Este 12 de mayo se celebró en México el Día del Comunicólogo, una fecha que debería servir para rendir homenaje a quienes dedican su vida a informar, analizar y generar opinión en nuestra sociedad. Sin embargo, en lugar de festejos, lo que impera es una profunda preocupación por las condiciones en las que se ejerce esta profesión. En un país donde informar puede costar la vida, hay poco espacio para la celebración.
México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Tan solo en 2024, fueron asesinados al menos cinco periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y la UNESCO contabilizó siete casos en total, lo que coloca a nuestro país en el tercer lugar a nivel mundial. Además, encabezamos la lista global de periodistas desaparecidos, con 30 casos activos. Estos datos no solo son alarmantes: son inaceptables.
La violencia no es el único obstáculo. La impunidad es el sello que marca estos crímenes. Ocho de cada diez asesinatos de periodistas quedan sin castigo. El mensaje es claro: en México se puede matar a un comunicador y no pasa nada. Según Amnistía Internacional, el 43% de los ataques contra periodistas entre 2012 y 2023 fueron probablemente cometidos por funcionarios públicos. Es decir, el Estado no sólo no protege: muchas veces es parte del problema.
A esta realidad se suma una nueva amenaza, disfrazada de reforma legislativa. La llamada “Ley Censura”, impulsada en fechas recientes, ha generado fuerte rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Esta iniciativa pretende regular contenidos digitales de manera ambigua, lo que abre la puerta a la restricción de la libertad de expresión y al control de plataformas donde hoy se ejerce el periodismo independiente y ciudadano.
El riesgo es que esta ley se apruebe vía fast track, sin escuchar a los especialistas ni a las víctimas. Se trata de un intento más por controlar la narrativa pública en un país donde el gobierno debería estar garantizando el libre flujo de información, no limitándolo. Esta reforma, en lugar de proteger, vulnera derechos fundamentales y pone en jaque la democracia.
Pese a este panorama, los comunicólogos y periodistas siguen ejerciendo con valentía. Muchos de ellos trabajan en condiciones precarias, sin seguridad social ni respaldo institucional, arriesgando su vida por informar con honestidad. Su labor es fundamental para construir una sociedad crítica, informada y participativa. Son el puente entre los hechos y la ciudadanía, y merecen todo el respeto y apoyo.
Por eso, este 12 de mayo no basta con felicitar. Hay que alzar la voz por quienes ya no están, exigir justicia y mejores condiciones para quienes siguen en la trinchera. Defender la labor del comunicólogo no es solo una causa del gremio: es una causa de todos. Porque sin libertad de expresión, no hay democracia posible.
