Los próximos días, los que restan al periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura federal serán cruciales en dos temas: el futuro de la ciencia, la investigación y el desarrollo de la tecnología, y la garantía del derecho a la información en México. La alerta e intervención social deberá ser fundamental para salvar lo anterior.
Por un lado, en la Cámara de Diputados ya circula un anteproyecto de dictamen (consultarlo en https://bit.ly/3L4d3hv) elaborado por las comisiones legislativas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la de Educación, con el que se crea la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), abrogando con ello las leyes de Ciencia y Tecnología junto con la Ley Orgánica del Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), vigentes desde 2002, con base en una iniciativa que el Ejecutivo federal envió a esa cámara en diciembre pasado (ver Apuntes, “Libertad de investigación en peligro”, Milenio Jalisco 27 de febrero de 2023. https://bit.ly/41yECVE).
En tanto, en el Senado de la república, por instrucción desde el Poder Ejecutivo, se armó el “mundo ideal” para la actual Administración federal provocando intencionalmente la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). (Ver: https://bit.ly/3UCMAuR), y con ello más que conculcar ahora, se vienta y niega el derecho de acceso a la información pública.
Los efectos, consecuencias de estas acciones en las que convergen dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, no sólo son graves, sino peligrosísimas para nuestra vida democrática, la rendición de cuentas, el desarrollo y difusión del conocimiento, la construcción social de condiciones para mejorar la calidad de vida, el desarrollo personal y colectivo; y con todo ello, un derecho fundamental: la libertad.
¿Qué tienen en común, convergente, estos dos campos?: anulación del derecho a la información en sus tres vertientes sustanciales: buscar-indagar-investigar, recibir-acceder, difundir-expresar-comunicar datos, información, noticias, conocimiento.
¿Por qué los próximos días son cruciales? Al estar en el cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores) el tiempo se acorta (catorce días), y en el apuro, aprobar una ley de ciencia y tecnología, enunciativa, confusa, imprecisa y manipulada al llamarla “en materia de humanidades” que pondrá las bases para anular la libertad de investigación; en tanto, los Senadores cargarán evadiendo la responsabilidad constitucional de integrar el pleno del INAI.
El 29 de marzo y el 11 de abril pasados, a propuesta de académicas y académicos, la Cámara de Diputados realizó a su manera dos foros de Parlamento Abierto (Consultarlos en https://bit.ly/3ojXRE2 y https://bit.ly/3o6neZZ). Insuficientes, por cierto, por las implicaciones que conllevan las materias de investigación, ciencia, tecnología e innovación, sí, desde una perspectiva de derechos humanos. Las 17 horas de intervenciones terminan siendo una tomadera de pelo para investigadoras e investigadores. Los foros se realizaron con base la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal; ahora será imprescindible dos cosas: que vuelvan a convocarlos a un verdadero Parlamento Abierto donde se discuta y defina con las y los investigadores el proyecto de dictamen que desean presentar ante el Pleno del Congreso; y que en este participen investigadoras e investigadores de Centros de Investigación Públicos y Privados del país.
De la iniciativa de LGHCTI, no hay que perder de vista, se destacan los siguientes puntos de preocupación y peligro:
En el anteproyecto de dictamen, si bien eliminan que las “personas humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y técnicas adscritas a los Centros Públicos son servidoras públicas”, en la práctica los incorporan como tales, pues mantienen que “deberán observar en su desempeño los principios que rigen el servicio público”. Descartada queda la precisión propuesta por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, que propuso explicitar que investigadores y administrativos se rijan por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se retomaría lo conquista de este grupo de trabajadores, para que su labor concuerde con la autonomía y libertades de cátedra, investigación y docencia.
De manera indirecta, con un cambio de forma, se mantiene que investigadoras, investigadores y personal de centros públicos de investigación sean considerados y trabados como “servidores públicos” (Apartado B del artículo 123 de la CPEUM).
Los investigadores e investigadoras de ciencia básica y de frontera estarían limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno de CONACYT (con la participación de las Fuerzas Armadas), para poder acceder a financiamiento para sus proyectos.
Una “corrección” incorporada al proyecto de dictamen, con vistas a evitar que la norma sea controvertida, fue la incorporación, bajo el principio de “coordinación”, de las entidades federativas, los ayuntamientos y las demarcaciones de la Ciudad de México en la “integración, articulación y rectoría de un “Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”.
Es de llamar la atención, por lo nodal de su observación, lo señalado por Fausta Gantús, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, del CONACYT:
“En cuanto a los ‘derechos y obligaciones’ de los Estados para garantizar los derechos humanos, la ONU establece tres criterios básicos: respetarlos, protegerlos y cumplirlos. En la iniciativa de ley hay contradicciones fundamentales con los tres criterios, lo que invalida su supuesto propósito humanístico. Primero, se establece que para ‘respetar’ esos derechos el Estado debe ‘abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos’, en la ley la intervención e injerencia del Estado es una constante, es más, a través de los secretarios de Estado la rige y regula. Segundo, debe proteger ‘a las personas y a los grupos contra las violaciones’ de sus derechos y en esta ley se afectan los derechos de un sector de la población en cuanto discrimina entre personal del sector público y del privado. Tercero, incumple con su obligación pues no sólo no adoptan las ‘medidas positivas para facilitar el disfrute básico’ de ellos, sino que en algunos casos los restringe, como en el de la libertad académica y de investigación. Algo más hay que dejar anotado y es que en esta iniciativa de ley se confunden los derechos humanos con la utilidad pública. En tal sentido, los artículos segundo y tercero de la ley deben ser revisados y modificados” (ver: “Parlamento abierto y derechos humanos”, en la Silla Rota. 14 de abril de 2023. https://bit.ly/3GN5l8Z).
Y a todo esto, ¿qué dicen nuestras legisladoras y legisladores locales? La inoperancia del INAI trastoca el ejercicio del derecho a la información de las y los jaliscienses y al propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), y la propuesta de ley general, atravesará, por su naturaleza al marco jurídico e institucional en materia de ciencia y tecnología de Jalisco.
