La semana pasada, el expresidente Vicente Fox reconoció que uno de los principales errores de su sexenio fue no haber impulsado un aumento al salario mínimo. ¿La razón? “Escuché a los empresarios –dijo–, qué tonto fui por creerles”.
Pero no, Fox se equivoca. Él no escuchó a “los empresarios”, sino a un reducido grupo de magnates que invitaba con frecuencia a comer y que, lejos de representar a la totalidad del sector empresarial, encarnaban únicamente los intereses de una élite acostumbrada al privilegio.
Si en algo falló Fox –y es un error que la política actual, aunque en menor medida, todavía comete– es en no entender que la “clase empresarial mexicana” no se reduce al empresariado políticamente conectado.
Las asociaciones empresariales tampoco son “los empresarios”. Aunque incluyen en sus filas a pequeñas y medianas empresas, las decisiones de las asociaciones suelen estar dominadas por las grandes corporaciones, dueñas del cabildeo y de los recursos que definen la agenda.
En México, hablar de “el empresario” como una categoría única es engañoso porque quienes hacen negocios forman un grupo profundamente heterogéneo, con intereses muchas veces encontrados. Hoy existen en México 5.5 millones de empresarios. Sin embargo, un puñado de 55 mil se quedan con el 73% de las utilidades, mientras que el 90% de ellos recibe solo el 4%.
Por eso, el consejo que los grandes empresarios y sus organizaciones le daban a Fox no tenía nada que ver con lo que en realidad necesitaba la mayoría del empresario. De hecho, a la mayoría les benefició el incremento del salario mínimo, pues este fortaleció el mercado interno. Entre 2018 y 2024, los ingresos empresariales promedio aumentaron en 23% –sin considerar al 1% más rico–. Al empresario promedio le fue de maravilla.
El caso-Fox debe servir como advertencia para Marcelo Ebrard, Luis Rosendo Gutiérrez, Vidal Llerenas y Altagracia Gómez. No deben repetir el error de diseñar la política económica del país con base en la visión de los empresarios que conocen.
México requiere algo mucho más ambicioso: una política pensada no para los empresarios actuales, sino para los que aún no existen. Para construir una clase empresarial amplia, dinámica y diversa, capaz de generar empleos de calidad y de sostener un desarrollo incluyente. Esto exige regular, depurar y reorientar a la clase empresarial dominante hacia objetivos distintos a los que hoy persiguen.
Si seguimos consultando a quienes ya están cómodos con el modelo vigente, llegaremos siempre al mismo lugar. El Estado debe mostrarse más inteligente, audaz y proactivo. Solo así será posible transformar la estructura productiva del país y abrir paso a una nueva generación de empresarios.
Sentarse en la mesa con los empresarios de siempre es, en muchas ocasiones, platicar con personas que ni siquiera son empresarios en el sentido estricto de la palabra. Es decir, no son personas que han creado su propio negocio y éxito. Son herederos.
No debemos olvidar que entre los billonarios mexicanos, el 73% debe su fortuna a empresas familiares recibidas, muy por encima del promedio global de 33%. Esto se debe a que en México, a diferencia de otros países, cerca de la mitad del éxito económico actual depende de quienes fueron tus padres –las condiciones iniciales– y no de tu capacidad, ingenio o esfuerzo.
Crear una nueva clase empresarial preguntándole qué hacer a quienes no se esforzaron –pero creen que lo hicieron por falta de perspectiva y autocrítica– es transitar voluntariamente al fracaso. Debe haber diálogo, claro, pero sobre todo debe haber una visión para sacar de su espacio de confort al empresario actual. No hay nada que temer. Los empresarios de verdad se sentirán entusiastas de ello.
