La Casa Blanca anunció este fin de semana que, a 10 meses de la operación Lanza del Sur, una que ha arrojado 221 muertos a la fecha, se ha detenido casi por completo la entrada por mar de fentanilo y de otras sustancias prohibidas a Estados Unidos. El mes pasado el presidente Trump dijo que la reducción ha sido de 97.2 por ciento.
El problema de inventar datos es que, como sucede en nuestras mañaneras, las cifras duras no tienen empacho en contradecir la propaganda desde la oficialidad. Por una parte, porque el fentanilo, que a pesar de la muina de López Obrador se produce mayoritariamente en territorio nacional, no cruza a Estados Unidos por agua sino por tierra y, por la otra, porque la revista The Atlantic reporta que los precios callejeros de la cocaína, que sí suele viajar por mar, han caído al norte del Bravo a niveles no vistos desde los años 90, lo cual no sucedería si hubiera escasez.
Asombrosamente, ante estas acciones jurídicamente cuestionables, moralmente reprobables y más inútiles y opacas que el Tren Maya, el gobierno mexicano no ha dicho ni pío. Ni siquiera porque los justificantes que hoy esgrime Washington para llevar a cabo estas ejecuciones extrajudiciales son exactamente los mismos que dará si, como avisó Trump como siguiente paso en la última reunión del G7, mañana decide hacer llover fuego sobre, digamos, Baja California, o cierta colonia cercana a Culiacán donde vive un conocido sospechoso.
Veamos: el pasado 16 de febrero el gobierno gringo anunció por todo lo alto, con video para probarlo, que había matado a ocho narcoterroristas en las costas del Pacífico, a la altura de Nayarit. Sí, las lanchas estaban en aguas internacionales. Sí, transportaban gasolina para recargar los barcos de los cárteles. Y sí, como acaba de revelar Los Angeles Times, los muertos eran mexicanos. El Times añade que desde entonces cinco paisanos más han sido abatidos en alta mar. Y que en todos los casos México ha guardado un sepulcral silencio, respondiendo con ese cómodo no tenemos información que parece ser la marca de este sexenio. A lo más, en octubre, luego de cuatro o cinco golpes a la altura de Acapulco, Sheinbaum anunció que la Marina había salido a buscar sobrevivientes, pero que era un asunto de rutina, una ayuda que México le brindaba a Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, y ya. Esta inacción cobarde es doblemente lesiva en boca de quien ha defendido con bilis, uñas y dientes a sus narcopolíticos de unos requerimientos, esos sí, protocolarios y en regla, hechos por la justicia yanqui.
El hecho es que, a partir de septiembre, a lo largo y ancho de nuestras costas, justo en los días cuando el Comando Sur ha anunciado en cadena nacional la destrucción de alguna lancha tildada de narcoterrorista, pescadores mexicanos que salieron por la mañana no han regresado por la noche sin que Palacio levante una ceja. Quienes le confirman a los deudos que sus familiares han muerto bajo bombas masiosares son las autoridades y los narcos locales que, en boca de Terry Cole, el jefe de la DEA, son una y la misma cosa.
Y, a ver, aléguenle.
