La jornada electoral para renovar al Poder Judicial Federal está prácticamente a un mes de distancia. A pesar de la enorme dificultad técnica para realizar un ejercicio medianamente aceptable, el Instituto Nacional Electoral continúa con su cronograma de actividades adaptando lo que hasta ahora conocíamos en los procesos de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En Guanajuato, como en el resto del país, se continúa con la entrega de nombramientos y capacitación de los ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de mesas directivas de casilla.
Ya las juntas locales ejecutivas y las distritales empiezan a resguardar el material electoral, y se prepara todo para que, a las 8:00 de la mañana del primer domingo de junio los centros receptores de votación se encuentren disponibles par recibir a todo aquel que acuda a emitir su voto.
La embestida al Poder Judicial está por concretarse y no hubo recurso legal que valiera para frenar tan grande despropósito. Después de décadas de pretendida normalidad democrática, vinimos a caer en la cuenta que, en realidad, nunca hubo una ciudadanía madura, informada, activa, y participativa.
La falsa narrativa que desde el Ejecutivo se esparció como coartada para avasallar al único de los Poderes de la Unión que no controlaba no pudo ser parada por razonamiento alguno. De nada sirvieron los argumentos en el sentido de que la legitimidad del Judicial no viene por una representación supuestamente emanada de las urnas, sino por su autonomía y capacidad técnica.
Se dijo que la justicia era ineficaz y corrupta –lo que es aún discutible en qué medida y proporción podría haberlo sido– y que por ello se requería que “el pueblo” eligiera a sus jueces, como si con ello el riesgo de sesgos en la impartición de justicia quedara conjurado.
No hubo ya argumento eficaz, porque no se trataba de encontrar la mejor manera de fortalecer la impartición de justicia. Y es que en el campo de los dogmas de fe, de nada sirven las razones por muy buenas que sean.
Y aunque desde ya, hay voces que vaticinan acarreos y toda clase de prácticas que a estas alturas deberían estar desterradas, ni falta que hacen. Cualquiera que sea el resultado, la demolición del Poder Judicial está en marcha. El daño ya está hecho.
