Heredar patrimonio a una causa solidaria es uno de los mecanismos más efectivos para la redistribución de la riqueza. En México hay una larga tradición de fundaciones dedicadas a apoyar causas nobles como la salud, el bienestar de los adultos mayores, las personas con discapacidad o la fauna y el medio ambiente, entre tantas otras.
Hurtar los recursos de esas fundaciones es tan infame como robarle a quienes más lo necesitan. Para proteger su patrimonio en México se cuenta con las Juntas de Asistencia Privada.
Un caso notable de irregularidad y presunto desvío de fondos involucra a la Fundación Haghenbeck, recientemente involucrada con el escándalo del Refugio Franciscano y responsable del maltrato de los perros y gatos que habitaban ahí hasta principios de este enero.
Dicho escándalo es en realidad solo la punta del iceberg de un relato de corrupción que lleva muchos años caminando.
La Junta de Asistencia Privada (JAP) de Ciudad de México está a punto de cambiar de titular. No es circunstancial que la pudrición de la Haghenbeck se haya manifestado en simultáneo a esta transición de poder.
Todas las partes afectadas saben que a la futura cabeza de la JAP le tocará atender este desastre. No sorprende por tanto que, desde antes, se hayan perfilado candidaturas cómplices y otras dispuestas a combatir la corrupción.
Este relato comienza en 1984, año con reverberaciones literarias, cuando Antonio Haghenbeck creó una fundación para el cuidado y beneficio de los animales, así como para la atención de personas adultas mayores y con discapacidad. Decidió también que, a su muerte, esta institución recibiría un robusto patrimonio de bienes inmuebles que, a valor presente, representaría varios miles de millones de pesos.
Entre los bienes más destacados se encuentra un edificio en la calle Newton, número 256, en la colonia Polanco, lugar donde han residido notables personalidades, entre ellas funcionarios del gobierno de la ciudad. Suma inmuebles en la colonia Roma, sobre las calles Tonalá y Culiacán, también sobre la avenida Durango; o en el centro de la ciudad, en las calles de López, República del Salvador, Cuba o Isabela Católica.
Igualmente, en Tacubaya donde se construyó una academia militarizada, o los predios de Cuajimalpa —entre ellos aquel donde se encuentra el refugio Franciscano— que en total rebasarían las cuarenta hectáreas.
A la muerte de don Antonio, solo algunos de estos inmuebles fueron reportados por la Fundación Haghenbeck a la Junta de Asistencia Privada, ya que según los patronos una cantidad importante estaba involucrada en un largo litigio testamentario con los sobrinos del generoso multimillonario.
Argumentó también la fundación que otra porción de esos bienes se encontraba en fase de adjudicación, proceso inconcluso por la dificultad que la institución enfrentó a la hora de pagar los impuestos. Omitió, sin embargo, referirse a las propiedades en el extranjero.
Durante más de veinte años, las personas responsables de administrar este patrimonio argumentaron que debían vender algunos de estos inmuebles para poder regularizar el conjunto de la herencia. Con este pretexto convencieron, por allá de 2002, a la JAP para que otorgara permiso de deshacerse del predio de Tacubaya, el de la academia militarizada.
Fue el mismo razonamiento que se utilizó para poder vender los predios de Cuajimalpa que don Antonio había entregado en comodato para instalar tres refugios animales. No obstante, con el paso del tiempo la JAP se dio cuenta de que el patronato de la Fundación Haghenbeck estaba omitiendo información delicada.
El primer aviso vino cuando verificadores acudieron a los inmuebles y descubrieron que los inquilinos de departamentos, casas y accesorias pagaban en efectivo rentas que la fundación no reportaba en sus estados financieros.
Encontraron también que algunos de esos inmuebles recababan rentas tasadas por debajo de los precios de mercado, por ejemplo, en el inmueble de Newton 256.
Otro de los hallazgos fue la omisión de los intereses recibidos por el dinero líquido obtenido por la venta del patrimonio, o bien, con el dinero que ingresó a la fundación cuando el gobierno capitalino expropió el predio donde alguna vez estuvo el cine Variedades.
Hacia 2019, la JAP decidió proceder contra quien resultara responsable por estos manejos ilegales, entre quienes destacaban dos personas: Carmela Rivero, la tesorera de la fundación (futura presidenta) y Verónica Blanco, la apoderada legal.
En ese momento ambas habrán visto frustrada la expectativa que tenían de vender la joya de la corona: el predio de cuarenta hectáreas ubicado a la vera de la carretera antigua México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
Sorpresivamente, pocos meses después lograron cambiar la suerte que les habría acercado a la cárcel. Hubo cambio en la titularidad de la JAP y aprovecharon este movimiento, no solamente para hacer que la parte denunciante se desistiera de la acción penal, sino también consiguieron la autorización para vender el predio de Cuajimalpa a la Fibra Uno, un fideicomiso dedicado al desarrollo inmobiliario de gran escala.
De acuerdo con el registro público de la propiedad, las dieciséis hectáreas del Refugio Franciscano se vendieron en 650 mil pesos. La señora Rivero afirma que en realidad se vendió en 650 millones, pero no ha sido capaz de proporcionar un solo documento que confirme su dicho.
Hay que mencionar que otra institución de asistencia privada vendió en la misma zona, en el año de 2015, un terreno que media una hectárea y media —10 por ciento del tamaño del refugio —en 800 millones de pesos. Es decir que, aun si fuera cierto que se transfirió el inmueble a la Fibra Uno en 650 millones, a precios de mercado se cometió un fraude a la fundación que merecería perseguirse.
Verónica Blanco González, la apoderada de la Haghenbeck, es el hilo del cual debería tirarse para desenmarañar esta trama de corrupción. Sus nexos con la diputada de Morena, Luz María Rodríguez, ayudarían para explicar el modus operandi de una infame ordeña al patrimonio de don Antonio.
En breve será seleccionada la persona que va a presidir la JAP por los siguientes años. En el escritorio de Clara Brugada, jefa de Gobierno, se encuentra el nombre de dos mujeres que pueden darle la vuelta a la página de esta lamentable historia: Roxana Saiz y María Estela Medina. También aparece un sujeto siniestro, José Andrés Casco Flores, cuyos intereses lo vinculan con las propiedades de Haghenbeck.
