha. En 2024, se reveló un esquema de presuntos sobornos y filtración de datos para beneficiar a Zebadúa y que varios casos no fructificaran. La FGR inició una indagatoria interna al respecto, pero se desconocen los resultados.
El engrudo Odebrecht – Lozoya
Este es otro de los casos emblemáticos que Gertz Manero prometió resolver al llegar al cargo, pero que hoy luce aun más enredado.
Aunque inicialmente se logró la detención y extradición desde España del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien según los directivos de Odebrecht, fue el funcionario que sobornaron para obtener contratos.
La FGR decidió entrar en un esquema de negociación con él a cambio de información que permitiera proceder en contra de otros personajes de mayor peso criminal y político.
Sin embargo, aunque la denuncia de Lozoya se filtró rápidamente generando conversación pública, la FGR no ha logrado construir procesos sólidos contra la mayoría de los señalados.
Los únicos resultados fueron una orden de aprehensión en contra de otro ex director de Pemex que sigue prófugo, y una imputación inicial en contra de un ex legislador federal del PAN que ahora trabaja en el gobierno de Layda Sansores en Campeche.
Luego de que Lozoya fuera sorprendido cenando en un restaurante de lujo en Polanco, la FGR decidió dar marcha atrás a los beneficios concedidos y solicitó su prisión preventiva.
Sin embargo, tras un periodo en el Reclusorio Norte, el ex funcionario recuperó su libertad y su proceso se ha ido debilitando de cara al eventual juicio. Por ejemplo, fueron anuladas las pruebas bancarias y ahora, la FGR de Godoy tendrá que intentar ganar el caso sin la evidencia de las transferencias.
La fiscalía de Gertz también falló en lograr el pago de la reparación del daño. Aunque inicialmente se pactó una cantidad superior a los 10 millones de dólares entre las partes, los fiscales y Pemex buscaron una cantidad superior al considerar, tras el malestar del presidente López Obrador, que no era suficiente.
En las audiencias posteriores se analizó el caso, pero los jueces fallaron en favor de Lozoya y hasta hoy no ha pagado un centavo.
Una suerte parecida ha tenido el otro proceso abierto en contra del ex director de Pemex por el sobreprecio con se compró la planta Agronitrogenados.
Ahí Lozoya logró que no se le fijara una reparación luego de que un juez consideró que estaba cubierto por el acuerdo que Alonso Ancira, ex propietario de AHMSA (vendedor de la planta), alcanzó con la fiscalía y Pemex y que consistía en el pago de 216 millones de dólares en abonos.
Un acuerdo que también terminó fallando porque Ancira solo pagó la mitad de esos recursos, y luego se ha negado a entregar el resto bajo el argumento de que su caso fue producto de un montaje.
MD
