La tortura es regla y no excepción en el sistema mexicano de justicia, destacadamente cuando la autoridad no cuenta con otra prueba para acusar y entonces fabrica confesiones utilizando métodos inspirados en la Inquisición.
En México son cientos, quizá miles los casos de mujeres y hombres privados de la libertad cuyo proceso tiene como principal sostén una declaración, propia o ajena, obtenida mediante violaciones a la integridad física y/o sicológica de las personas.
Una consecuencia derivada de esta aberración es la tardanza con que los jueces emiten sentencia en primera instancia a propósito de los casos en los que se presume la ocurrencia de tratos vejatorios e inhumanos.
Resulta que, en vez de corregir las actuaciones desviadas de los funcionarios fabricantes de delitos, es decir, de sancionar la violación a los derechos humanos de las personas procesadas, los juzgadores suelen pasmarse y enviar al limbo tales expedientes.
La tardanza para emitir sentencias en casos en los que se presume tortura se explica principalmente porque los jueces no quieren pagar el costo político de liberar a una persona víctima de una fabricación ordenada por funcionarios de alto nivel, pertenecientes a la policía, las fuerzas armadas, el ministerio público o los servicios periciales.
Los expedientes más sonados de tortura y fabricación ayudan a explicar esta lógica aberrante. Vale recordar aquí, por ejemplo, el caso Jacinta, Teresa y Alberta, las tres mujeres HÑÄHÑU acusadas por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) —cuando su titular era Genaro García Luna— de haber, supuestamente, secuestrado a seis agentes policiacos.
En principio estas mujeres no fueron liberadas gracias a la intervención de un juez porque, a pesar de haber evidencia abundante sobre la invención del delito y también sobre la violación a las garantías procesales de estas mujeres, el juzgador responsable prefirió cruzarse de brazos hasta que, debido a una presión internacional importante, la Procuraduría General de la República (PGR), puntualmente en el caso de Jacinta Francisco Maciel, decidió renunciar a la acción penal.
El sonadísimo caso Cassez-Vallarta exhibe elementos similares: la AFI de García Luna y Luis Cárdenas Palomino fabricó una escena de secuestro, inventó una supuesta banda criminal, Los Zodiaco, y torturó a Israel Vallarta y varios de sus familiares; además, utilizó a los medios de comunicación con el objeto de darle publicidad al presunto buen desempeño de las autoridades.
Un tercer caso que reproduce el patrón es el que volvió muy popular a Isabel Miranda de Wallace. Esta mujer, apoyada en un principio por José Luis Santiago Vasconcelos, entonces subrocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, y luego por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, corrompió tareas exclusivas del Estado para detener, torturar y obtener falsas confesiones de los presuntos secuestradores de su hijo, Hugo Alberto León Miranda.
Sumó luego a su charada a los servicios periciales de la entonces PGR que aportaron evidencia genética y digital, también fabricada, para darle solidez a un caso que no la tenía. Se añadió también un despliegue mediático de grandes proporciones: el poder económico de la señora Wallace permitió que las personas imputadas fuesen exhibidas como culpables, a través de anuncios espectaculares, cuando no existía en su contra siquiera una orden de aprehensión.
Las muchas irregularidades coincidentes en estos ejemplos, en un sistema judicial distinto al mexicano, habrían sido rápidamente atajadas por los jueces. En efecto, los tribunales suelen ser los principales responsables de asegurar que nadie sea torturado, que las confesiones y las pruebas fabricadas salgan del expediente y también de sentenciar en un plazo razonable que respete el principio de que la justicia debe ser expedita.
Sin embargo, en México, ya se dijo, donde hay tortura y fabricación suele también haber dilación.
Las cárceles federales mexicanas están pobladas de manera importante por personas privadas de la libertad debido a esta triple ocurrencia de hechos. El Instituto Federal de la Defensoría Pública ha venido elaborando una lista cada vez más precisa de casos que reúnen las características citadas.
En este contexto cabe aplaudir el anuncio que hicieran esta semana Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, secretaria y subsecretario de Gobernación, respectivamente, a propósito de un decreto presidencial que tendría como objetivo devolverle dignidad y justicia a las personas privadas de su libertad que hayan sido torturadas, así como a quienes no hayan recibido sentencia en primera instancia después de diez años de reclusión en prisiones federales, (siempre y cuando no estén acusadas de haber cometido delitos graves).
Durante la conferencia matutina en la que se celebró el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para subrayar que la Secretaría de Gobernación sería artífice de este decreto, ya que no es más “la secretaría de la represión y el autoritarismo, sino de la protección de los derechos humanos y la procuración de justicia.”
El decreto está previsto para su publicación en septiembre próximo y muy probablemente coincidirá con la fecha del aniversario de la Independencia.
Queda aún pendiente definir el papel que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) habrá de asumir después de emitido dicho decreto. Se trata de la institución que ha estado, junto con la policía de investigación y las fuerzas armadas, detrás de la mayoría de los hechos de tortura. También ha sido responsable de presentar ante los jueces confesiones y pruebas fabricadas y, por último, de recurrir cuanta decisión tomen los tribunales cuando se deciden a proteger derechos humanos, lo cual termina alargando innecesariamente los procesos.
Excepto en el caso de Jacinta, Teresa y Alberta, no hay registro de que la FGR haya revisado su actuación y, a la postre, haya inhibido por decisión propia la acción penal.
Para que transcienda el decreto referido por el Presidente y los funcionarios de Gobernación, sería fundamental que la FGR concurriera con una política de procuración de justicia (esta no es responsabilidad de Gobernación), coincidente con la lucha que, desde el Ejecutivo y también desde la Defensoría Pública, se estaría dando contra los tratos inhumanos y la tardanza judicial.
@ricardomraphael
