La transparencia y la rendición de cuentas han sido uno de los principales reclamos de la sociedad para generar una relación de confianza entre gobernantes y gobernados, y se han convertido en la actualidad en mecanismos de control social que permiten el empoderamiento y la participación de la ciudadanía en el quehacer gubernamental. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que cada dependencia gubernamental deberá contar con un código de ética que establezca los parámetros de actuación de quienes laboran en el sector público. A través de los códigos de ética, la Administración Pública Federal persigue el ideal de construir un México próspero y ordenado, basado en relaciones justas y respetuosas.
En 2019, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, que establece los principios, valores y reglas de integridad para quienes forman parte de la administración pública, incluyendo la obligación de cada dependencia de emitir sus respectivos códigos de conducta.
Para hacer realidad los objetivos de los códigos de ética, cada entidad debe contar con un Comité de Ética, que estará integrado por representantes electos democráticamente, y quienes serán los encargados de implementar las acciones necesarias que permitan mejorar el clima laboral al interior de las instituciones.
Por lo que respecta al Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre los diversos desafíos que enfrenta para cumplir exitosamente su mandato, vale la pena destacar la forma sui generis de la integración de la plantilla de su personal, la cual se encuentra conformada por funcionarios y empleados que laboran tanto en sede como en las diferentes representaciones diplomáticas en el exterior. Por tanto, en los casos sometidos a su consideración, el entorno laboral, social y cultural presentan particularidades y desafíos especiales dependiendo del país y la región de donde proviene la queja, siendo estos elementos un aspecto fundamental a ser considerados para su adecuada atención. En ese sentido, los integrantes del mencionado comité deben tener una sensibilidad especial y conocimiento profundo tanto del funcionamiento y retos que enfrentan las representaciones diplomáticas de México, como de las circunstancias que rodean a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que son significativamente distintas a los que se presentan en nuestro país.
En una época en la que el uso de la tecnología ha permitido conocer en tiempo real las legítimas denuncias de la ciudadanía sobre el quehacer público –lo que a su vez ha permitido la actuación inmediata de las autoridades en beneficio de las personas–, en ocasiones son estas mismas redes las que, con el objetivo de vulnerar la integridad de una persona o institución, son utilizadas de forma descontextualizada o con la intención específica de desacreditar a una persona o institución.
Con independencia de los avances tecnológicos que modifican de manera importante la forma en que se comunican los reclamos de la ciudadanía, todos debemos comprometernos con el Estado de derecho e impulsar una cultura de la denuncia que realmente permita avanzar en la senda de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, resulta imprescindible que las personas vinculadas con la función pública conozcan las instancias adecuadas para asegurar entornos laborales adecuados que faciliten su óptimo desempeño. Por lo que corresponde a los comités de ética, se requiere del compromiso y respaldo a las resoluciones adoptadas por estos órganos por cada uno de los titulares de las dependencias oficiales.
Es gratificante observar que en la integración del Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores han sido electos miembros del Servicio Exterior Mexicano que conocen el rigor que exigen las funciones encomendadas en el exterior, al igual que las dinámicas que pueden llegar a presentarse al interior de las representaciones diplomáticas. Es en estos funcionarios y otros que laboran al interior de la Cancillería que recae la alta responsabilidad de evitar actos de discriminación, acoso u hostigamiento laboral y/o sexual, así como aquellos que generen posibles conflictos de intereses.
No obstante, la responsabilidad con la transparencia y la rendición de cuentas es un camino de dos sentidos, en donde los funcionarios, empleados e instituciones del sector público deben conducirse de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad y objetividad. Asimismo, es necesario que todos conozcamos y hagamos uso de las instancias legalmente establecidas para la resolución de conflictos, así como de un uso responsable de las redes sociales. Solamente así podremos fortalecer un auténtico Estado de derecho.
Por Alicia Kerber Palma*
*Cónsul general de México en Houston
