El golpe que la Secretaría de Marina —en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR— asestó hace unos días contra empresarios, funcionarios públicos y hasta marinos que participaban en el delito del huachicol se venía preparando con mucho cuidado desde hace algunos meses; las investigaciones se iniciaron internamente en la dependencia que comanda el almirante Raymundo Pedro Morales, para después dar parte a los órganos de procuración de justicia.
Sobre los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante en la Armada de México, respectivamente, existían ya investigaciones por presuntos actos de corrupción desde el sexenio pasado.
Se menciona que el “Clan Farías” decidía ascensos y bloqueaba a aquellos marinos que no les eran cercanos. Entre los afectados estuvo el propio hijo del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien puso la lupa sobre sus sobrinos políticos. El decomiso reciente de 10 millones de litros de combustible en Tampico vinculó las investigaciones internas a estos hermanos con el delito de huachicol.
El asunto detonó diversas reacciones al interior de la Armada, la mayoría de reconocimiento hacia las acciones del almirante Morales, quien ratifica con este golpe el compromiso que asumió cuando llegó al encargo, para limpiar a su secretaría de cualquier sospecha o indicio de corrupción.
Palabras clave
La filtración adelantada de la información cambió el foco: la atención se centró exclusivamente en los marinos y no en la magnitud del operativo, lo que generó malestar en Presidencia y en las oficinas de Constituyentes, donde se había acordado dar a conocer el caso hasta el lunes, con todo el despliegue político y mediático que ameritaba. La revelación forzó a salir en sábado a dar conferencia de prensa, restando mérito a meses de trabajo de inteligencia. Para algunos en el gobierno, la filtración no fue casual: alguien intentó vacunarse o, de plano, desviar la atención.
Esto cuando la investigación, que contó con el conocimiento y aval de la presidenta Sheinbaum, fue mucho más allá: implicó el decomiso de 10 millones de litros de combustible robado, la captura de empresarios, funcionarios, y el desmantelamiento de una red de corrupción que derivó en uno de los golpes más importantes contra el huachicol fiscal en la historia reciente del país.
