Hay sociedades que destruyen deliberadamente su memoria. En primera fila se encuentra la mexicana. Hay sociedades que arrasan intencionalmente con la verdad sobre su pasado. También entre las más destacadas se halla la nuestra. En mi país, cada vez topan con pared las iniciativas emprendidas para conseguir memoria, verdad y justicia sobre los abusos autoritarios de la política.
El reporte publicado esta semana por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) confirma esta tesis. El jueves 28 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo presidencial instruyendo a todas las oficinas del gobierno de México para que transfirieran al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos que… se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones… vinculadas con movimientos políticos y sociales”.
Hay cuatro dependencias que debían haber atendido prioritariamente este mandato: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen.
Sin embargo, estas cuatro instancias se han burlado descaradamente del acuerdo. Desde su fecha de emisión han transcurrido mil 558 días y al AGN han llegado únicamente 10 cajas relativas a 1984. El remitente de esos documentos fue el CNI, dependencia que no entregó ni un papel más. De su lado, Sedena, Semar y FGR de plano no trasladaron nada.
Para el MEH este hecho significa un problema grave, porque sin tales archivos no será capaz de realizar el trabajo encomendado, también por el Presidente. Pero el problema no termina aquí. Tampoco el AGN ha mostrado disposición para apoyar la misión extraordinaria encomendada al mecanismo. Es la hora en que su director general, Carlos Enrique Ruiz Abreu, no se digna a recibir a los integrantes del MEH.
El reporte presentado esta semana sobre los archivos que originalmente pertenecieron al Cisen tiene, entre otros propósitos, denunciar al AGN por la pésima gestión respecto de los documentos que, durante 17 años, estuvieron guardados en la antigua Galería uno.
Ese reproche tiene como destinatarias a las anteriores administraciones del AGN, pero también a las personas actualmente responsables. Los de antes y los de ahora deben explicar cómo fue que una cantidad muy grande de documentos —originalmente resguardados en el centro de documentación del Cisen y entregados al AGN en 2002— se esfumaron de los anaqueles.
El relato sobre esta desaparición documental está todavía por escribirse. Este comenzaría por el arribo de 4 mil 233 cajas, en cuyo interior había alrededor de 58 mil 302 expedientes y más de 4 millones de fichas, material todo proveniente del Cisen. Aquel primer traslado fue instruido por el entonces presidente Vicente Fox, cuyos subordinados sí le hacían caso. Prueba de ello es que, en aquella época, no corrieron más de 84 días antes de que se cumpliera con el mandato presidencial.
Entre 2002 y 2019 sucedió una anormalidad que debe también ser explicada. En lugar de que el personal del AGN se responsabilizara de ordenar, describir, catalogar y digitalizar aquel primer fondo documental, alguna burocracia del Cisen se mudó a laborar a la Galería uno para hacerse cargo de esa tarea.
Esta gente no sólo custodió documentos, también vigiló a las personas investigadoras, internas y externas al AGN, que solicitaban acceso a los archivos. El reporte del MEH infiere que durante esos mismos años dicho personal pudo haber sustraído los documentos físicos faltantes y también habría borrado partes relevantes del archivo digitalizado del Cisen.
Hay testimonios por corroborar que dicen que —semanas antes de que el presidente López Obrador tomara posesión— cientos cajas del AGN regresaron al centro de documentación del CNI. Entre los archivos recuperados por el antiguo Cisen estarían las fichas relativas al personal que en su día trabajó en la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Ahora bien, el MEH no descarta la posibilidad de que varios de esos archivos se hayan desvanecido en fecha posterior, es decir, durante la presente administración. Dado que la autoridad no ha dado la cara para explicar el hurto, o bien la salida ilegal de los documentos, no puede descartarse la responsabilidad de Ruiz Abreu, director del AGN, así como de Gabriela Pulido, encargada de la oficina para la memoria histórica.
Estos funcionarios serían cómplices del desacato a la autoridad presidencial, perpetrado por las cuatro dependencias antes mencionadas (Sedena, Semar, FGR y CNI), respecto del acuerdo de febrero de 2019. ¿Por qué la cabeza del AGN no ha hecho ningún reclamo a las instancias omisas? ¿Por qué no denunció el hurto de los archivos ocurrido, presuntamente, durante los últimos meses de 2018? ¿Por qué ha dado la espalda a la tarea encomendada al MEH? Y, más importante que todo, ¿por qué personal del AGN cobra en la nómina de esa institución, pero labora en oficinas que se encuentran fuera de sus instalaciones?
En 2002 Vicente Fox ordenó la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Ésta tenía como propósito hacer justicia frente a hechos producidos durante la época más dura del autoritarismo priista. Al final, las fuerzas retrógradas y oscuras ganaron la batalla y descarrilaron los esfuerzos de dicha fiscalía.
En 2019, Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación del MEH, cuya jurisdicción implica investigar violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Cuatro años después de aquella decisión política, está sucediendo con este mecanismo lo mismo que pasó con la Femospp. Fuerzas que operan en acuerdo con intereses nada claros han sido más poderosas que la intención de la llamada cuarta transformación por recuperar memoria, verdad y justicia.
Después de publicar su reporte de esta semana, dedicado a denunciar al CNI, tendrían las personas integrantes del MEH que reclamar igualmente a la Sedena, a la Semar y a la FGR por burlarse tan descaradamente de las órdenes del Presidente.
Acaso un quinto informe sería igualmente necesario; uno que permita entender por qué el Palacio de Lecumberri, que hoy alberga al AGN, sigue siendo una prisión donde se entierran memorias que, (nos habían prometido), iban a ser públicas.
