En los días recientes la prensa escrita y electrónica se ha llenado de noticias fuertes, las cuales suscitan la impresión de un México en problemas, uno tras otro. Cientos (¿miles?) de personas afectadas por las lluvias torrenciales habidas en este largo fin de temporada, por socavones en calles y carreteras, transportes de carga chocados, asaltados, incendiados y hasta explosiones de la carga combustible. Y desde luego, el número acostumbrado de asaltos y muertes de personas con el correspondiente escaso número de detenidos y sentenciados por varios de esos desmanes y violencias.
En los últimos días el lamentable y alevoso asesinato del presidente municipal de Uruapan, cuya acción contra el crimen organizado, se tenía como ejemplo de la capacidad del gobierno municipal para enfrentar a quienes han hecho de su objetivo el medro y el asalto. No poco ha contribuido la reacción, sin acierto, de los gobiernos federal y estatal. El combate a estás actividades criminales, de gran envergadura y rendimiento en dinero, es una calamidad de no poco calibre para cualquier gobierno.
Se atrapan y se juzgan a grandes líderes de las bandas criminales y si bien se afecta por un tiempo la acción ilegal, en pocos meses las organizaciones se recomponen y continúan sus actividades ilegales. Además, no todo son “balazos” pues la organización de negocios y de productos casi de uso común se afina constantemente y hace difícil no sólo la identificación del negocio ilegal y criminal, sino también la detención de responsables, la demostración de la ilegalidad ante el aparato judicial y también evitar la continuidad del negocio ilegal, retomado por quienes estaban en “segunda fila” y ahora de pronto se encuentran en primera.
Si intentamos una comparación con aquella situación vivida en los años posteriores a 1968, en especial las acciones del gobierno del presidente Luis Echeverria, podemos caer en cuenta de la dificultad real de enfrentar a una organización diseñada para actuar en contra de la acción económica y política de aquellos años, con los recursos ordinarios de un gobierno, que si bien tiene por ley el monopolio de la fuerza y la violencia legalizada, no puede, al menos en un buen tiempo de años, detener y desmembrar la organización guerrera. Esta tenía el objetivo de instalar otro gobierno con otra orientación sociopolítica, para lo cual el régimen de entonces no tenía alternativa legal, por lo cual los condujo a los “balazos” tan odiados por el régimen actual.
No existe una sola racionalidad para explicar la presencia organizada de personas cuyo negocio está prohibido por la ley, y por tanto, al organizarlo y aplicarlo se vuelve fuente de violencia. Y así, las personas involucradas se apropian del modo violento de vivir, pensar, actuar y ganarse la vida. Y de ahí a la organización criminal y violenta sólo hay un paso. Y así, tenemos organizaciones violentas que retan a gobiernos y sociedades convencidos de evitar la violencia, fundamentalmente por inhumana, destructiva de todo lo humano.
De tal modo estamos en medio de una doble impostura: “Soy violento. Es un modo de vida de grandes satisfacciones.” Por eso estoy enfrentado contra quien afirma: “Soy pacífico, creo en la paz como modo de vida; trabajo y con sus productos vivo con la satisfacción de las necesidades y los frutos para crecer y desarrollarme.” Valga la simplificación para intuir la hondura del enfrentamiento violento – pacífico.
Ahora, además de este gran reto por la paz y la no violencia, el país, gobierno y sociedad, están con otros retos enfrente. La educación y la salud son los más fuertes, complejos y según sabemos “cosas de nunca acabar”. La clave de estos retos está en el comportamiento y las decisiones de los ciudadanos y las ciudadanas. El gobierno puede ofrecer, y las personas decidir aprovechar o no el ofrecimiento.
Puede haber escuela para todos, si las personas deciden no aprovecharlas sea por ausentismo o por falta de compromiso, no habrá personas educadas y saludables. Otra cosa es: hasta hoy los gobiernos controlan la acción educadora y sus recursos, y con todo no educan, pues eso sólo cada persona lo decide. Igual con la salud. El gobierno construye hospitales, centros de salud, impulsa la profesión de médicos/as y enfermeros/as, y no puede obligar a las personas a buscar ese apoyo cuando sientan necesidad. El reto para el país y el gobierno es ofrecer, del mejor modo posible, los servicios educativos y de salud, pues personas educadas y saludables son y serán fundamento de un mejor país en todos sus rubros.
Estos retos son de largo plazo. Disminuir y limitar la violencia, ofrecer suficientes y eficientes servicios de educación y salud para la población mexicana es piedra de toque de cualquier mejoría y de todo avance que se quiera lograr, para conseguir un México acorde con sus esencias y destinos históricos. ¿Sera posible? Tenemos la palabra para decidir.
