México ha sido desde sus orígenes un país bastante violento: buena parte de nuestra vida como nación independiente nos la pasamos matándonos los unos a los otros. Eran otros tiempos, desde luego, y el mundo entero era un escenario de escalofriantes atrocidades. El asunto, sin embargo, es que la Francia y la Alemania de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, la Bélgica del sangriento colonialismo de Leopoldo II, el Japón de la guerra sino-japonesa de 1894 y la Nueva Zelanda de la ‘Guerra de las Tierras’ son, hoy día, plácidas naciones, altamente civilizadas y con unos niveles de criminalidad –homicidios, robos a mano armada, violaciones y atracos— incomparablemente más bajos que los que sobrellevamos en este país (entendiendo que la delincuencia es violencia pura y no
otra cosa).
Cualquiera de los sucesos que acontecen a diario en México –los cadáveres que aparecen colgando de un puente, las mujeres asesinadas, los jóvenes que desaparecen de la noche a la mañana o los inocentes que son linchados por turbas salvajes por poco que parezcan mínimamente sospechoso a los pobladores de una comunidad— alcanzaría la dimensión de un verdadero escándalo si aconteciera en los antedichos países. Los mexicanos, por el contrario, parecemos habernos acostumbrado al horror cotidiano y no nos mueve ni lejanamente la indignación ciudadana que esperaríamos de una población colosalmente desamparada ante los despiadados embates de
la delincuencia.
Nuestra ira de individuos indefensos debería de ser la herramienta suprema para exigir, en todo momento y en toda ocasión, que ese Estado omiso, complaciente, desentendido e incapaz bajo cuya tutela tenemos el infortunio de encontrarnos tendría que responder, de una buena vez, al reto de procurar seguridad a sus ciudadanos, sin excusas ni pretextos.
La realidad de este país es punto menos que aberrante, por no decir monstruosa. Y el simple hecho de que nos hayamos acomodado a un estado de cosas tan supremamente brutal y que miremos hacia otro lado en lugar de unirnos, solidaria y combativamente, para pedir que esto se acabe, nos exhibe como una sociedad muy poco ejemplar y, sobre todo, profundamente insensible.
Sí, es cierto que el proceso de descomposición social no comenzó ayer y que, ya puestos, podríamos lanzar todas las acusaciones habidas y por haber para condenar, sin derecho a réplica alguna, a los responsables del pasado. Pero no se puede soslayar el hecho de que los actuales encargados de la cosa pública deberían, en estos mismos momentos, ser capaces de responder con fuerza y eficacia para garantizarnos la seguridad que merecemos los mexicanos en nuestra condición irrenunciable de individuos con derechos reales.
¿Cómo? Pues por lo pronto que comiencen a restaurar el edificio de doña Justicia en vez de recortarle recursos.
Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
