No es secreto de nadie que en México la gente con dinero logra modificar leyes y regulaciones a modo para beneficiarse. La pregunta es cómo lo logran. Esta es la primera de 5 notas donde hago propuestas concretas para separar el poder político del económico.
Hoy hablaremos del cabildeo.
El problema es bastante concreto: los espacios de influencia discrecional en las cámaras no están adecuadamente regulados y están plagados de los intereses de los más ricos. Esto ha hecho que empresarios y otros grupos de influencia continúen teniendo picaporte directo para cambiar las leyes a modo o incluso, imponer veladamente a sus afines en puestos de alto impacto como son las Mesas Directivas.
La regulación de esta actividad está dispersa y tiene pocos dientes. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados pide que los cabilderos se inscriban en un padrón y que no haya más de 20 por comisión, pero no se dice qué criterios se utilizarán para otorgar esos codiciados lugares. Así mismo, cuando se viola la regulación, como cuando Paolo Salerno, asesor de la compañía eléctrica Enel Group, fue captado dentro del pleno conversando con una diputada, no hubo sanciones importantes. A nivel local el cabildeo ni siquiera está regulado.
El sexenio de Obrador ha sido un festín para el cabildeo.
Por un lado, es verdad que el presidente y su gabinete son menos afines a realizar reuniones privadas con empresarios que gobiernos anteriores y que la disciplina partidista de Morena impide que los legisladores avancen grandes leyes por su cuenta.
Sin embargo, el festín del cabildeo ha estado en los detalles. El Congreso con Morena se ha vuelto mucho más susceptible de ser influenciado por su bajo nivel de profesionalización y conocimiento de temas técnicos. Los legisladores con frecuencia son convencidos de introducir pequeños cambios que no entienden y que les son vendidos, por los cabilderos, como ideas nobles o técnicas.
Además, Morena sufre de tener múltiples corrientes internas lo que ha permitido que los cabilderos tengan espacio de juego. Éstos se acercan a legisladores para introducir cambios, bajo el argumento de que eso ayudará a una corriente en detrimento de otra. Estos cambios parecen inofensivos, pero para ciertas industrias representan ganancias millonarias.
Los cabilderos entregan “análisis técnicos” que en realidad son panfletos ideológicos con datos hechos a modo, como cuando el Consejo Coordinador Empresarial dijo que reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas tendría un costo de 360 mil millones de pesos. Por supuesto, sin dar a conocer cómo se había hecho semejante cálculo.
El sector privado está muy bien entrenado para hacer esto. Incluso, el ITAM tiene un diplomado donde enseña “cómo influir en los órganos legislativos”, “¿cómo cabildear? preparación y tácticas” y “cómo introducir un tema al debate público”.
Mientras tanto, el sector público está en la penumbra o presa de sus propios brokers o grupos de interés. Como me comentó una senadora, ella no entendía nada del proceso legislativo, pero Monreal con mucha paciencia le enseñó lo que tenía que aprender. Políticos con experiencia como Monreal, Ebrard, Adán Augusto, o empresarios afines a la 4T, como en su momento fue Romo, fungen como ventanilla de cabilderos.
Por su parte, los cabilderos, que en muchos casos son exlegisladores o exfuncionarios, incumplen incluso normas sencillas. No usan sus gafetes, no se registran en el padrón a pesar de mantener relaciones directas para convencer a diputados y senadores, y no presentan informes de todas las actividades de cabildeo que realizan. Además, el cabildeo intra-gobierno no está regulado. Municipios y estados tienen reuniones con los coordinadores de bancada para influenciarlos, sin que se sepa qué se negoció o dijo en dichas reuniones.
A lo anterior hay que agregar que de facto no existen sanciones porque acreditar que se cometió un delito como tráfico de influencias es muy difícil. Los abogados deben comprobar muchísimas particularidades que son en extremo difíciles de acreditar. Por ejemplo, que se trate de “una intervención en un negocio público” y que “tuvo influencia”. Básicamente la ley está hecha de forma que es imposible sancionar a alguien.
Es por todo lo anterior que, si se desea separar al poder político del económico, resulta urgente que, quien gane la presidencia, establezca una legislación clara y con sanciones que regule el cabildeo, y que provea a los legisladores de asesoría para que sepan identificar las manzanas podridas.
