Nuestra normalidad es absolutamente espantosa. Los mexicanos, sin embargo, parecemos estar ya acostumbrados al horror cotidiano o, en todo caso, exhibimos una extraña indiferencia, como si las espeluznantes atrocidades que acontecen en el territorio nacional nos fueran totalmente ajenas.
El recuento de la brutalidad pasa por los feminicidios, los abusos a los emigrantes de Centroamérica que intentan alcanzar la frontera norte (vaya intrepidez, la de esta pobre gente, para que la perspectiva de ser violadas, ellas, o de afrontar, todos, a los canallas que les quitan lo poco que llevan encima, que los secuestran, que los esclavizan como bestias, que los extorsionan o los matan, no sea siquiera disuasoria y no les arrebate el sueño de vivir, algún día, un futuro mejor), las fosas clandestinas rebosantes de cadáveres, los cuerpos que cuelgan de los puentes y los despojos de humanos desmembrados en bolsas de plástico, macabras evidencias, cada una, de historias tan reales como sobrecogedoras, es decir, de hechos abominables que acontecen aquí, en este país, todos los días y que son parte, hay que repetirlo, de una aberrante normalidad.
La primera y gran pregunta que debemos hacernos, más allá de la evidente debilidad del Estado —o de su declarada ausencia—, de la crónica ineptitud de los Gobiernos y de la falta de voluntad política para instaurar un sistema regido verdaderamente por el imperio de la ley, es de dónde puedan haber surgido tantos individuos antisociales, tantos asesinos, tantos sádicos o, dicho en otras palabras, tantos monstruos en nuestra sociedad.
La mera existencia de estos individuos plantea igualmente el asunto de cómo neutralizarlos, siendo que ya están ahí, y nos obliga también a una reflexión sobre el fenómeno de la impunidad que disfrutan los delincuentes y los infractores en México. La posible relación entre una cosa y la otra —o sea, entre la insólita proliferación de sujetos salvajes y las deficiencias del aparato de justicia— se basaría en la suposición de que ellos saben que no pagarán ningún precio por cometer un crimen. Pero la cuestión de que no tenga lugar un castigo legal no aporta ninguna luz sobre los impulsos de estos hombres —matar e infligir horrendos sufrimientos a sus víctimas— ni nos da tampoco una pista sobre la presencia de gente así entre nosotros. Porcentualmente, podríamos decir que hay un exceso de personas malvadas en este país pero, al mismo tiempo, no creo que podamos afirmar que el fenómeno resulte exclusivamente de que la dejadez gubernamental les asegure ventajosas exenciones, así sea que hayan perpetrado los crímenes más odiosos y repugnantes.
Estamos hablando de gente deshumanizada cuyos derechos, por ello mismo, no debieren casi figurar en ninguna consideración sobre la urgentísima necesidad de combatirlos. No olvidemos que la primerísima razón de ser del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos y que puede ejercer con toda legitimidad la fuerza para someter a los individuos peligrosos. No parece ser ésta una de las prioridades del actual Gobierno, sin embargo. O sea, que seguiremos viviendo en el infierno.
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