La empresa israelí AI121 diseñó un mecanismo de inteligencia artificial (IA) para responder, a través de un chat, consultas legales. Las respuestas pueden ser “si”, “no” o “quizás”, acompañadas de una breve justificación. Un ejercicio que refleja la rampante carrera de innovación entre derecho y tecnología. Sin embargo, lo más novedoso del proyecto es que los algoritmos, a partir de los cuales se diseñó, se alimentan de una base de más de 600 mil palabras que reflejan las opiniones, entrevistas y resoluciones de la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida en 2020. Una obligada referencia jurídica internacional por sus aportaciones a la agenda de discriminación por razón de género que impactaron en el rumbo de las decisiones judiciales respecto del papel que jugaban hombres y mujeres en casos de, entre otros, prestaciones laborales, viudez o maternidad.
Dicha herramienta tecnológica no es un razonamiento autónomo; es la posibilidad de recibir respuestas de un legado intelectual, cerrando la brecha entre un histórico personaje y cualquier persona. Tampoco tiene la capacidad de analizar la causalidad o particularidad de circunstancias específicas. Y más aún, no debe ser material para discutir respecto de aquellas máquinas con las que, para algunos, se busca suplir el papel del juez, el “juez robot”. Es más bien un ejemplo del aprovechamiento de la IA para diseñar mecanismos que contribuyan a una Justicia Abierta de la que, por ejemplo, mucho se ha hablado en México, aunque se le sigue quedando a deber a la ciudadanía.
En 2011 surgió la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), una propuesta multilateral sustentada en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y aprovechamiento de la innovación. México fue uno de los países fundadores y a partir de su creación, surgieron diversas iniciativas con ese componente fundamental de apertura. Una de ellas fue esa Justicia Abierta, que categóricamente tendría que regirse por los mismos principios.
Dicho lo anterior ¿cómo le caería al estado de derecho mexicano una herramienta así? Sustentada en las opiniones, decisiones y entrevistas de sus más destacados juristas. Sería una gran contribución a la Justicia Abierta, a la objetividad, neutralidad, eficiencia, pero, sobre todo, transparencia del deber ser al alcance de todos para erradicar justicieros dichos populares que nada aportan como “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” o que alegremente y sin importar consecuencias a la legitimidad del régimen jurídico mexicano, se tache algo como legal o ilegal con base en el estado de ánimo, más que en el estado de derecho. México cuenta con todo para diseñar e implementar este tipo de soluciones sustentadas en IA para responder legítimas preguntas y evitar ilegítimas respuestas.
Ricardo Corona*ricardo.corona@koalsulting.com
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.
