“Le pedí a Rosa Icela (Rodríguez, secretaria de Gobernación) que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos en estas áreas”, informó la presidenta Sheinbaum refiriéndose a la desaparición y asesinato de Los 43 de Ayotzinapa.
Eso dijo al día siguiente de reunirse (4 de septiembre) con los padres y representantes de los jóvenes, quienes la tarde anterior habían declarado: “Estamos decepcionados del encuentro”.
La mandataria dijo que se requiere de “expertos independientes” distintos a los del corrosivo Grupo Interdisciplinario de “Expertos Independientes”, el mismo que tanto contaminó y pudrió las investigaciones que condujeron a la “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República que nadie ni nada ha podido echar abajo.
La mandataria respaldó lo que se supone es una “nueva forma de investigación, mucho más basada en evidencias” que se lleva a cabo, para llegar a un “mayor conocimiento” de lo sucedido a los estudiantes.
Por desgracia, lo cierto es que a menos de tres semanas de cumplirse 11 años de la matanza —26-27 de septiembre de 2014— nada nuevo puede esperarse del faccioso compromiso de López Obrador (hecho desde antes de su campaña por la Presidencia) y asumido por Sheinbaum, de encontrar una verdad alternativa a la confirmada y ampliada por la Oficina Especial del Caso Iguala que encabezó José Trinidad Larrieta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo la presidencia de Luis Raúl González Pérez.
Lo que la Presidenta parece ignorar es que la ONU ya participó y reprobó en el mismo sensible asunto.
Desde el 29 de julio pasado, fecha en que padres, madres y representantes legales de los normalistas tuvieron su cuarto encuentro con Sheinbaum, supuse que carecía de todo sentido una quinta reunión en lo que va del actual sexenio, ahora lo confirmo.
A los padres y demás familiares de los muchachos, la falsaria comisión de la verdad que encabezó Alejandro Encinas y la fiscalía especial del nefasto Omar Gómez Trejo los ilusionaron para crearse expectativas que Sheinbaum y su gobierno jamás podrán cumplir.
Las averiguaciones ahora están encabezadas por el tercer fiscal especial, Mauricio Pazarán (sustituyó a Rosendo Gómez, de quien desconfiaban los padres), y la representación legal corre a cargo de Isidro Vicario Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en sustitución de Vidulfo Rosales, quien renunció para integrarse al equipo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz.
El próximo 28 de noviembre se cumplirán siete años de que la CNDH entregó su Recomendación 15VG/2018, en la que sugirió el envío de 114 restos óseos susceptibles de contener ADN para su estudio genético en la Universidad de Innsbruck, lo que la Fiscalía General de la República no ha hecho, pese a que de los análisis pudieran identificarse a muchos o todos (tres ya fueron reconocidos) los 40 normalistas cuyo paradero, por mera negligencia criminal, sigue ignorándose...
