En Palacio han intentado convencernos de que el crimen organizado es un fenómeno casi rudimentario: grupos de hombres armados, escondidos en la sierra, dedicados únicamente al trasiego de drogas.
Una imagen cómoda, simplona y muy útil para no reconocer la verdadera dimensión del problema. Pero los criminales evolucionarony prosperaron gracias a los abrazos con los que AMLO selló con ellos su alianza.
Hoy operan como empresas transnacionales, controlan territorios, administran cadenas productivas, lavan dinero, falsifican operaciones y hasta cuentan con áreas técnicas y financieras.
La diferencia es que sus “vacantes” no se publican en bolsas de trabajo: se cubren mediante amenazas, secuestros y reclutamiento forzado.
Ingenieros químicos, especialistas mineros, técnicos, contadores y expertos financieros se han convertido en nuevos objetivos del crimen organizado.
Ya no basta con reclutar jóvenes para vigilar caminos, transportar mercancías o servir como sicarios.
Ahora los cárteles necesitan conocimiento especializado: profesionistas capaces de optimizar procesos químicos, manejar maquinaria, organizar operaciones extractivas, crear empresas fachada, emitir facturas y diseñar estructuras financieras que permitan lavar ganancias ilegales.
Es decir, mientras el gobierno aliado del narco presume universidades, becas y formación profesional, el crimen organizado —organizado con el oficialismo, como es evidente— se dedica a “aprovechar” ese talento nacional con métodos ligeramente distintos a los de Recursos Humanos: primero secuestra, luego amenaza y finalmente esclaviza.
Así funciona el mercado laboral de la delincuencia en el México de los abrazos.
El caso de los ingenieros químicos es especialmente alarmante. Su conocimiento resulta indispensable para administrar procesos de transformación y producción a gran escala.
Los especialistas en minería, por su parte, poseen habilidades sobre extracción, maquinaria y logística que los grupos criminales requieren para explotar recursos en territorios bajo su control.
Y los contadores se han vuelto piezas fundamentales para simular operaciones legales, construir redes de empresas fantasma y disfrazar el origen del dinero.
Detrás de cada una de esas operaciones hay una realidad brutal: profesionistas arrancados de sus hogares, obligados a trabajar para organizaciones criminales y convertidos en recursos desechables.
Si colaboran, quedan atrapados como testigos de actividades ilegales; si se resisten, ponen en riesgo inmediato su vida. No es empleo.
No es complicidad voluntaria. Es esclavitud moderna bajo el consentimiento de “los abrazadores”.
Lo más grave es que ni siquiera conocemos la verdadera magnitud del fenómeno.
Muchas familias prefieren guardar silencio por miedo a represalias o por la esperanza de que sus seres queridos continúen con vida. Sin denuncias, los casos se pierden dentro de la enorme crisis nacional de desapariciones.
Y al gobierno le viene de maravilla: lo que no se denuncia, no se cuenta; y lo que no se cuenta, aparentemente no existe.
Pero sí existe. Y demuestra que el crimen organizado no solo disputa rutas de droga, sino que está capturando conocimiento, capacidades profesionales y sectores enteros de la economía.
Ya no hablamos únicamente de territorios abandonados por el Estado, sino de talento mexicano absorbido por organizaciones que actúan con una libertad que cualquier empresa legal envidiaría.
¿Dónde están las estrategias especiales para proteger a estos profesionistas?
¿Dónde están los protocolos de búsqueda, la coordinación con colegios profesionales, las fiscalías y las universidades? Por el gobierno ni hace falta preguntar en dónde está: repartiendo abrazos.
