La libertad de investigación en México está peligro. El 13 de diciembre de 2022, dos días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y mientras se definía la reforma político-electoral, el Plan B, el ejecutivo federal envió una iniciativa para crear la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias,Tecnologías e Innovación, y abrogar con ello las leyes de Ciencia y Tecnología y la Orgánica del ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología, vigentes desde 2002 (ver, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. https://bit.ly/3Znx8DT).
Las voces de alerta no se han hecho esperar, y lo básico que exige la comunidad de investigadoras e investigadoras es que desde el Congreso de la Unión de abra un amplio diálogo sobre dicha iniciativa, pues tal como está, mutilaría la libertad de investigación, centralizaría la investigación desde el aparato de gobierno, los investigadores serían ahora “empleados” del gobierno, quedando con ello sujetos a las políticas e intereses de quienes estén al frente de las dependencias gubernamentales; además, de contener contradicciones y falta de claridad en los apoyos a la investigación y formación de especialistas.
Si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con la actual Administración ha quedado subordinada a las políticas e intereses de grupos que ahora gobiernan, centros de investigación públicos y privados han levantado la voz de alerta a partir de conocer y analizar la iniciativa del Ejecutivo federal, y la práctica nula de iniciativa a la apertura para el análisis y diálogo desde el Congreso de la Unión, en particular las comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dictaminarán la iniciativa; además de las de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública, que deberán emitir opinión sobre la materia a dictaminar.
El pasado 15 de febrero, los Consejos Técnicos de Humanidades y de la Investigación Científica de la UNAM solicitó a la Cámara de Diputados “un espacio para elintercambio de ideas en torno a la iniciativa”. De entrada, exponen cinco puntos de preocupación sobre la iniciativa, la que:
“1. Restringe la libertad de investigación al hacer de lado la cienciabásica y la apertura de nuevos campos de conocimiento.
2. Presenta contradicciones con el marco legal existente referente a lapropiedad intelectual de los desarrollos científicos y tecnológicos.
3. Genera desventajas para estudiantes (de acuerdo con su disciplina)en los criterios de asignación para el otorgamiento de becas.
4. No desarrolla criterios y políticas específicas y diferenciadas para eldesarrollo de las humanidades, las ciencias, la tecnología y lainnovación.
5. No establecen medidas presupuestales acordes con nuestraConstitución Política.”
El ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, el pasado 17 de enero compartió algunas ideas-observaciones iniciales sobre la iniciativa, luego que el Conacy le pidió su opinión. Lapidariamente, señaló: “No satisface las exigencias constitucionales relativas a los derechos humanos y al sistema federal. Por lo mismo, es previsible la promoción de diversos medios de control de regularidad constitucional para impedir su entrada en vigor o su aplicación” (Crítica constructiva a la propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología. El País. Ver: http://bit.ly/3Z71dYI).
Dos elementos de particular preocupación.
1. El artículo 83 de la iniciativa de Ley plantea que “las personas humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras ytécnicas adscritas a los Centros Públicos son servidoras públicas…”, con lo echan por tierra las conquistas de luchas laborales de las y los investigadores, para que como trabajadoras y trabajadores tengan una condición de libertad laboral en un asunto nodal en la generación de conocimiento: la libertad. Al ser “clasificados” laboralmente como personas “servidoras públicas” estarán sujetas a tiempos y voluntades de los superiores jerárquicos de quienes determinen la política y programas, necesidades, priorizaciones y la ahora llamada “Agenda Nacional”, así como la asignación de recursos financiamientos para la investigación y formación de personas investigadoras.
¿Quiénes tendrán la última palabra en lo anterior? La Junta de Gobierno, que de acuerdo con la iniciativa estará integrada sólo por secretarías de Estado: Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura,Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía,Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente y RecursosNaturales, Relaciones Exteriores, y de Salud (Artículo 64 de la iniciativa de Ley).
¿Qué salta a la vista? Si comparamos la integración de la Junta de Gobierno actual (Artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de pasar de siete a trece secretarías de Estado del Gobierno federal, ¡se incorpora a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina! Sí, lo leyó bien. Ahora se propone que estén en el campo y desarrollo de la investigación, en el desarrollo del conocimiento, definiendo y aprobando políticas, planes, agendas y programas en este campo.
Las libertades, como la vida, siempre están en riesgo, por lo que hay que estar en alerta y vela permanente; pero en algunos momento de nuestra vida personal y social-comunitaria están en peligro. Y hoy, hay libertades que están en peligro evidente.
Twitter: @jrubenalonsog
