El maestro de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México (UPM) Carlos Warnholtz Bustillos, “traducía” a los imberbes alumnos expresiones del Codex Iuris Canonici (Código de Derecho Canónico), o propios un rescripto (respuesta a una petición) de la Santa Sede como el “se ruega encarecidamente”. Lo que se está pidiendo es “hágase”, sí, en imperativo; no hay opción, indicó el docente. ¿Y cuando en el lenguaje eclesiástico se dice que hay “preocupación” o que les “preocupa” algo en concreto, es porque están indicando un serio riesgo, problema, que hay que atender y resolver sin dilación.
Por segunda ocasión en cuatro meses, los obispos mexicanos, integrados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) han manifestado su “preocupación” sobre las reformas político-electorales presentadas y promovidas desde el Poder Ejecutivo federal.
“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, indicaron los obispos el 31 de octubre de 2022 cuando en el Congreso de la Unión estaba por definirse la reforma Constitucional en materia político-electoral (ver https://bit.ly/3fBurxr).
Catorce días después, ciudadanas y ciudadanos tomaron calles y plazas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Un evento organizado por organizaciones ciudadanas. Días después, la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral no obtuvo los votos necesarios en el Congreso de la Unión. Se desechó.
Sin embargo, al comenzar diciembre de 2022, el Ejecutivo federal envió un paquete de reformas a diversas leyes en materia político-electoral, que, para darle celeridad en el proceso legislativo, legisladoras y legisladores del partido del Ejecutivo federal y la “chiquillada” que hace coro con él, las hicieron suyas. Al no requerirse mayoría calificada para aprobarlas, sin los votos de la oposición las sacaron adelante.
A luz de la propia Constitución, del proceso legislativo, y principios democráticos, estas reformas atentan y desmantelan el sistema electoral mexicano construido en los pasados 30 años, con lo que se ha garantizado confianza, legalidad, certeza, independencia e incluso alternancia en quienes aspiran y llegan al ejercicio del poder público mediante elecciones libres, transparentes, confiables, con el voto de mexicanas y mexicanos.
Esta semana, luego de 20 días de impasse legislativo, el Senado de la república retomará el dictamen aprobado en materia político-electoral, el llamado “Plan B”, sólo para concluir el proceso legislativo y remitirlo al Ejecutivo federal para su sanción y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
¿Qué se prevé? Que siga la misma ruta que la Ley General de Comunicación Social (parte del “Plan B”) aprobada en diciembre y que entró en vigor el 28 de ese mes: recurrirla por inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿El Senado de la república tiene algún margen de acción para evitar que llegue a esa instancia el “Plan B”? En sentido estricto no, pues ambas cámaras del Congreso de la Unión ya aprobaron el dictamen. El Senado sólo puede dictaminar un cambio hecho por los diputados a la reforma, el impedir que los partidos políticos en coalición hagan un “trasvase de votos” (la llamada cláusula de vida eterna de la “chiquillada”, o en el argot tradicional, los “partidos satélite”).
En un caso extremo, el Senado de la república podría instrumentar una especie de “veto de bolsillo”, propio del Ejecutivo que se “guarda” un dictamen evitando su publicación y así entrada en vigor. Esto se ve imposible, pues la atención del Ejecutivo y promotores en el Legislativo están urgidos en que ya salga el dictamen de su ámbito.
Una vez concluido el proceso Legislativo en el Congreso de la Unión, el Ejecutivo tendría que publicarlo en el DOF, y con ello, se activarán acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. En este punto, sin embargo, se abre otro escenario: que el Ejecutivo postergue su publicación para reducir el tiempo y margen para que se interpongan recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN. No olvidemos que este año arrancan procesos electorales federal y locales 2023-2024, y que no son aplicables cambios al marco legal electoral 90 días antes de que los procesos comiencen.
El pasado sábado, a una semana de que ciudadanas y ciudadanos atiendan otra convocatoria, una vez más para manifestarse en apoyo a las instituciones electorales y llamar a la SCJN a respetar la Constitución cuando resuelvan las acciones y controversias constitucionales en materia político-electoral, la CEM, a través de su secretario general, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, jalisciense de nacimiento (Teocuitatlán de Corona, 27 de enero de 1956), pero tijuanense por adopción, de formación y experiencia diplomática en el Vaticano, emitió otro mensaje de “preocupación” a través de la cuenta oficial de la CEM en YouTube (https://youtu.be/KZAn5be0ZIk):
“Como Iglesia en México, hemos puesto de relieve varias ocasiones a la democracia como un indiscutible ‘signo de los tiempos’, como uno de los caminos más adecuados para mejorar y fortalecer a las instrucciones cívicas y políticas que velan por la libertad, los derechos humanos y la justicia, y que promueven el bienestar y el desarrollo de la comunidad, por su carácter participativo y representativo.
Ante la controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión dentro del llamado “Plan B”, los obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades (enfatizado) en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificación a diversas leyes electorales.
Por la importancia que tienen las instituciones responsables electorales como el INE, y por el derecho que asiste a los ciudadanos de garantizar la realización de elecciones libres y justas, los obispos de México hacemos un llamado para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden, respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, que rigen nuestro sistema electoral.
Expresamos nuestra confianza en que los legisladores y las autoridades que participan en estas deliberaciones resolverán con estricto apego a la ley lo que sea mejor para la consolidación de nuestra democracia, el bienestar, la paz y la concordia que hoy tanto necesita nuestro país”.
En los pasados dos años, el Episcopado Mexicano ha estado muy activo en temas sociales. En todos, como en estos de materia político-electoral, hay una constante: la preocupación por la paz, la armonía, la concordia, de “un país sumido en la violencia y la inseguridad”, en crisis económica, con retos como el aislamiento, la fragmentación y conflictos sociales. Los cambios político-electorales que están en curso alimentan más esos retos, por no decir menos.
Sobre esto, es de esperarse que en el programa (en formato de revista) llamado la “mañanera” y presentado como conferencia de prensa, alguien exprese su malestar con pregunta inducida ante este nuevo posicionamiento del Episcopado Mexicano, e incluso salga que los acusará ante el Papa Francisco, como lo hizo en el talk shows del 14 de noviembre de 2022 (ver: https://youtu.be/qn24s6tXpRI).
Rubén Alonso
Twitter: @jrubenalonsog
