Los servidores públicos, entre más responsabilidades tengan, deben contar con las mejores medidas de seguridad.
Son los casos, por ejemplo, de la presidenta de la República, los secretarios de Estado, las cabezas del gabinete ampliado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, los jefes y subjefes militares y policiacos de los tres niveles de gobierno, los jueces y magistrados del ámbito penal o los fiscales federal y de los estados.
Por eso no me alarma que los ministros del acordeón utilicen camionetas blindadas.
Lo que me asombra es la facilidad con que cambian de modelo teniendo vehículos con apenas tres o cuatro años de uso.
Esos nueve ministros están representando una gran pantomima por haberse comprado nueve camionetas Jeep Grand Cherokee, con precio promedio de 2.4 millones de pesos (sin blindaje cuestan poco más de un millón pero, según el nivel de protección en la carrocería y los cristales, el precio se puede hasta triplicar).
Vienen usando esas camionetas desde principios de año, pero este domingo, compungidos por las críticas que merecidamente se les han hecho, resolvieron que no volverán a utilizarlas, que se vería muy feo, que viva la “austeridad republicana” y que no puede haber un Poder Judicial rico y un pueblo pobre.
Ayer, en conferencia de prensa (y sin bordados alusivos a las culturas indígenas en su atuendo), el ministro presidente, Hugo Aguilar, explicó la reculada porque después de todo, se ufanó, él puede viajar en Metro.
El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó esas adquisiciones:
“Me dieron una nota de que había un contrato de renta y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos…”.
El supuesto “ahorro”, sin embargo, es por completo engañoso, porque el dinero ya se pagó sin haber motivos para hacer el gasto.
Ahora, cuando el escándalo estalló, Aguilar dice que las camionetas pueden asignarse a otros juzgadores que corran peligro.
Es una salida cómoda y cínica, porque en el ámbito penal —sobre todo en los asuntos de delincuencia organizada—, prácticamente todos los jueces se juegan la vida en cada sentencia.
No se requiere mucha imaginación para advertir que la seguridad judicial no es un lujo sino una necesidad estructural.
Lo que resulta grotesco es la simulación posterior, el acto de contrición, la mentira de la austeridad retrospectiva.
No fue a espaldas de los nueve que las camionetas fueron adquiridas.
Las anteriores, había dicho la Corte en un comunicado que bajó ya de su página electrónica, “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
Como si la toga blindara no solo el cuerpo sino también la conciencia, o si el nombramiento les diera licencia para hacer lo que en cualquier otro ámbito público sería escandaloso, más que protección personal, lo que exhibieron fue una ambición mal disimulada y una torpeza administrativa que indigna...
