Morena insiste en que en México no hay narcoestado ni autoritarismo.
Según ellos, todo es invento de la oposición, de la prensa “vendida” y, ahora, hasta del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El problema es que, mientras el oficialismo repite su sermón de superioridad moral, los expedientes, las visas canceladas, los periodistas perseguidos y las reformas hechas a modo cuentan una historia muy distinta.
El primer foco rojo está en Sinaloa. Estados Unidos acusó formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La acusación no habla de rumores: señala protección institucional, uso de policías para cuidar cargamentos y apoyo criminal para llegar al poder. En cualquier democracia seria eso se llama narcopolítica. Aquí, claro, lo llaman “ataque a la soberanía”.
El segundo foco está en Morelos. La propia Fiscalía Generalde la República confirmó que el Cártel de Sinaloa financió campañas y colocó candidatos en al menos ocho ayuntamientos. Entre los detenidos hay alcaldes señalados por operar extorsiones, homicidios y narcomenudeo con protección institucional.
Es decir, ya no hablamos del narco presionando desde fuera, sino de gobiernos locales convertidos en sucursales de la nómina criminal.
El tercer foco apunta a Sonora y Tamaulipas. De acuerdo con revelaciones periodísticas, sus gobernadores, ambos de Morena, son investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol; incluso se les habrían revocado visas.
Aun así, en México siguen dando conferencias sobre seguridad como si fueran ejemplo de transparencia. Ironías de la transformación: investigados afuera, intocables adentro.
Pero el problema no termina en el narco. También avanza el autoritarismo. Artículo 19 ha documentado el crecimiento del acoso judicial contra periodistas, con demandas, denuncias penales y figuras legales usadas como mordaza.
En 2025, funcionarios públicos impulsaron buena parte de esos ataques. Antes se censuraba cerrando periódicos; ahora se hace con demandas, fiscalías y lenguaje “moderno” sobre delitos digitales.
A eso se suma la cláusula de “injerencia extranjera”, presentada como defensa de la soberanía, pero diseñada con suficiente ambigüedad para perseguir organizaciones civiles, observadores internacionales o medios críticos.
En lugar de blindar las elecciones frente al crimen organizado, el oficialismo parece más interesado en blindarlas frente al escrutinio.
Y, por si faltaba algo, está el Congreso convertido en oficialía de partes.
Las últimas reformas constitucionales no nacieron de un debate plural, sino de instrucciones políticas votadas por una mayoría que no mueve una coma.
Cuando el Legislativo deja de representar ciudadanos y solo representa al Ejecutivo, la democracia empieza a parecer decoración institucional.
¿Qué significa todo esto para la gente? Significa municipios donde el crimen decide candidaturas. Significa periodistas que enfrentan balas, jueces y leyes a modo.
Significa ciudadanos con menos seguridad, menos libertades y menos contrapesos.
Significa un país donde el poder se siente dueño no solo del gobierno, sino también del silencio.
Morena puede seguir negándolo. Puede decir que no hay narcoestado, que no hay autoritarismo y que todo es una conspiración planetaria contra la 4T.
Pero los hechos son tercos.
La pregunta ya no es cómo se define el oficialismo, sino cuánto tiempo tardará la ciudadanía en entender que esta mezcla de narcopolítica y concentración de poder pone en riesgo algo mucho más importante que un partido: la posibilidad de vivir en un país donde la ley pese más que el miedo.
