Alejandro Gertz Manero asumió el cargo de primer fiscal general y autónomo de la República en los primeros días del 2019. Lo hizo con la promesa de desbaratar, revolucionar la institución.
Dicha organización estaba marcada por la ineficiencia y lentitud en la investigación de los delitos de mayor impacto y de acabar con el silencio y la inacción cómplice que los procuradores en los casos iniciados contra los gobiernos de quienes los pusieron en el cargo.
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Gertz no tenía de jefe a ningún presidente, sino a un Senado que lo designó y que era al que tenía que rendir cuentas; autonomía plena, o eso se suponía.
El lamentable estado en el que recibió las casos Odebrecht y estafa maestra fueron su carta de presentación. En su conferencia al cumplir los primeros 100 días como fiscal diagnosticó ambas indagatorias y no dudó en calificarlas de un desastre.
Grandes casos diluidos en la pedacería de múltiples expedientes, con pesquisas incompletas o mal hechas. Gertz no titubeó en señalar que en ambos casos estaba frente a auténticos crímenes de estado; de tramas de delincuencia organizada y corrupción que debían ser esclarecidos y sancionados hasta sus últimas consecuencias.
Siete años después nada de eso pasó
La Fiscalía no ha podido llevar a un juicio oral a ninguno de los principales perpetradores de esos fraudes ni de otros. Menos aún hay sentencias firmes y reparaciones del daño.
Gertz, con el apoyo de sus siempre aliados en el Congreso, desarticuló y revirtió la nuevas reformas a la Ley Orgánica de la FGR que se habían aprobado con el impulso de organizaciones ciudadanas y expertos y que buscaban convertir a la Fiscalía en una institución moderna que, entre otras cosas, fuera mucho más eficiente en el esclarecimiento de los grandes casos de delincuencia organizada y corrupción.
El fiscal general no trajo consigo a una nueva generación de investigadores al frente de la institución. En cambio, puso a su aliado y abogado de confianza para asuntos personales, Juan Ramos, como el segundo hombre fuerte de la Fiscalía y de forma irregular dejó a su cargo múltiples indagatorias de casos de corrupción, pese a que ya se había creado una Fiscalía Especializada para ello.
Al mismo tiempo, perfiles fuertes dentro de la institución como el de Omar García Harfuch, que al frente de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y luego FGR había concretado detenciones importantes, salió de la fiscalía en mayo de 2019, a menos de cinco meses de que Gertz asumió la responsabilidad.
Pasaron los años, no llegaron los juicios espectaculares y condenas ejemplares, pero sí las controversias y los escándalos.
Por ejemplo, Gertz Manero se presentó a un mañanera con un cheque de dos mil millones de pesos que, supuestamente, eran la reparación del daño de un fraude en el Infonavit.
A los pocos días se descubrió que el cheque no se podía cobrar, porque dicha reparación no tenía sustento legal. El caso terminó llevando a la renuncia del entonces titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien se quejó de estas anomalías.
Luego estalló el caso personal del fiscal en contra de sus familiares políticos; Laura Moran y Alejandra Cuevas, a quienes Gertz denunció por una supuesta responsabilidad en la muerte de su hermano.
La fiscalía capitalina siguió su guion, reabrió el caso que ya había sido cerrado y detuvo a una de ellas. El tema llegó hasta la Corte impulsado por el propio Gertz Manero. A la postre el máximo tribunal concluyó que el delito que se les imputaba a las dos mujeres era inventado y leas absolvió con un amparo liso y llano.
Después vino el escándalo que derivó en el intercambio de acusaciones y denuncias entre el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el fiscal Gertz Manero.
El tema escaló hasta el punto en el que la FGR presentó acusaciones ante un juez en contra de despachos de abogados que, supuestamente, actuaban coludido con el consejero y traficaban influencias. Pero el juez que revisó el caso desestimó las acusaciones al señalar que no estaba bien fundamentado por los fiscales.
En ese intercambio, Scherer hizo públicos a través de un carta supuestas irregularidades en la gestión de Gertz, incluido el manejo o impulso de casos para beneficio personal del fiscal, como el caso contr la Universidad de las Américas en Puebla.
El caso Emilio Lozoya es otro que se le fue atragantando al fiscal. Aunque de inicio el tema parecía caminar por una ruta que incluso el entonces presidente López Obrador presumió, con declaraciones del ex director de Pemex culpando a opositores de haberse beneficiado de sobornos, la investigación no caminó bien.
La FGR no logró armar y judicializar procesos de alto impacto pues la información de Lozoya resultó insuficiente y ninguno de los denunciados ha llegado a juicio. La Fiscalía tuvo que abandonar la ruta de la negociación luego de que Lozoya fuera exhibido públicamente comiendo en un restaurante de lujo, situación que molestó al presidente. El caso se ha estancado y al día de hoy el ex director de Pemex está libre y sin ser enjuiciado.
Gertz, bajo el entendido de la autonomía en su cargo y de su institución, comenzó a distanciarse de órganos como la Comisión Nacional de Búsqueda, que buscaba agrupar esfuerzos institucionales para construir un registro y seguimiento homologado de varios casos. La entonces comisionada Karla Quintana llegó a señalar públicamente la poca cooperación del fiscal.
El distanciamiento también fue público. Aunque sus colaboradores han sostenido hasta la fecha que, su presencia es ininterrumpida en juntas y sesiones privadas de trabajo, ya sea físicamente o a distancia, en eventos públicos su participación fue menguando.
Sus conferencias en solitario desaparecieron y su presencia en conferencias conjuntas, salvo eventos puntuales como la expulsión de delincuentes a Estados Unidos, también ha escaseado.
Basta referir que no asistió a la última conferencia mensual le gabinete de seguridad en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las preguntas sobre su ausencia para la mandataria se han vuelto cada vez más frecuentes y difíciles de responder.
“Es un fiscal muy muy poderoso, pero es un fiscal solo. Se ha ido aislando. Se ha vuelto aún más desconfiado. Se aferra a su concepción de cómo funcionaba el viejo sistema de justicia penal, de la división de funciones, y de lo que a él le toca. Eso no sirve en un esquema de coordinación” relata una alta funcionaria que participa en las reuniones de trabajo conjuntas a las que asiste el fiscal rutinariamente, y quien pidió no publicar su nombre,
Administración inconclusa
Gertz Manero fue elegido a los 79 años de edad para un cargo como fiscal General por un periodo de nueve años que vence en 2028. Hoy tiene 86 años. El presidente que lo propuso y el Senado que lo ratificó apostaron por su experiencia de más de medio siglo en el sector público, principalmente en aras de seguridad y justicia.
Ha transcurrido la mayor parte de ese periodo. Y hoy, la FGR no dista, ni en el fondo ni en la forma, de la vieja PGR de antaño. No al menos en cuanto a resultados.
rdr
