El próximo 18 de junio se cumplen siete años de la entrada en vigor del entonces Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), cuya implementación comenzó en 2008. Un cambio de paradigma en el que un sistema adversarial quedaría atrás para dar paso a otro sistema preponderantemente oral que contribuyera a mejorar uno de los grandes lastres del México moderno: la justicia penal. Un proyecto que requirió de muchos millones para equipos, capacitaciones, materiales e instalaciones que estuvieron en el ojo de la rendición de cuentas.
Sin embargo, a siete años de su entrada en vigor las cosas parecen no haber cambiado mucho si se consideran dos aspectos claramente visibles. El primero se refiere a las debilidades del sistema. Y es que, si bien se habla de justicia penal, su camino comienza en la procuración, en el ministerio público, aquel en el que la gente que sufre alguna afectación a su integridad física o patrimonial va a presentar una denuncia, no al juzgado. Y ahí es donde está el eslabón más débil: una policía que no es prioridad para prevenir, que ha sido suplantada por la autoridad encargada de contener riesgos de Estado.
La participación de la policía es fundamental para un debido proceso penal, su papel de primer respondiente es donde generalmente surgen la evidencia y datos necesarios que impidan errores u omisiones ante el juez. La policía debe mejorar sus capacidades y desempeño, pero hoy sigue siendo una figura borrosa que no forma parte de las prioridades.
El segundo aspecto se refiere a la información a partir de la cual se informa si las cosas van mejor o peor. El primer reto que abre este recurso es decir la verdad y evitar la parcialidad de su contenido. Se habla, por ejemplo, de la disminución de violencia a partir del número de homicidios intencionales registrados respecto de otro periodo. Y suponiendo sin conceder que eso es cierto, no se habla de la calidad del debido proceso en esos homicidios, desde que la policía tiene conocimiento hasta que el juez dicta sentencia ¿eso realmente describe el universo de violencia?
Pero más allá ¿qué pasa con los otros millones de delitos que se cometen cada año? ¿Qué pasa con una cifra negra de millones de delitos que no llegan al ministerio público, ni al juez? Se sigue explotando la percepción de una ciudadanía en la que nueve de cada diez prefieren no denunciar un delito. La información de calidad también debe ser prioridad.
Van siete años y parece que seguirán pasando más sin que la gente vea que se atiendan los retos que enfrenta el golpeado sistema de justicia penal mexicano; seguirán las ocurrencias sustentadas en información que parece tener la encomienda de no atender a profundidad el problema y el verdadero costo que implica tener una policía en el olvido, de patear el bote al siguiente sexenio e incrementar la deuda de una justicia penal de calidad. Será interesante ver ahora a quién se le echa la culpa.
