¿Por qué un policía puede llegar a incurrir en actos de violencia y maltrato hacia el ciudadano, no solo agraviantes a derechos humanos, sino también como materia de un delito?
En días pasados, se puso el ojo en policías municipales de Mérida, Yucatán, acusándoles de detener y lesionar a un joven, quien lamentablemente perdió la vida. Los policías fueron imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura y violación agravada; en su defensa presentaron un video en el que el joven sale por su propio pie de las instalaciones policiales. Al no existir pruebas suficientes para determinar la relación con los delitos, no fueron vinculados a proceso.
La Fiscalía local apeló y la FGR ordenó la exhumación del cuerpo.
Para el 99.9% de la población, saber que los señalados son policías, les hace culpables del hecho de manera automática. Es la salida más fácil tanto en el imaginario colectivo y desafortunadamente, también en muchos casos de procuración e impartición de justicia.
Más allá de este evento que padece una de las ciudades más seguras del país, con el nivel de confiabilidad de más alto en su corporación, vale la pena reflexionar por qué un policía podría incurrir en una conducta violenta.
La falta de capacitación en materia de derechos humanos podría ser la principal. En ocasiones, la propia violencia con la que se actúa, pudiera estar normalizada desde la propia educación que se recibe en casa, en donde un golpe, una nalgada, es vista como un control disciplinario. La interiorización de una verdadera cultura de derechos humanos es el punto fundamental para que en lo público y lo privado, las y los policías actúen con verdadero convencimiento en el marco al respeto de las garantías individuales, con una capacitación adecuada en el uso de la fuerza.
Omisiones en la supervisión del actuar del personal es otra de las causas. Si un policía transgrede los reglamentos y disposiciones que rigen a su institución y no pasa nada, lo seguirá haciendo. Más aún, estará probando otros límites. ¿Cuál sería la motivación de actuar de manera correcta si durante su carrera los cambios y “resets institucionales” de cada 3 o 6 años le cambian la jugada, los mandos y hay confusión sobre el “estilo de seguridad” que se requiere?
Otra posible razón es la que generalmente se posiciona en la opinión pública: un policía “malo”, que disfruta infringiendo dolor a su víctima (detenido). ¿Es posible? Si, cuando se da de alta en una plaza de policías a personas que no han aprobado exámenes de control y confianza, lo que podría resultar no solo en un delito por parte de la institución, sino en la contratación de personas de cuestionable trayectoria y/o salud mental. También es factible cuando el integrante no es reevaluado de manera constante, de acuerdo a lo establecido por los exámenes de control y confianza, así como cuando no hay una valoración y atención adecuada para un o una integrante después de una experiencia traumática.
Y ya ni qué decir de la propia discriminación que desde la Constitución de nuestro país se hace en contra de esta profesión, en donde aunque un policía sea dado de baja de manera arbitraria y sin fundamentos, inclusive con una resolución jurisdiccional a su favor, no es posible la reinstalación.
Señalar a las y los policías, así como cuestionar a toda una corporación siempre es la salida fácil. Lo extraordinario sería apelar a su derecho de presunción de inocencia ante hechos como el ocurrido en Mérida, mientras que lo extraordinariamente ideal es prevenir que ocurran agresiones y violaciones a derechos humanos fomentando la dignificación policial, con las herramientas adecuadas, incluyendo la dotación de recursos, capacitación constante y por supuesto, con una Constitución que no les discrimine.
Sophia Huett
