Tres tristes drones al servicio de los traficantes de migrantes y de drogas de los cárteles, que las noches del 25 y 26 de agosto volaban sobre la frontera norte para vigilar y esquivar rondines de la patrulla fronteriza, fueron derribados por el Comando Norte estadunidense con armas de estreno: unos láser de alta energía que a principios de este año fueron probados por el Pentágono sin notificarle antes a su Administración de Aviación Federal, causando el cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, por cerca de un día.
El hecho es que, pifias aparte, la Fuerza Conjunta fronteriza tiene rato entrenando a sus elementos en el combate y neutralización de los drones de guerra que, cada vez más, son usados por el crimen organizado mexicano, y no sólo como ojos en el cielo; ya desde julio de 2018, en Tecate, la casa del entonces secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, fue atacada con drones bomba hechizos que, afortunadamente, no detonaron.
El problema es que, al paso de los años, la guerra de los drones no ha hecho sino refinarse: ex militares colombianos han ido a Ucrania, presentándose como voluntarios o trabajadores humanitarios, para capacitarse en el país que ha convertido a los zancudos mecánicos en la peor pesadilla de Putin. Por algo hoy se están volviendo la peor pesadilla de los mexicanos: recordemos cómo, en la madrugada de julio de 2026, la Nueva Familia Michoacana lanzó sus drones bomba contra las comunidades rurales de Guajes de Ayala, en Guerrero, poniendo a correr entre llamas a mujeres y niños semidormidos.
La guerra contra las drogas, que parece haber alcanzado en esta presidencia su punto más álgido, hoy incluye como blancos válidos a los políticos que en México le garantizan a los cárteles prosperidad e impunidad. Con esto, el problema existencial para nuestro nuevo partido de Estado son dos: que la Presidenta se rehúsa, probablemente con razón, a permitir en suelo mexicano ataques conducidos y operados por el ejército gringo, acciones que Trump, quien no entiende razones cuando lo contrarian, ha demandado una y otra vez, y que a pesar del discurso masiosare parecen ser lo único a lo que Sheinbaum se le ha negado en los hechos. Y, lo más candente: que la mayoría de los políticos señalados como cómplices por las fiscalías gringas, y por los hechos, son altos mandos de su propio partido, incluyendo al fundador y a su familia. Peor aún, todos ellos viven en México sin ser molestados gracias a la protección que Sheinbaum les brinda con un fervor guadalupano, uno que equipara los válidos requerimientos de las cortes al norte con gravísimas ofensas a la nación.
La realidad es que, hasta ahora, el Departamento de Estado y las fiscalías gringas se han limitado a enviarle a los sospechosos requerimientos de detención con fines de extradición perfectamente protocolarios, a retirarles las visas y a jugar con sus mentecitas filtrando audios comprometedores. Pero a la vuelta de la esquina vienen unas elecciones cargadas de encuestas negras para el mundo Maga, y esa civilidad puede esfumarse en cualquier momento.
