Hace días el New York Times reveló que miembros destacados de Morena han buscado, a través de agentes de la DEA, acercamientos con las fiscalías gringas antes de que se haga público que se quedaron sin visa o que les finquen acusaciones formales. Para descalificar la nota desde Palacio recalcan que no hay pruebas, que las fuentes son todas anónimas. Y eso es cierto, pero no se puede olvidar que dos de los imputados por complicidad con el narco junto al gobernador de Sinaloa —su ex secretario de Seguridad, el ex general Gerardo Mérida, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de finanzas— se entregaron solitos, y que Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, iba rumbo a Tijuana a hacer lo propio cuando recibió una llamada y mejor se dio la media vuelta. Por si fuera poco, hace unos días escuchamos a la gobernadora de Baja California haciendo exactamente lo que consigna el Times.
Y es que al norte del Bravo publicar fuentes anónimas no significa imprimir lo que cualquier tarado llega y dice, como a veces parece suceder en México. Los filtradores no se salvan de un escrutinio más riguroso que el que les aplicarían si permitieran ser citados; ¿ocupan cargos relevantes, o cuál es su cercanía con el tema? ¿Su reputación es intachable o tienen esqueletos en el closet? ¿Muestran datos y documentos que respalden sus afirmaciones, aunque éstos no se puedan ventilar públicamente? ¿Hay otras fuentes dispuestas a confirmar lo dicho? Si no se cumplen las necesarias condiciones, los editores, que no deben confundirse con correctores de estilo, paran la nota sin la menor misericordia. Y lo mismo sucede en las fiscalías: hay meses de investigaciones y revisiones independientes para validar la solidez de lo aportado antes de que a cualquier malandro se le permita dar testimonio público ante las cortes; después de todo, ningún fiscal va a arriesgar la credibilidad de su caso presentando información que la defensa puede hacer pedazos revelándola como falsa o imprecisa.
Hablando de cortes, hace apenas un par de semanas, en la primera audiencia formal del general Mérida, la jueza Katherine Polk Failla ordenó que la siguiente reunión se demorara varios meses dada la cantidad de evidencia por cribar entre la defensa y las fiscalías. Es sabido que la oficinita esa en Nueva York, la DEA y el FBI cuentan desde hace rato con ríos de información clave proporcionada en parte por los capos más pesados de México y en parte por investigaciones propias con instrumentos de vigilancia de punta, y que en modo alguno se componen sólo de dichos o de testimonios de criminales obligados. Pero los compañeros reporteros y yo nos extrañamos sobremanera cuando la jueza terminó acotando, sin mayores explicaciones, que estaba por llegar mucha más, “y en olas”.
Con perdón de la soberana propaganda mañanera, lo ingenuo a estas alturas sería creer que las gargantas profundas guindas, indiscutibles cómplices del narco en el poder político, no están ya cantando a mares para salvar sus propios pellejos. Y que sus trinos no apuntan, todos, hacia Palenque.
