La existencia de redes de ductos que transportan combustibles a lo largo y ancho del país es normal en un país industrializado. Las conexiones subterráneas son necesarias, pues sería impensable trasladar todo el energético que requiere el país por vía terrestre o incluso transporte ferroviario. Un documento obtenido vía transparencia por el reportero de MILENIO, David Meléndez, del que se hace referencia en esta edición presenta una radiografía momentánea de cómo se comporta el delito de robo de gas LP directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) así como de su magnitud.
Tan solo en 2025, las autoridades inhabilitaron, en promedio, una toma clandestina cada semana y media. Un delito que, se puede corroborar, ha venido a la alza.
A diferencia del robo de diesel y gasolina, cuyos primeros casos datan del año 2000, el robo del gas LP es reciente: un grupo delictivo que opera en el estado incursionó en esas actividades apenas hace unos cinco o seis años.
Reportes de inteligencia señalan que las autoridades han identificado que el mercado del gas robado, naturalmente, es la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, debido a su alta demanda del gas carburante y a los escasos controles de trazabilidad.
Hace unos 10 años, una fuente de la Fiscalía local me confió que el robo de hidrocarburo parecía estar auspiciado desde el interior de la refinería de Salamanca. Solo eso explicaba el hecho de que pipas que se sabía transportaban el combustible robado eran detenidas en las carreteras, y los conductores mostraban toda la documentación legal que amparaba el producto, incluso con timbrados electrónicos consistentes con la hora del transporte. La única opción era interceptarlos en flagrancia, ya fuera al pie de la misma toma, o antes de llegar a la carpeta asfáltica. En el caso del gas LP, no existe trazabilidad tan estricta como en las gasolinas, de ahí su atractivo para el crimen organizado.
