Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal serán presididos por una mujer. La elección de la ministra Norma Piña rompió el techo de cristal y abre un horizonte esperanzador.
La ministra es hija del trabajo y del esfuerzo. Normalista de origen, estudió derecho en la UNAM y posteriormente realizó estudios de posgrado. Es una jueza profesional en toda la extensión del término. Comenzó su carrera en 1988, como secretaria proyectista en un tribunal colegiado. Después fue secretaria de estudio y cuenta en la Primera Sala de la Corte, jueza de distrito y magistrada de circuito, ambas posiciones por concurso. Desde 2015 es ministra de la Suprema Corte de Justicia.
En su primer discurso expresó con claridad su concepción de las herramientas con las que trabajan los jueces: estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez y empatía. Quien quiera conocer las ideas y orientación de la ministra Piña solo tiene que leer sus proyectos y votos. Es una juzgadora experimentada, estudiosa, meticulosa y articulada. Sus argumentos no responden a criterios políticos o ideológicos, sino a un entendimiento de la Constitución.
La definición de la política judicial de la ministra Piña está delineada en su plan de trabajo que se articula en tres ejes. En primer lugar, entiende que la función de la presidencia es la representación y administración de dos órganos colegiados: la Corte y el Consejo. Por ello, las decisiones de la presidencia están sujetas a la consideración de la mayoría. No se trata así de un proyecto personalista. Aquí hay un elegante pero contundente deslinde del ministro Zaldívar.
El segundo eje central es el fortalecimiento de la independencia judicial, a la que entiende como “un medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia, para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”. El tercer eje es la centralidad de los derechos humanos en la impartición de justicia.
La ministra Piña proviene de dos minorías en la integración de la Corte. Las mujeres y la carrera judicial. La responsabilidad que asume es enorme sobre todo en un momento que ella misma entiende como de “enorme complejidad” nacional e institucional. Sólo como botón de muestra está el bochornoso asunto de la ministra Esquivel, que aún dará de qué hablar.
Mucho más importante, la Corte tendrá que decidir sobre temas críticos para el país, en particular la constitucionalidad de las reformas en materia electoral y militarización. Alienta por ello que la presidenta entiende el quehacer de la Suprema Corte como una labor colegiada, cimentada en los valores de la democracia constitucional, que se construye en un órgano plural capaz de dialogar, discrepar y construir con independencia y por el camino trazado en la Constitución (aunque esto no siempre le guste al poder).
Sergio López Ayllón
