El 31 de enero pasado, la titular del Ejecutivo Federal anunció que ese día enviaría al Senado de la República la iniciativa de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ahora que con la reforma constitucional del pasado 20 de diciembre desaparecen el INAI y los órganos garantes locales.
Estamos a 31 días de que venza el plazo para que el Congreso de la Unión cumpla con la disposición constitucional de adecuar y armonizar lo hecho con la reforma de diciembre pasado. Si bien el Ejecutivo federal puede presentar iniciativas, eso no impide que el Legislativo lo haga por su cuenta; pero ante el anuncio en Palacio Nacional, espera la propuesta del primero.
¿Qué pasa? ¿Por qué no envía esa iniciativa?
Desde acá, la respuesta puede ser simple: no le encuentran cuadratura al círculo, no por desmantelar los órganos garantes, sino por no encontrar el cómo centralizar todo desde una dependencia del gobierno federal (Poder Ejecutivo) sin violentar o suprimir competencias, soberanías, autonomías e independencias en los órdenes de gobierno estatal y municipal, entre Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos aún existentes, partidos políticos, sindicatos y particulares, como sujetos obligados constitucionalmente.
¿La reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales permite o posibilita que el Gobierno federal lo concentre todo, que tenga en sus manos y controle un nuevo Sistema Nacional de Transparencia como sí lo posibilitó la reforma constitucional de 2014 y que ahora fue anulada?
Por lo que observo, no, y ahora parece que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo federal, ni con la intercesión de la Virgen Desatanudos, encontrarán una salida, salvo que se brinquen todo, y con un “me canso ganso” (que ignora al otro con un “voy derecho y no me quito”), se imponga un modelo que anule soberanías estatales, autonomías de poderes y ayuntamientos, entre otros.
Elementos tangibles del vericueto en que se encuentran se tienen con la operación de la aún existente Plataforma Nacional de Transparencia, así como quién y cómo garantizará la protección de datos personales en sus dos vertientes (en posesión de particulares y en sujetos obligados).
Es factible, deseable, que esta semana se presente ante el Senado la iniciativa anunciada, quedando un mes para conocer y/o desentrañar qué salida le dan al “nudo gordiano” que armaron; si fue la Virgen Desatanudos quien les echó la mano, o de plano, echarán a andar la carreta con la esperanza de que las calabazas se acomoden solitas, y que las entidades federativas no les quede más que decir: “pos ni modo, así quedó” y el “copy-paste” de una Ley General sea su labor soberana.
