Sonaron los tambores para una nueva reforma judicial. Si, una más en la lista, con la finalidad de lograr eso que han llamado “prosperidad con justicia”. Se puso en la mesa la necesidad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular. Un cisma para el modelo de la función judicial mexicana por donde se le vea, sin evidencia, sin datos que muestren cuáles son los desafíos por superar.
Aunque claro, una ocurrencia de ese tamaño, además de las implicaciones para el Instituto Nacional Electoral (INE), permite hablar de algunos de los retos que sí enfrenta el sistema judicial y que se podrían sintetizar en dos palabras: Justicia Abierta. Si, esa iniciativa que emula la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) cuyo sustento son los principios de transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana, que no ha sido materializada.
Respecto al primero, transparencia, hace un par de meses el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2023. Un informe que ofrece datos sobre gestión y desempeño a partir de cuestionarios aplicados a operadores para explicar, por ejemplo, cuántos expedientes ingresan, cómo se distribuyen, cuántos se resuelven, en fin, datos cuantitativos que muestran parte de la película, pero quedan a deber en cuanto a desempeño, alejándose de ejercicios sí permiten evaluar el debido proceso.
Esto va de la mano del segundo principio, rendición de cuentas, por tratarse de una parcial descripción del quehacer judicial. En cuanto al tercero, innovación, sin duda hay mejoras, pero ver que de repente surjan iniciativas como IureChido en donde convergen Inteligencia Artificial (IA) y Derecho para influir en el aprendizaje e investigación jurídica con herramientas gratuitas, evidencian que quizá una estructura del tamaño del Poder Judicial podría hacer mucho más y con ello, influir de paso en el cuarto principio, participación ciudadana.
INEGI reportó que en 2022 solo el 12.2% de la ciudadanía manifestó que el desempeño de los jueces es efectivo. Esto último remite al primer principio y pone énfasis en la importancia de las fuentes y la calidad de información para preguntar ¿a quién le creemos más, a los empleados que llenan cuestionarios o a la ciudadanía destinataria final de la justicia? En fin, hasta aquí se ha hecho referencia al Poder Judicial Federal que no todo mundo tiene la posibilidad de acceder. Pero además hay 32 poderes judiciales locales que también son parte de la justicia mexicana, más cercanos al día a día de la población y que reflejan un mosaico de circunstancias diversas ¿será verdad entonces que eligiendo a los ministros en las urnas mejore la justicia?
