A propósito del día internacional de víctimas de desaparición forzada declarado el 30 de agosto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, vale la pena recapitular en la materia y evaluar las acciones que se han emprendido por el estado mexicano, y que por la protesta, el descontento y el enfado de organismos independientes y de colectivos de varios estados del país parece han sido insuficientes para garantizarles un acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Más de 37,000 desaparecidos se registran en México, eso habla de la dimensión del problema, y que no se aplicó una política pública para contener esta escalada de violencia que afectó severamente a varios Estados del país. Nuestra región no está exenta de esta problemática, de acuerdo a los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), Coahuila ocupa el 5º lugar con la mayor tasa de personas desaparecidas con 58.1 por cada cien mil habitantes, siendo Tamaulipas líder en la materia con casi el triple de la tasa de Coahuila.
En Torreón los primeros registros de personas extraviadas o desaparecidas iniciaron en 2007 con apenas 19 casos, llegando a su punto máximo dos años después cuando se registraron 115 personas (6 veces más) en esta base de datos.
Y sí, Torreón ha concentrado la mayoría de las desapariciones de Coahuila mostrando incluso tendencias similares a los homicidios dolosos registrados en esta región.
Estas tendencias registraron también disminuciones significativas hasta registrar en 2017 solo 10 casos, un 37% de lo registrado en todo Coahuila. Más allá del correcto registro de las víctimas y de poder unificar bases de datos de diferentes instituciones federales, estatales, de organismos y de colectivos tiene que existir una figura que vincule los esfuerzos, que los articule a todos y que no solo existan espacios de denuncia, si no también recursos para investigar los casos, para organizar búsquedas ante la enorme cantidad de restos óseos localizados. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de la vida de personas, de miles de familias que después de años y años han dejado todo por conocer la verdad, verdad que en ocasiones se les ha negado y que a pesar de ello siguen en su lucha. Para el nuevo gobierno se le deja una herencia de más de 1,700 personas desaparecidas en Coahuila, y más de 500 personas en Torreón tan solo en los últimos diez años, sin duda una loza muy pesada que ha está acompañada de opacidad e impunidad.
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