En días pasados, la Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de procedencia (juicio conocido como desafuero) en términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con la firme intención de proceder penalmente en contra del actual gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca por diversos delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
El hecho causa sorpresa porque el gobernador está en funciones, pero lo que no sorprende que sea un gobernador más de Tamaulipas señalado por estos delitos, hay que recordar los casos de los priistas Tomas Yarrington y Eugenio Hernández quienes fueron detenidos y procesados por delincuentes en ejercicio del poder, todos sin excepción con vínculos con la delincuencia organizada.
Cabeza de Vaca con filiación panista, es un integrante activo de la llamada alianza federalista en la que convergen diversos gobernadores que se acuerpan para confrontar al Presidente de la República y al Gobierno Federal, lo cual incentivó la reacción inmediata de diferentes integrantes de dicha alianza para salir en su defensa ocupando para ello una descalificación a priori del Fiscal General Alejandro Gertz Manero a quien señalaron burdamente de utilizar la institución de manera facciosa y con intereses políticos en el marco del actual proceso electoral.
Lo absurdo es que la defensa a priori surge sin conocer realmente el caudal probatorio que hace acompañar la Fiscalía, en la que la aventurada defensa de algunos gobernadores y actores políticos se reduce a la descalificación de la FGR y al Presidente de la República, como analogía al hecho, es de salir a defender a ultranza a un homicida cuando lo encuentras en flagrancia con el arma y el cuerpo del delito, en estricto sentido, el estatus jurídico es prácticamente la presentación de una denuncia inicial que se hace acompañar de pruebas contundentes de hechos delictivos, hay que agotar todo un procedimiento para evaluar las pruebas y determinar si existe o no responsabilidad penal.
La alianza federalista se cimbra cuando los gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro de Chihuahua y Jalisco respectivamente se deslindan de los posicionamientos de defensa a ultranza de los demás gobernadores hacía su correligionario de Tamaulipas, asumiendo una posición de reconocimiento a la integridad y profesionalismo del Fiscal General, agregando que no lo creen capaz de prestarse a una indebida actuación de la institución investigadora de la federación para utilizarla con fines políticos o electorales.
Lo que se infiere a partir del inicio del procedimiento de desafuero en la Cámara de Diputados es que realmente existen pruebas contundentes que acreditan la participación del Gobernador Cabeza de Vaca en actos delictivos, que será juzgado en el ámbito legislativo para posteriormente ser detenido y llevado ante el Poder Judicial para rigurosamente ser sentenciado.
Esto deja varias señales principalmente a los integrantes de la alianza Federalista, por un lado que el Gobierno Federal tiene a su alcance todo un caudal de información que los pone en situación de vulnerabilidad jurídica y política, por otro lado, que hay una franca determinación de no dejar pasar más acciones indebidas, llámese actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada que era muy común o pareciera parte de una normalidad política y social que los gobiernos estuvieran sometidos o vinculados a bandas del crimen organizado.
Lo que sí es seguro, es que no solo el gobernador de Tamaulipas se encuentra en esa situación, lo que también es seguro es que hay un escrutinio de conducta política, administrativa y financiera, de políticos y gobiernos que muchos de ellos no asimilan que la realidad del país es otra, que se acostumbraron a la impunidad, a que no pasaba nada y podían robar, simular, extorsionar, secuestrar, matar, todo desde el gobierno con absoluta impunidad, lo cual les dificulta asumir que eso ya no puede continuar, se sienten vulnerables y temerosos porque en sus historiales hay actos que no pueden fácilmente ocultar y sienten que su patrimonio y libertad están en riesgo.
