A iniciativa de Ricardo Monreal, próximamente se discutirán en el Congreso reformas que, de ser aprobadas, permitirán anular cualquier elección donde se considere que hubo “presión política, económica, diplomática o mediática que tenga por finalidad alterar la voluntad popular”, y a la Presidenta le pareció una excelente idea: “Creo que es buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos. Lo que hace esa iniciativa es decir: si se demuestra que hay injerencia de otros países en las elecciones, pues que sea para el INE o el Tribunal un asunto de nulidad de la elección”.
Y es que, sí, suena bonito. El problema es que, a la fecha, son causales de nulidad el excederse en los gastos de campaña, o el uso de recursos de procedencia ilícita, y ambos han sido documentados alrededor de no pocos candidatos de Morena sin que dijeran ni pío lo que queda del INE o los tribunales electorales, ni menos sus agremiados hoy envueltos en la bandera ante el requerimiento de detención de una decena de narcopolíticos que Washington ha pedido por los cauces legales y con sobrado fundamento.
Porque lo que les importa, claro está, no es la integridad electoral; una vez que nuestros votos les dieron el Legislativo y el Ejecutivo poco tardaron en quitarle la autonomía al INE y a los tribunales, electorales y a secas. Menos les molesta la injerencia extranjera; desde que López asumió la presidencia los espías y propagandistas rusos, y los agentes cubanos y venezolanos, disfrazados de médicos o de asesores, se han multiplicado en México como babushkas en día de mercado.
Lo que en los hechos les permitirá esta reforma, ahora que son juez y parte en el proceso electoral —cómo olvidar que Bartlett justificaba la zarpa de la dictadura en las urnas como un fraude patriótico—, es la capacidad de echar abajo todo resultado adverso o incómodo. López usó una y otra vez la excusa de una corrupción que sin duda existía pero que su gobierno nunca probó ni mucho menos acotó para destruir los proyectos que le disgustaban, o las instituciones que cobijaban a los ciudadanos limitando el poder y los abusos de su gobierno. Hoy su regencia alega intromisión extranjera para darse permiso de aniquilar cualquier posibilidad de que la magra oposición que tenemos algún día les dispute el poder.
A la fecha no sé de casos de intromisión extranjera real, o al menos efectiva, en nuestras elecciones. Pero en este gobierno la realidad ha dejado de tener la menor importancia, y les resultará juego de niños fabricarse un masiosare de humo cada que lo requieran. Eso sí: la interferencia del crimen organizado para colocar en el poder a cómplices sumisos vía extorsiones, dinero ilícito, levantón de opositores, intimidación de votantes y hasta robo de urnas está más que documentada. Pero si de verdad quisieran cumplir la Ley y bajar a los aludidos se quedarían sin la mayoría de sus gobernadores, sin parte del Congreso y, en una de esas, sin una Presidenta que por algo prefiere proteger de los embates de Trump, antes que a México, a un político que le entregó su gubernatura entera al Cártel de Sinaloa.
