Buenas intenciones tecnológicas

Hace un par de lustros, cuando México se despedía de una corriente denominada Nueva Gestión Pública para dar paso a una productiva etapa de transparencia y rendición de cuentas, se evidenció, de la mano de una aguda participación ciudadana, que no basta con que “lo diga la ley”. Que hablar de estado de derecho va mucho más allá que tener leyes en papel, y que es indispensable asegurar todos los demás recursos necesarios para incidir en la vida cotidiana y el bienestar de las personas. El mensaje fue contundente, al menos para que los tomadores de decisiones pensaran dos veces en prometer buenas intenciones que terminaran en más de lo mismo.

Esta semana circuló un documento denominado Estrategia Digital Nacional (EDN) 2021-2024, en el que se describen las acciones que el Gobierno Federal emprenderá para atender las necesidades tecnológicas del país. Se prioriza garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para que haya “internet para todos” y con ello lograr bienestar, participación ciudadana “desde abajo”, así como combatir la marginación y pobreza. También contiene los principios para lograr una república del bienestar con tecnología soberana, autónoma e independiente que garantice acceso a servicios eficientes, estandarizados y seguros. A saber, la austeridad, el combate a la corrupción, la eficiencia en procesos digitales, la seguridad en la información y la soberanía tecnológica, pero sin detallarlos.

Dentro de los principales argumentos que justifican esa EDN están la necesidad de ayudar a los más pobres para lograr condiciones de igualdad; que la tecnología es una moda o pretexto para comprar y actualizar imposiciones tecnológicas arbitrarias; la pobreza; la marginación laboral, educativa y cultural.

A pesar de lo que la historia ha enseñado al país en su pasado reciente, parece estar ante una nueva lista de buenas intenciones adornadas de lugares comunes y populares. Un documento con cabos conceptuales sueltos, redundancias, ausencia de datos, evidencia, análisis normativo, un plan de trabajo estructurado con indicadores; es decir, sin lo mínimo que se esperaría de una estrategia que pretenda (o debería pretender) poner a la vanguardia tecnológica a un país que ya va tarde.

Ojalá que todo esto se trate de algún documento elaborado por alguien “de abajo” y, por ende, pronto sea remplazado por uno que describa cómo se va a transformar la infraestructura digital nacional, el cual atienda las necesidades de un contexto tecnológico en el que países como Corea del Sur, Singapur, Brasil o Chile (Bloomberg, 2021) mandan un mensaje contundente y familiar a México: no basta un documento con buenas intenciones como “internet para todos”. Si de verdad se quiere un cambio que incida en mejorar la vida cotidiana y el bienestar de la gente a partir de la tecnología, hay que ir mucho más allá.