La reforma judicial de 2024 marca una nueva etapa para la justicia en México. Las y los jueces electos por voto popular están ya en funciones; sobre su desempeño se abren múltiples interrogantes: ¿qué criterios orientarán sus decisiones?, ¿cuáles serán sus incentivos institucionales y qué impacto tendrán en las sentencias?, ¿qué diferencias habrá respecto de quienes ocuparon antes esas posiciones?
Por ello, es indispensable generar información verificable sobre el funcionamiento y las resoluciones del nuevo Poder Judicial. La tarea es enorme: cientos de órganos jurisdiccionales, miles de sentencias y un entramado disciplinario recién creado que aún debe demostrar su eficacia.
En este contexto, diversas instituciones han puesto en marcha observatorios judiciales que se enfocan en ángulos distintos. Algunos privilegian indicadores de desempeño —tiempos de resolución, carga de trabajo—; otros se concentran en riesgos de captura o en el análisis de criterios relevantes en materia de derechos humanos. Esta diversidad refleja la amplitud y complejidad de los problemas derivados de la reforma judicial y la necesidad de observarlos con metodologías distintas. Las iniciativas provienen de varias universidades (Ibero, Itesm, Iteso) y de organizaciones de la sociedad civil.
Entre ellas destaca el Observatorio de la Justicia impulsado por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su planteamiento es ambicioso y parte de un diagnóstico explícito: la remoción masiva de personas juzgadoras, el riesgo de politización en la selección de perfiles y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades generan incentivos que pueden afectar la independencia judicial. Ante ello, el observatorio propone analizar empíricamente el impacto de la reforma en la calidad de las sentencias, los tiempos de resolución y el funcionamiento de los mecanismos disciplinarios. Lo hará mediante metodologías rigurosas y a partir de criterios sustantivos vinculados con el estado de derecho y los derechos humanos.
Un rasgo especialmente destacable es su doble eje de trabajo: jurisdiccional y disciplinario. Por un lado, desarrollará análisis sistemáticos de sentencias en materias clave; por otro, dará seguimiento a los acuerdos y procedimientos del Tribunal de Disciplina Judicial. A ello se suma una estrategia de alianzas y divulgación orientada a traducir debates técnicos en pedagogía ciudadana.
El reto ahora es ampliar el horizonte. La observación no debe limitarse al ámbito federal. Resulta indispensable impulsar observatorios judiciales locales. La reforma ya está en marcha; mirarla críticamente es una responsabilidad colectiva. En materia judicial, observar e informar es una forma elemental de rendición de cuentas: quizá la única que queda.
Posdata: María Amparo Casar, virtus civica in adversis probatur (el valor cívico se prueba en la adversidad).
