En los últimos meses el movimiento de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato ha comenzado a organizarse, dando visibilidad a las víctimas y sus historias de vida, y a ser reconocido como un interlocutor por los medios de comunicación y las autoridades municipales, estatales y federales.
No ha sido un camino fácil, ya que en la entidad hay miles de casos de desapariciones, acumulados desde hace más de una década, los cuales en el tiempo fueron invisibilizados, debido a los prejuicios sobre las víctimas, a la actuación deficiente de las fiscalías, al discurso oficial de menosprecio y a la escasa comprensión de este crimen desgarrador.
En 2010, ocho leoneses fueron desaparecidos por policías en Zacatecas durante una excursión de caza deportiva y, junto al Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, sus familiares lucharon para dar con su paradero. Sin embargo, no se logró encontrarlos e identificarlos.
En 2011, 23 migrantes de San Luis de la Paz fueron víctimas de desaparición, solo uno de ellos fue identificado, dudosamente, por las autoridades, en Tamaulipas, pero aún se desconoce el paradero de los demás. ¿Dónde están? Con apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, desde entonces el colectivo Justicia y Esperanza busca verdad y justicia.
Desde que, en 2016, escalaron dramáticamente la violencia homicida en Guanajuato y la militarización del territorio, se han disparado las desapariciones, pues distintas bandas armadas, al estilo paramilitar, se llevan a jóvenes, trabajadores, mujeres adolescentes y familias.
Dada la ausencia institucional, en 2019 surgieron iniciativas ciudadanas para visibilizar el problema y exigir sus derechos negados: nació la página Facebook Desaparecidos Irapuato, que señala los casos y ayuda en la localización; el colectivo A tu encuentro, que hoy aglutina a más de cien familias y trabaja con el colectivo Justicia y Esperanza, acompañados por agrupaciones como Búscame, Sembrando Comunidad, el Centro Pro DH, entre otras.
Hasta dar con el paradero de sus seres queridos, y en ausencia de avances sobre sus casos desde los ministerios públicos, son los familiares quienes siguen buscando e investigando, aunque les cueste la vida, la economía, el bienestar y la salud. Muchas familias cuentan con experiencias, vivencias y conocimientos muy valiosos sobre el contexto de las desapariciones y las maneras de buscar a quienes fueron desaparecidos, ya sea porque se los llevaron policías o militares, miembros del crimen organizado, o bien, otros grupos armados bajo aquiescencia de las autoridades.
Las enormes necesidades y problemáticas que ocasiona la desaparición requieren de políticas públicas adecuadas, eficaces y consensuadas con las familias y las organizaciones. En este principio se basan la Leyes Generales en Materia de Desaparición, del 2017, y de Víctimas, del 2013, las cuales aún no han sido aprobadas en Guanajuato.
Fabrizio Lorusso
Departamento de Ciencias Sociales y HumanidadesUniversidad Iberoamericana León
@FabrizioLorusso
