El botín es de mil millones de pesos al año. Ese es el presupuesto de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) que la gobernadora Layda Sansores decidió apropiarse. Con ese objetivo operó la remoción del rector José Alberto Abud, quien tenía previsto competir por la reelección este mes de febrero.
La trama de la persecución contra el académico y la extorsión a las personas integrantes del consejo universitario pegan de gritos a propósito de la época que estamos atravesando, donde la justicia se reduce a un mero instrumento político.
El lunes 12 de enero, el rector José Alberto Abud salió de su domicilio en una camioneta propiedad de la UACAM. Conducía el vehículo un chofer adscrito a la dependencia y viajaba ahí también otro funcionario de la rectoría.
Salieron con tiempo para cumplir con un compromiso en la universidad. A medio camino, una patrulla de la policía estatal les ordenó detenerse. El oficial que los abordó informó que las placas del vehículo en el que viajaban habían sido reportadas como pertenecientes a una camioneta robada.
El conductor mostró entonces los papeles para demostrar que la universidad era la dueña de ese transporte. Supuso el rector que se trataba de una confusión, por lo que intervino solicitando al oficial que les dejara partir porque de lo contrario llegaría tarde al evento donde, en breve, debía estar presente.
El patrullero reaccionó con severidad y exigió que los pasajeros descendieran de la camioneta. Segundos después, vieron llegar una segunda patrulla, esta vez una SUV también vestida con los emblemas de la policía estatal.
De ese otro transporte descendió un oficial de nombre Cristiano Kituc Cach, quien se aproximó a los civiles para notificar que tenía órdenes de registrar el vehículo. El rector reclamó que no tenía autoridad para proceder de esa manera ya que aquella camioneta era propiedad de la UACAM y por tanto no había ningún delito que perseguir.
Sin atender, el comandante Kituc Cach abrió la puerta del copiloto y fue directo a la guantera, supuestamente para revisar su contenido. Tardó nada antes de pegar un grito luego de mostrar una pequeña bolsa de plástico en cuyo interior habría cinco gramos de cocaína.
Esa fue la señal para que el primer patrullero y su pareja saltaran sobre el rector Abud y con violencia estrellaran su cuerpo contra los cristales del vehículo. Luego colocaron las esposas en las muñecas, apretando al máximo para causarle daño. De manera similar procedieron aquellos agentes en contra de los otros dos tripulantes. Aquel hallazgo —el polvo blanco de la guantera— fue la prueba definitiva de que esos tres hombres eran unos delincuentes.
Fueron trasladados a la fiscalía estatal para que prestaran declaración. Cuenta el rector Abud que mientras desahogaban las primeras diligencias apareció otro policía dispuesto a hacerles menos penoso el momento.
Ese funcionario dijo que Cristiano Kituc Cach no era gente derecha. Compartió que solía recibir instrucciones para sembrar droga y con tal argumento detener personas inocentes.
Narra también el rector que Kituc Cach quiso ingresar a la oficina donde había sido consignada la cocaína, pero el policía amigo le cerró el paso. Cuando Abud interrogó sobre el motivo, este informó que la posesión simple de cocaína es un delito menos grave que la posesión de otras drogas como el cristal. A pesar de todo, habían tenido suerte.
Mientras esto sucedía, un golpe tremendo estaba a punto de asestarse contra la autonomía de la UACAM. Tanto la noticia como el motivo de la detención del rector penetraron con gran velocidad los oídos de la comunidad académica.
Por la tarde noche, algunos integrantes del consejo universitario, pertenecientes al sindicato académico, convocaron a una sesión extraordinaria del órgano máximo de gobierno de la UACAM, fuera del campus universitario.
El consejo universitario está compuesto por medio centenar de personas, es decir, que el quorum necesario para sesionar no necesita más de veintisiete consejerías. Narra el decano de este organismo, Lenin Hau Heredia, que a él lo forzaron a asistir al evento unos sujetos que le habrían mostrado imágenes de su esposa sometida con una pistola, dentro de una patrulla de policía. También habrían exhibido ante sus ojos fotografías de sus hijas e hijos, así como las direcciones donde residen.
“¡Firmas o ya sabes!”, asegura que le instruyeron. ¿Qué debía firmar Hau Heredia? Pues el acta de destitución del rector José Alberto Abud y el voto aprobatorio para nombrar a la señora Fanny Guillermo Maldonado como nueva cabeza de la UAC. Son varios testimonios los que confirmarían el mismo proceder en contra de otras personas consejeras cuyo voto fue forzado para consumar ese tremendo golpe contra la vida universitaria.
Los actos de violencia emprendidos por la policía y los operadores que extorsionaron a las personas integrantes del consejo universitario tendrían también como propósito inhibir cualquier acto de rebeldía o resistencia.
Si el gobierno del Estado sembró cinco gramos de cocaína, a plena luz del día, en la guantera de aquel vehículo universitario, ¿de qué más no sería capaz?
El rector Abud permaneció detenido durante tres días. El 15 de enero la jueza Guadalupe Martínez Taboada valoró la declaración de los patrulleros y la evidencia presentada concluyendo que había indicios suficientes para vincular al rector por posesión simple de cocaína. Impuso como medida cautelar la libertad condicionada mientras el ministerio público debía celebrar las investigaciones pendientes.
Quien conozca a José Alberto Abud, catedrático de setenta y tres años, hombre muy respetado y respetable, sabe que esta infamia es monstruosa. Sin embargo, en Campeche ya nada de lo que haga la gobernadora Layda Sansores sorprende demasiado. Es una dictadora que no conoce de recatos ni límites, deshonesta, perversa y sin ninguna moral. Una representante destacada del poder concentrado que se ha venido edificando en mi país y que es capaz de las peores arbitrariedades.
Ayer, sin embargo, un juez federal otorgó al rector Abud una suspensión definitiva respecto del acto de vinculación a proceso decretado por la jueza Martínez Taboada. Esta manifestación sorpresiva de la justicia abriría la puerta para el regreso de Abud a la rectoría. Resulta difícil suponer que la gobernadora Sansores vaya a resignarse frente a la derrota. Con todo, la noticia aporta esperanza.
