En un afán ciego por el poder político, los senadores del PAN solicitaron la desaparición de los poderes de Veracruz y los de MORENA respondieron pidiendo lo mismo para Guanajuato y Tamaulipas.
Ambos argumentan que el motivo es la manifiesta incapacidad de esos gobiernos para contener la delincuencia y preservar la seguridad en sus Estados.
La presidenta del Senado admitió las solicitudes y las turnó a la Comisión de Gobernación, iniciando así el procedimiento. Esto, en mi opinión, es improcedente.
La Constitución en el artículo 76, fracción V, establece que es facultad del Senado declarar la desaparición de todos los poderes de una entidad federativa. Que una vez declarada el Presidente propondrá una terna para que el Senado designe al gobernador, quien convocará a elecciones.
Pero el procedimiento no debe ser un acto arbitrario, por el contrario debe de sujetarse a la Ley Reglamentaria del Artículo 76, Fracción V; cuyo artículo 2º en lo conducente dice:
“La desaparición de los poderes de un Estado únicamente procederá cuando los titulares de los poderes constitucionales: I. Quebranten el régimen federal. II.
Abandonen sus funciones. III. Estén imposibilitados físicamente o con motivo de conflictos propiciados por ellos mismos que impidan la vigencia del orden jurídico. IV. Prorroguen su permanencia después de su período constitucional. V. Promuevan una forma de gobierno distinta de la fijada en la Constitución.”
Evidentemente no existe un motivo legal para la desaparición de los poderes.
Pero si la incompetencia para controlar la delincuencia fuera causa suficiente para ese procedimiento se tendrían que tomar en cuenta dos circunstancias:
I. La delincuencia organizada, narcotráfico y contrabando de armas son competencia federal. II. La seguridad es una responsabilidad compartida entre la federación y las entidades federativas.
Lo recomendable es la prudencia y no jugar con fuego.
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